Sobrevivientes a dictaduras en Bolivia no encuentran reparación en 40 años de democracia
Sobrevivientes a dictaduras en Bolivia no encuentran reparación en 40 años de democracia
Sputnik Mundo
SANTA CRUZ (Sputnik) — Victoria López tenía 19 años en 1971, cuando salió a marchar por las calles frías de La Paz, sede del Gobierno de Bolivia, para exigir... 17.06.2022, Sputnik Mundo
Hoy, a 40 años del restablecimiento de la democracia, es la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes de las Dictaduras Militares, tiene 70 años y sigue con su incansable lucha por su derecho a una reparación integral junto a otras 500 personas que también sufrieron torturas y persecución política bajo regímenes de facto en Bolivia.Ante falta de atención efectiva de las autoridades, desde 2013 acampan en la puerta del Ministerio de Justicia en el centro paceño para protestar y visibilizar el drama que viven en plena era democrática."Vamos a continuar luchando en las carpas… Aunque nos empujan a la muerte", protestó, en diálogo con la Agencia Sputnik, con la esperanza de lograr alguna reacción en las autoridades bolivianas.En la última década, 48 sobrevivientes a las dictaduras fallecieron en diferentes situaciones sin siquiera recibir un reconocimiento público del Gobierno boliviano por luchar por la democracia. Menos un resarcimiento económico.López luchó desde la dirigencia estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por el restablecimiento de la democracia, cuando el general Hugo Banzer Suárez (1971-1978) gobernó con mano dura el país."La UMSA fue bastión de la lucha por la democracia. Banzer amenazó con bombardear la universidad si los estudiantes no salían del edificio donde se atrincheraron. Banzer los sacó con manos en la nuca en columna india", relató con dolor.Ella sufrió en carne propia las dictaduras militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982. "A los pocos días del golpe de Banzer fui detenida con mi hermana menor y mi madre. Nos detuvieron y llevaron a dos casas de seguridad", recordó.Banzer acabó con la generación de jóvenes líderes de la época, se ensañó con los universitarios y trabajadores, de acuerdo con su testimonio. Años más tarde, tras el golpe militar de Luis García Mesa (1980-1981), también fue detenida por ser parte de la dirigencia de los trabajadores, pero sobrevivió para contar su historia.Historia de la reparaciónEn 2004, durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) se promulgó la ley 2640, que contemplaba indemnizaciones a las víctimas, pero no se concretaron los pagos por falta de recursos. Posteriormente, en la gestión de Evo Morales (2006-2019) se promulgó otra ley que permitió un desembolso de al menos 20 por ciento de esas reparaciones.La actual Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la reparación integral de las víctimas, pero el registro oficial contempla solo a 1.714 personas.En criterio de López hubo "tráfico de influencias y hasta corrupción" en los trámites para reconocer a las víctimas en el registro oficial.Aproximadamente 6.000 sobrevivientes y víctimas fueron identificados en primera instancia, pero luego se redactó una lista en base a pruebas documentales por lo que quedaron reducidos a 1.714.Para acceder a la reparación económica, cada sobreviviente tuvo que demostrar con documentos —como declaraciones testificales— con fechas específicas las torturas que sufrió. No obstante, muchos no cuentan con certificados médicos o de torturas justamente por el régimen autoritario en el que vivieron.La mujer considera que la carga de la prueba es una pesadilla que no debe pesar sobre las víctimas, sino sobre el Estado.También cuestionó la calificación realizada por las comisiones de autoridades, porque muchos que están en la lista fueron incluidos por "favoritismo político".Exigió que el Gobierno no haga diferencia entre víctimas de primera y segunda. "Demandamos que en esa ley se incluya un artículo para revisar el caso de otras víctimas y los casos de otros que no lograron presentar la documentación", dijo.Para Amnistía Internacional, que en 2013 envió a Bolivia a la investigadora María José Eva Parada para indagar sobre el avance en la reparación integral, concluyó en un informe que las víctimas continúan esperando verdad, justicia y reparación.La organización humanitaria constató, según el documento, que, para muchas víctimas, solicitar el resarcimiento conforme a la ley iba más allá de una compensación económica. Al haber sido descalificados, muchos sienten que el Estado les desconoce los sufrimientos que padecieron y las violaciones de derechos humanos que enfrentaron durante los regímenes militares.Hoy, 18 años después de la promulgación de la primera ley para una reparación integral, la situación no cambió mucho. Las víctimas continúan esperando una compensación económica, pero la espera es a contrarreloj, porque no saben si cuando llegue ese momento seguirán con vida.
SANTA CRUZ (Sputnik) — Victoria López tenía 19 años en 1971, cuando salió a marchar por las calles frías de La Paz, sede del Gobierno de Bolivia, para exigir el retorno de la democracia tras el golpe de Estado liderado por el general Hugo Banzer Suárez.
Hoy, a 40 años del restablecimiento de la democracia, es la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes de las Dictaduras Militares, tiene 70 años y sigue con su incansable lucha por su derecho a una reparación integral junto a otras 500 personas que también sufrieron torturas y persecución política bajo regímenes de facto en Bolivia.
Ante falta de atención efectiva de las autoridades, desde 2013 acampan en la puerta del Ministerio de Justicia en el centro paceño para protestar y visibilizar el drama que viven en plena era democrática.
"Vamos a continuar luchando en las carpas… Aunque nos empujan a la muerte", protestó, en diálogo con la Agencia Sputnik, con la esperanza de lograr alguna reacción en las autoridades bolivianas.
En la última década, 48 sobrevivientes a las dictaduras fallecieron en diferentes situaciones sin siquiera recibir un reconocimiento público del Gobierno boliviano por luchar por la democracia. Menos un resarcimiento económico.
López luchó desde la dirigencia estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por el restablecimiento de la democracia, cuando el general Hugo Banzer Suárez (1971-1978) gobernó con mano dura el país.
"La UMSA fue bastión de la lucha por la democracia. Banzer amenazó con bombardear la universidad si los estudiantes no salían del edificio donde se atrincheraron. Banzer los sacó con manos en la nuca en columna india", relató con dolor.
Ella sufrió en carne propia las dictaduras militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982. "A los pocos días del golpe de Banzer fui detenida con mi hermana menor y mi madre. Nos detuvieron y llevaron a dos casas de seguridad", recordó.
Banzer acabó con la generación de jóvenes líderes de la época, se ensañó con los universitarios y trabajadores, de acuerdo con su testimonio. Años más tarde, tras el golpe militar de Luis García Mesa (1980-1981), también fue detenida por ser parte de la dirigencia de los trabajadores, pero sobrevivió para contar su historia.
Historia de la reparación
En 2004, durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) se promulgó la ley 2640, que contemplaba indemnizaciones a las víctimas, pero no se concretaron los pagos por falta de recursos. Posteriormente, en la gestión de Evo Morales (2006-2019) se promulgó otra ley que permitió un desembolso de al menos 20 por ciento de esas reparaciones.
La actual Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la reparación integral de las víctimas, pero el registro oficial contempla solo a 1.714 personas.
"Estamos reclamando nuestro derecho consignado en la CPE [Constitución Política del Estado]; tenemos derecho a una reparación integral", exclamó.
En criterio de López hubo "tráfico de influencias y hasta corrupción" en los trámites para reconocer a las víctimas en el registro oficial.
Aproximadamente 6.000 sobrevivientes y víctimas fueron identificados en primera instancia, pero luego se redactó una lista en base a pruebas documentales por lo que quedaron reducidos a 1.714.
Para acceder a la reparación económica, cada sobreviviente tuvo que demostrar con documentos —como declaraciones testificales— con fechas específicas las torturas que sufrió. No obstante, muchos no cuentan con certificados médicos o de torturas justamente por el régimen autoritario en el que vivieron.
La mujer considera que la carga de la prueba es una pesadilla que no debe pesar sobre las víctimas, sino sobre el Estado.
También cuestionó la calificación realizada por las comisiones de autoridades, porque muchos que están en la lista fueron incluidos por "favoritismo político".
"El Gobierno está tratando de hacer ver que el resarcimiento es para todas las víctimas. Por mala evaluación quedamos fuera más de 5.000. En las carpas de la Prado protestamos. Hemos sido marginados", lamentó.
Exigió que el Gobierno no haga diferencia entre víctimas de primera y segunda. "Demandamos que en esa ley se incluya un artículo para revisar el caso de otras víctimas y los casos de otros que no lograron presentar la documentación", dijo.
Para Amnistía Internacional, que en 2013 envió a Bolivia a la investigadora María José Eva Parada para indagar sobre el avance en la reparación integral, concluyó en un informe que las víctimas continúan esperando verdad, justicia y reparación.
La organización humanitaria constató, según el documento, que, para muchas víctimas, solicitar el resarcimiento conforme a la ley iba más allá de una compensación económica. Al haber sido descalificados, muchos sienten que el Estado les desconoce los sufrimientos que padecieron y las violaciones de derechos humanos que enfrentaron durante los regímenes militares.
Hoy, 18 años después de la promulgación de la primera ley para una reparación integral, la situación no cambió mucho. Las víctimas continúan esperando una compensación económica, pero la espera es a contrarreloj, porque no saben si cuando llegue ese momento seguirán con vida.
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