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A 49 años del último golpe de Estado en Uruguay: la ira de la clase dominante

© AP Photo / Matilde CampodonicoMarcha por personas desaparecidas en la dictadura uruguaya (1973-1985) (archivo)
Marcha por personas desaparecidas en la dictadura uruguaya (1973-1985) (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2022
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El último golpe de Estado en Uruguay, del que se cumplen 49 años y que dio inicio a la dictadura cívico-militar (1973-1985) que persiguió, encarceló y torturó a opositores, fue en el fondo una acción de la clase dominante para imponer su modelo económico en perjuicio de los trabajadores, dijeron analistas y políticos.
El "autogolpe" dado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que con el apoyo de las Fuerzas Armadas disolvió el Parlamento el 27 de junio de 1973, se planteó como una intervención para acabar de una vez por todas con la lucha armada marxista, pero en realidad fue parte de un esfuerzo de los sectores conservadores y más acomodados para perpetuar su situación privilegiada, señalaron a la Agencia Sputnik.
Ya en 1972, la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) había sido derrotada y sus principales líderes encarcelados.
Por tanto, las razones de fondo fueron de otra índole, en particular económicas: Uruguay tenía una gran masa organizada de trabajadores que se opondrían a una caída drástica de sus salarios y a un "reajuste neoliberal", dijeron a la Agencia Sputnik el senador Daniel Olesker, del opositor Frente Amplio (izquierda), la historiadora Magdalena Broquetas y Waldir Tabarez, integrante de la asociación de expresos políticos Crysol.
"El golpe es un proceso de imposición de la clase dominante, apoyada en el poder militar, para darle otro modelo al país, que se basa en la reducción salarial", afirmó Olesker.
En la misma sintonía, Broquetas reveló que "el que diga que el golpe fue contra los tupamaros, no conoce la historia de Uruguay". "Es un error histórico. El MLN como organización hacia mediados de 1972 estaba absolutamente desmantelado. Además lo publican las Fuerzas Armadas, que reconocen haberlos derrotarlos", agregó.
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Por su parte, Tabarez sostuvo que el golpe de Estado "no nace de la mala fe de cuatro milicos [militares]", sino que contó con el apoyo y respaldo de todo un sector privilegiado de la sociedad.
"El que lo ve así es porque entiende muy poco. Fueron las clases dominantes, junto con EEUU, los que impulsaron el golpe de Estado para reimpulsar las cuentas. Esa es la verdad histórica, después se nos quiere contar la 'teoría de los dos demonios' (…) La primera medida de la dictadura va en contra de la central de trabajadores", señaló.
Se conoce como teoría de los dos demonios a la interpretación histórico-política del pasado reciente uruguayo según la cual las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado de la dictadura son de algún modo equiparables con los actos de violencia de la guerrilla.
En la madrugada del 27 de junio de 1973, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) inició una huelga general que se sostuvo por más de dos semanas ante el golpe de Estado.
El 30 de junio fue ilegalizada la CNT y requeridos sus principales dirigentes, que pasaron a la clandestinidad o fueron detenidos; posteriormente, el 4 de julio, el Ejecutivo, mediante el decreto 518/73, habilitó el despido sin indemnización "por notoria mala conducta".
La dictadura se extendió hasta 1985, dejó casi 200 desaparecidos y forzó al exilio a 380.000 uruguayos.

Los beneficios

Olesker consideró que el "gran resultado de la dictadura" fue la "caída de salario real", que implicó la "transferencia de recursos del trabajo al gran capital del orden de los 5.000 millones de dólares".
Consideró que era imposible hacer una "caída abrupta de los salarios" en democracia porque los sindicatos eran "fuertes" en aquel momento.
"La dictadura era la condición necesaria para que este modelo concentrador y excluyente, favorable a las clases dominantes, pudiera ser impuesto en Uruguay", reflexionó.
Desde 1968, los Consejos de Salarios (instancia de negociación entre trabajadores, empleadores y el Ejecutivo) ya habían sido suspendidos, pero junto con la desarticulación de sindicatos, la dictadura pudo "manejar los niveles salariales", los cuales "cayeron fuertemente a lo largo de todo el período", según el estudio realizado por el historiador y politólogo Jaime Yaffé, llamado "Economía y dictadura en Uruguay, una visión panorámica de su evolución y de sus relaciones con la economía internacional".
"El nivel de los salarios cayó de forma ininterrumpida (…) En el año final de la dictadura, el salario real se redujo a casi la mitad con respecto a 1973", se afirma en el estudio.
Por su parte, Broquetas, profesora de la Universidad de la República, sostuvo que "la cuestión económica es compleja pero insoslayable en su incidencia" en el golpe.
"Uruguay viene de una crisis económica que se transformó en estructural desde los años 60, hubo un cambio de coyuntura, políticas liberales con una clase trabajadora muy importante y muy potente. Entonces, lo que se ve es una puja constante por imponer desde los gobiernos programas liberales, por eso se pide ayuda al FMI [Fondo Monetario Internacional], el cual va a decir que va a dar préstamos a cambio de una de corrección económica, pero con una movilización tan potente por momento se lograba y por momentos no", explicó.
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Recordó que, ya antes del golpe, una parte de la clase política le empezó a exigir a las Fuerzas Armadas que se replegaran de la vida pública, pues hacia julio de 1972, en su "lucha contra la subversión" amparada en "medidas prontas de seguridad", controlaban incluso los procesos a detenidos, en una cuasi "anulación del Poder Judicial".
"Las Fuerzas Armadas tienen un grado de participación desmedida para sus acciones constitucionales. Los detenidos no tienen el debido proceso ni son llevados a un juez. Además, las Fuerzas Armadas han tomado la bandera de la lucha contra la corrupción. Cuando le dicen que se replieguen, dijeron que no y buena parte de la derecha política también ayudó a los Fuerzas Armadas por los paros que había en el país", indicó.
Todo eso motivó a que se impulsaran leyes que recortaron derechos y libertades, agregó.

El mismo problema

Tabarez opinó que las mismas clases que orquestaron el golpe hace 49 años siguen teniendo el mismo deseo de recortar los salarios y jubilaciones, por lo que se vive la "misma tensión, el mismo problema".
"Los tiempos cambian, naturalmente, pero lo que es cierto es que hay de parte de las clases dominantes un interés permanente en reducir la cantidad de ganancia que se llevan los trabajadores", agregó.
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Como ejemplo, Tabarez señaló que en plena pandemia del COVID-19, hubo un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) pero la carga salarial disminuyó 1%.

Feriado

Por su parte, Broquetas consideró que es "muy llamativo" que a casi medio siglo de una fecha "tan importante" para la historia de Uruguay no sea un día feriado.
"Es una mala señal. Esta fecha tendría que ser evocada y recordada por encima de las posiciones partidarias. Tendría que ser una política del Estado. Si fuera feriado, se prestaría para que se divulgara la investigación histórica, ver en qué están los procesos judiciales, porque vaya que es un pasado que no parece pasar. Estamos a más de una década de torturas, asesinatos, lo que se ha avanzado es poco en función de la verdad", agregó.
En Uruguay existen 370 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.
Sin embargo, solo 3% de las denuncias (11 causas) terminaron en una sentencia, según el Observatorio Luz Ibarburu.
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