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Castillo cercado: el presidente de Perú acumula 4 investigaciones por presunta corrupción

© AFP 2023 / Ernesto BenavidesPedro Castillo, el presidente de Perú
Pedro Castillo, el presidente de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2022
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LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, no solamente es el primer mandatario en la historia reciente del país que es investigado por la Fiscalía durante su administración, por presunta corrupción, sino que también es el primero que tiene una cantidad inédita de procesos de ese tipo: cuatro, todos durante su primer año de Gobierno.
El 21 de julio ya parecía que la situación del jefe de Estado se complicaba con la apertura de una tercera investigación a cargo de la fiscal general, Patricia Benavides, (según ley solo el fiscal general puede investigar a un jefe de Estado), pero el 22 de julio se ha sumado una cuarta.
La más reciente investigación contra el presidente es por una presunta compra ilegal de biodiesel realizada por el Gobierno en favor de una empresa privada y en la que Castillo habría participado.
El 22 de julio, Benavides abrió la tercera investigación por el intempestivo cese del ministro del Interior, Mariano González.
González fue retirado del cargo el 19 de julio y, luego de su despido, acusó públicamente al presidente de estar involucrado en actos de corrupción.
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Además alegó que su cese fue una represalia por su iniciativa de crear un equipo dentro de la Policía dedicado a ayudar a la Fiscalía a investigar y capturar a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno investigados por presunta corrupción.
La segunda investigación fue abierta a inicios de julio —mes en el que asumió funciones la fiscal Benavides— por unos ascensos indebidos de altos mandos del Ejército.
En estos ascensos, ejecutados en 2021, el presidente estaría involucrado bajo el presunto delito de tráfico de influencias.

La Constitución lo permite

La primera investigación fue abierta en mayo por el entonces fiscal general, Pablo Sánchez, y se basa en la presunción de que el jefe de Estado habría sido miembro de una mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Esta organización se habría dedicado a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.
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Con estas cuatro investigaciones fiscales por presunta corrupción, el caso de Castillo es inédito, pues en la historia reciente nunca un presidente ha sido investigado por la fiscalía durante el ejercicio de su mandato.
Esto ha sido así pues anteriormente se ha considerado para situaciones de este tipo lo que dicta el artículo 117 de la Constitución.
"El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral", dice dicho artículo.

Una quinta

Sin embargo, el ex fiscal general Pablo Sánchez argumentó en su momento que la Constitución indicaba que un presidente no podía ser acusado, pero no prohibía que sea investigado.
El Poder Judicial le dio la razón cuando la defensa de Castillo quiso invocar una presunta violación al artículo 117 para detener la investigación abierta por Sánchez, aunque la decisión de la justicia ha sido apelada y está pendiente de resolución.
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Castillo tiene cuatro investigaciones en curso por hechos presuntamente cometidos durante el ejercicio de su mandato; sin embargo tiene una quinta por un hecho sucedido cuando aún no asumía el poder (asumió el 28 de julio de 2021) y que no está relacionado a presunta corrupción.
En mayo, la Fiscalía Provincial de Tacabamba, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca (norte), abrió una investigación por presunto plagio agravado y falsedad genérica.
Esta investigación se basa en el presunto plagio que habría cometido Castillo en su tesis de maestría, realizada en 2012.
El presidente de Perú está cercado por investigaciones fiscales, algo que sus adversarios políticos desean que sirva de motivo para impulsar una destitución del cargo.
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