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Justicia uruguaya intimó a Pfizer a informar qué tienen sus vacunas antiCOVID

© Europa Press / Paco PoyatoUn niño recibe la vacuna contra el Covid-19, en el CEIP Manel García Grau, a 13 de enero de 2022,
Un niño recibe la vacuna contra el Covid-19, en el CEIP Manel García Grau, a 13 de enero de 2022, - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2022
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El Gobierno de Uruguay y la farmacéutica estadounidense Pfizer fueron intimados por la Justicia a brindar información sobre la composición de las vacunas antiCOVID administradas en el país. El fallo requiere que Pfizer informe si las dosis incluyen "óxido de grafeno" o "elementos nanotecnológicos".
Por disposición del juez Alejandro Recarey, representantes de la Presidencia y el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y del laboratorio Pfizer deberán presentar información detallada sobre la composición bioquímica de las vacunas contra el COVID-19.
La medida fue motivada por un pedido de amparo del abogado Maximiliano Dentone, que solicitó suspender la vacunación en niños a nivel nacional. La inmunización a menores comenzó en junio de 2021 para mayores de 12 años y en enero de 2022 se extendió a niños desde los 5 años.
De acuerdo a la resolución, el Ejecutivo y la farmaceútica deberán precisar si las vacunas tienen "óxido de grafeno" o "elementos nanotecnológicos" dentro de sus compuestos.
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Además deberán especificar si la sustancia llamada ARN mensajero constituye un peligro para la salud humana.
El fallo también exige explicitar si las dosis tienen carácter experimental y si están aprobadas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los EEUU (FDA).
En la misma línea, la Justicia uruguaya solicitó que las partes expongan si contemplaron "terapias alternativas para combatir la enfermedad" o, en caso contrario, las razones que justificaron la decisión de no hacerlo.
Uruguay y Pfizer también deberán, por pedido de la Justicia, demostrar el grado de peligrosidad de las personas no vacunadas para el conjunto de la población y el nivel de contagio que poseen tanto estas como aquellas que sí están inoculadas.
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En otro de los puntos, la resolución pide que los citados demuestren la incidencia negativa o positiva de la vacunación frente al número de contagios o a la cantidad de muertes por COVID-19, especialmente desde marzo de 2021. El pedido judicial requiere que los datos de muertes sean discriminados por causalidad exclusividad (muerte por COVID-19) o por poseer el virus aunque no sea la causa central de la muerte (muerte con COVID-19).
Asimismo, la Justicia busca si en los contratos firmados entre el Gobierno uruguayo y Pfizer existen cláusulas de "indemnidad civil o impunidad penal" del laboratorio estadounidense ante posibles efectos adversos. En esa línea, Pfizer deberá aclarar si existieron secuelas en adultos o niños en el corto, mediano y largo plazo.
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