El Gobierno de Haití aplaza puesta en vigor de Código Penal
El Gobierno de Haití aplaza puesta en vigor de Código Penal
Sputnik Mundo
PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Gobierno de Haití postergó por dos años la puesta en vigor del código penal, previsto a implementarse el 24 de junio y que fue... 23.06.2022, Sputnik Mundo
Varias organizaciones sociopolíticas, colegios de abogados, legisladores, jueces y otros gremios habían pedido el aplazamiento de la ley que fue adoptada en 2020 por el asesinado presidente Jovenel Moise (2017-2021) para sustituir al vigente que data de 1835, tres décadas después de la independencia del país caribeño.Sin embargo, emitió la ordenanza en medio de las críticas a su gestión, con masivas movilizaciones y una sospecha de corrupción.El código penal debía discutirse en el curso de los dos años siguientes por el Parlamento que hasta la fecha se encuentra disfuncional con solo un tercio de los senadores y sin diputados por falta de elecciones legislativas.El propio Senado se pronunció contra su aplicación hasta alcanzar las condiciones idóneas que permitan a la población "absorber" el documento, mientras que los jueces pidieron aplazar o desestimar la ley para permitir a expertos analizar sus consecuencias penales.
PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Gobierno de Haití postergó por dos años la puesta en vigor del código penal, previsto a implementarse el 24 de junio y que fue blanco de numerosas críticas, reveló Radio Métronome.
"La aplicación del código penal ha sido postergada por 2 años. Esta decisión fue tomada por el Consejo de Ministros el miércoles. El Gobierno quiere dar tiempo a la comisión que trabaja en este expediente", de acuerdo con la emisora radial.
Varias organizaciones sociopolíticas, colegios de abogados, legisladores, jueces y otros gremios habían pedido el aplazamiento de la ley que fue adoptada en 2020 por el asesinado presidente Jovenel Moise (2017-2021) para sustituir al vigente que data de 1835, tres décadas después de la independencia del país caribeño.
Sin embargo, emitió la ordenanza en medio de las críticas a su gestión, con masivas movilizaciones y una sospecha de corrupción.
El código penal debía discutirse en el curso de los dos años siguientes por el Parlamento que hasta la fecha se encuentra disfuncional con solo un tercio de los senadores y sin diputados por falta de elecciones legislativas.
El propio Senado se pronunció contra su aplicación hasta alcanzar las condiciones idóneas que permitan a la población "absorber" el documento, mientras que los jueces pidieron aplazar o desestimar la ley para permitir a expertos analizar sus consecuencias penales.
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