Los familiares del ataque a mutual judía AMIA en Argentina reclaman la justicia en 28 aniversario
Los familiares del ataque a mutual judía AMIA en Argentina reclaman la justicia en 28 aniversario
Sputnik Mundo
BUENOS AIRES (Sputnik) — Organizaciones como la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA) y Memoria Activa criticaron la impunidad que persiste en... 18.07.2022, Sputnik Mundo
A las 9:53 sonó la sirena que recordaba la hora exacta del atentado que conmocionó al país hace 28 años, y a continuación se leyeron los nombres de las 85 víctimas.El titular de la AMIA aseguró que se trataron de crímenes de lesa humanidad y cuestionó a los tres poderes del Estado."En materia de lucha contra el terrorismo Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires", afirmó.El grueso de las críticas del presidente de la AMIA fueron dirigidas a los jueces y a los fiscales de la Unidad Fiscal AMIA, al preguntarse a qué dedicaban sus jornadas "ocupando una de las Fiscalías más grandes del país?".Para la AMIA, "está clara la responsabilidad de funcionarios del Gobierno iraní y de Hizbulá", aseguró Linetzky.Bajo esa asunción, "los fiscales tienen la obligación de monitorear de forma permanente los movimientos de los acusados que tienen pedido de captura internacional y cuando abandonan Irán y El Líbano deberían ser arrestados", requirió el titular de la AMIA.En el acto también intervinieron una sobreviviente al atentado, Anita Weinstein, y tres familiares de fallecidos.Las asociaciones judías con mayor peso en el país, la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, atribuyen a Irán no solo este ataque a la mutual judía, sino también el atentado en Buenos Aires a la Embajada israelí de 1992, que causó 29 muertos.Memoria activaMemoria Activa, una asociación de familiares que exige investigar el atentado a la AMIA y el ataque a la embajada israelí, reclamó la remoción de los fiscales a cargo del caso durante un acto paralelo que celebraron frente a los tribunales federales de la capital argentina.Diana Wassner, secretaria general de la entidad, instó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que resuelva los recursos presentados por encubrimiento.La entidad reprochó el papel de la dirigencia de la AMIA y la DAIA, al afirmar que siguen “estando muy cerca de sus intereses personales y la perpetuación de la impunidad y muy lejos de la búsqueda de justicia”."Su papel no solo es trágico, es siniestro: que nos venga a dar lecciones sobre cómo hacer memoria, cuando participaron del encubrimiento y tuvieron conocimiento precisamente de la 'compra-venta' de testimonios, es de las perversidades discursivas más alevosas de los últimos meses", cuestionó la agrupación.Memoria Activa presentó en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por vulnerar los derechos humanos de sus seres queridos y por impedirles el acceso a la justicia.Bajo el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), el Estado argentino reconoció en 2005 su responsabilidad internacional por no haber esclarecido el ataque y se comprometió a tomar una serie de medidas de resarcimiento para con los familiares.El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó truncado desde 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.Memoria Activa espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebre una audiencia para dictar los pasos que debe seguir el Estado Argentino para hacer frente a su responsabilidad.Según adelantó durante el acto el Centro de Estudios Legales y Sociales (entidad de derechos humanos, CELS) esa audiencia tendrá lugar en octubre, cuando Argentina podría ser condenada por el encubrimiento y la falta de investigación del atentado.
BUENOS AIRES (Sputnik) — Organizaciones como la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA) y Memoria Activa criticaron la impunidad que persiste en relación al atentado de 1994 contra la sede de la organización en Buenos Aires que causó 85 víctimas mortales y más de 300 heridos, cuando se cumplen 28 años del ataque.
"Los asesinados en este lugar, hace exactamente 28 años, nos piden a gritos que no detengamos nuestro reclamo de justicia", expresó durante el acto el presidente de la AMIA, Amos Linetzky.
A las 9:53 sonó la sirena que recordaba la hora exacta del atentado que conmocionó al país hace 28 años, y a continuación se leyeron los nombres de las 85 víctimas.
El titular de la AMIA aseguró que se trataron de crímenes de lesa humanidad y cuestionó a los tres poderes del Estado.
"En materia de lucha contra el terrorismo Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires", afirmó.
El grueso de las críticas del presidente de la AMIA fueron dirigidas a los jueces y a los fiscales de la Unidad Fiscal AMIA, al preguntarse a qué dedicaban sus jornadas "ocupando una de las Fiscalías más grandes del país?".
"¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía especial, a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda, produjo al menos una novedad en la causa?", cuestionó.
Para la AMIA, "está clara la responsabilidad de funcionarios del Gobierno iraní y de Hizbulá", aseguró Linetzky.
Bajo esa asunción, "los fiscales tienen la obligación de monitorear de forma permanente los movimientos de los acusados que tienen pedido de captura internacional y cuando abandonan Irán y El Líbano deberían ser arrestados", requirió el titular de la AMIA.
En el acto también intervinieron una sobreviviente al atentado, Anita Weinstein, y tres familiares de fallecidos.
Las asociaciones judías con mayor peso en el país, la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, atribuyen a Irán no solo este ataque a la mutual judía, sino también el atentado en Buenos Aires a la Embajada israelí de 1992, que causó 29 muertos.
Memoria activa
Memoria Activa, una asociación de familiares que exige investigar el atentado a la AMIA y el ataque a la embajada israelí, reclamó la remoción de los fiscales a cargo del caso durante un acto paralelo que celebraron frente a los tribunales federales de la capital argentina.
Diana Wassner, secretaria general de la entidad, instó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que resuelva los recursos presentados por encubrimiento.
“Esperamos que la gran familia judicial deje de preocuparse por sus negocios espurios y dicte sentencia justa y ejemplar para los encubridores del mayor atentado que ha sufrido la historia argentina”, afirmó.
La entidad reprochó el papel de la dirigencia de la AMIA y la DAIA, al afirmar que siguen “estando muy cerca de sus intereses personales y la perpetuación de la impunidad y muy lejos de la búsqueda de justicia”.
"Su papel no solo es trágico, es siniestro: que nos venga a dar lecciones sobre cómo hacer memoria, cuando participaron del encubrimiento y tuvieron conocimiento precisamente de la 'compra-venta' de testimonios, es de las perversidades discursivas más alevosas de los últimos meses", cuestionó la agrupación.
Memoria Activa presentó en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por vulnerar los derechos humanos de sus seres queridos y por impedirles el acceso a la justicia.
Bajo el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), el Estado argentino reconoció en 2005 su responsabilidad internacional por no haber esclarecido el ataque y se comprometió a tomar una serie de medidas de resarcimiento para con los familiares.
El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó truncado desde 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.
Memoria Activa espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebre una audiencia para dictar los pasos que debe seguir el Estado Argentino para hacer frente a su responsabilidad.
Según adelantó durante el acto el Centro de Estudios Legales y Sociales (entidad de derechos humanos, CELS) esa audiencia tendrá lugar en octubre, cuando Argentina podría ser condenada por el encubrimiento y la falta de investigación del atentado.
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