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La Defensoría de Perú rechaza exención de culpa para el expresidente por muertes en marchas

Policía de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2022
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LIMA (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Perú rechazó que la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ratificara su decisión de eximir de responsabilidad en la muerte de dos personas en las manifestaciones ciudadanas ocurridas en 2020 al entonces presidente Manuel Merino.
"Recordamos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que debe evitar impunidad frente a violaciones de derechos humanos. Corresponde se permita investigar de forma exhaustiva posible responsabilidad penal del expresidente Merino y exministros en hechos de noviembre de 2020", indicó el organismo a través de su cuenta en Twitter.
El 17 de junio, la subcomisión votó a favor de archivar la denuncia constitucional contra Merino, su primer ministro, Antero Florez-Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez.
Ante el reclamo de sectores políticos y ciudadanos, la subcomisión volvió a votar sobre el asunto este 27 de junio y confirmó de manera definitiva que ni el exmandatario ni sus ministros serán acusados por las muertes durante las manifestaciones.
Merino fue presidente por seis días en noviembre de 2020, luego de asumir la máxima jefatura del país por sucesión y tras la destitución por parte del Congreso de Martín Vizcarra (2018-2020).
Palacio Legislativo de Lima - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2022
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El Congreso de Perú no reconsiderará la decisión de eximir al expresidente por muertes en marchas
Tras su asunción, la ciudadanía salió a las calles a protestar contra lo que se consideraba una maniobra del Congreso para tomar el Ejecutivo.
En las protestas fallecieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron alcanzados por perdigones de plomo en enfrentamientos con la policía en el Centro Histórico de Lima (centro).
Merino y los dos ministros estaban siendo investigados por infracción a la Constitución al ser presuntos responsables de dar las órdenes a la policía para reprimir las manifestaciones, lo que produjo la muerte de los jóvenes.
La Defensoría recordó al Congreso que emitió un informe indicando que durante la represión se violaron gravemente los derechos humanos.
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