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¿Existe el riesgo de que México siga a EEUU y legisle contra el derecho al aborto?

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La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión histórica el pasado 23 de junio al anular la sentencia del caso Joe vs. Wade, la cual impedía a las legislaciones estatales prohibir el derecho al aborto.
La decisión podría afectar a más de 36 millones de mujeres en edad reproductiva que se verán imposibilitadas a interrumpir su embarazo, si así lo desean, incluso en caso de violación, de acuerdo con estimaciones de Planned Parenthood.
La decisión ha levantado las alertas de grupos feministas de toda América Latina, quienes consideran que este golpe contra los derechos reproductivos de las mujeres, ganados durante las últimas décadas, se pierdan ante la presión de grupos religiosos en toda la región, principalmente en México por su cercanía geográfica y política con Estados Unidos.
Verónica Esparza, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dice en entrevista con Sputnik que la decisión tomada en Estados Unidos "era algo esperado", pues los grupos anti-derechos han impulsado este tipo de decisiones desde hace décadas.
En contraste, en México, desde la despenalización de la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México, aprobada en abril de 2007, se percibe un avance en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres que se traduce en 9 de 32 entidades federativas con leyes que permiten abortar bajo cualquier circunstancia, y en la aplicación de la norma NOM-046 que permite este procedimiento en casos de violación, y la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en mayo de 2022.

"Creo que el avance en México ha sido a la inversa de lo que vemos ahora en Estados Unidos. Vemos el avance no sólo en lo legislativo, sino justo los precedentes de la Corte en México que han sido con esta tendencia en reconocer el aborto como un tema de salud, de derechos humanos", declaró Esparza Pérez.

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Muestra de este avance fue la resolución que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2021 al resolver la impugnación de un artículo del Código Penal de Coahuila, el cual imponía penas de hasta tres años para las mujeres que abortaran.
El Máximo Tribunal de México determinó, con 10 de 11 votos, que es inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Si bien esta decisión no despenalizó el aborto de facto en todo el territorio, si estableció un precedente que impide a cualquier juez imponer sanciones por este procedimiento.
En este sentido, Verónica Esparza considera que, aun con la entrada de ministros de corte conservador, los precedentes constitucionales ya establecidos desde el Poder Judicial protegen el acceso a servicios seguros de aborto.

"El reto de México es seguir avanzando en lo legislativo y en las resoluciones de la Suprema Corte […]. Tendremos que revisar y estar atentas a la implementación y el acceso porque esto sigue siendo un reto", reconoció la integrante de GIRE.

Por ello, consideró que la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no se trata de una victoria para los conservadores estadounidenses dado la fortaleza que tiene el movimiento feminista en toda América.
"Lo pintarán como una victoria, evidentemente. Es un revés importante pero los movimientos feministas en México, en América Latina, e incluso en Estados Unidos, son fuertes. Y daremos la batalla, no sólo en México, sino en toda la región, y estaremos ahí para arroparles, para acompañarlas, para garantizarles esto: seguir avanzando", afirmó Esparza Pérez.
En este sentido, la activista considera que también es prematuro imaginar escenarios en los que mujeres estadounidenses viajen a estados fronterizos donde se permite el aborto (como Baja California), pues "es más probable que sea dentro del territorio estadounidense", a pesar de la alerta lanzada por organizaciones como Marea Verde.
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El reto para México

A 15 de años de aprobarse la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la capital del país reporta un total de 247.410 interrupciones legales del embarazo, con cero muertes maternas derivadas de estos procedimientos, lo que impulsa a agrupaciones feministas a seguir luchando por cambios similares en todas las entidades federativas.
Sin embargo, y a pesar del avance, la presión de grupos conservadores continúa con la estigmatización del aborto, como se pudo apreciar en la Marcha a Favor de la Mujer y la Vida, convocada por el Frente Nacional por la Familia en octubre de 2021, en la Ciudad de México, y en la que se expuso a una menor de edad embarazada como "ejemplo" de superación personal para las madres, un acto condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello, organizaciones como GIRE impulsan campañas de información encaminadas a desmitificar las creencias que aún persisten en torno a este tema.

"Es destruir todas estas creencias, entender el aborto como un tema de salud, entender el aborto como un tema de libertades. Lo que hemos insistido en GIRE es que el hecho de que esté despenalizado el aborto no obliga a nadie a abortar", comentó Verónica Esparza.

La representante de GIRE insiste en que la lucha feminista en México debe continuar para que, desde la SCJN, se blinde el derecho al aborto, mientras que en los Poderes Legislativos estatales se sigan aprobando este tipo de medidas, pues si se apuesta por una legislación federal se corre el riesgo de violar los principios de federalismo que rigen a Constitución Política Mexicana.
"Lo que hemos visto es que después de que se aprobó el aborto en la Ciudad de México hubo un lapso muy importante en el que no vimos cambios, pero a partir de los últimos años hemos visto estos cambios a nivel legislativo estatal", concluye Esparza Pérez.
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