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"Falta de convicción": críticas al Gobierno de Boric por la extensa militarización del sur chileno

© Foto : Gentileza Ministerio del Interior de ChileFuerzas militares chilenas en Macrozona Sur
Fuerzas militares chilenas en Macrozona Sur - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2022
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Pese a que fue crítico a la militarización del Wallmapu —territorio histórico mapuche en lengua mapudungún— cuando era diputado y estaba en campaña electoral, el Gobierno de Gabriel Boric mantiene desde hace dos meses a los militares en las calles en la octava y novena región, al sur de Chile, e incluso podría extenderlo a otras regiones del país.
"Yo creo que lo que hay es una falta de convicción dentro de este Gobierno respecto a cómo asumir el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche", señaló a Sputnik Natalia Caniguan, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.
"Esta falta de convicción se expresa precisamente en este cambio de hablar de que vamos a dialogar, de cuestionar cuando en el Gobierno anterior se militarizó a la zona. No obstante, un mes después de haber asumido, al primer mes de haber truncado sus primeras acciones, decide militarizar la zona", agregó.
Cuando Gabriel Boric era diputado y candidato a la presidencial señaló en una entrevista que "la militarización de la Araucanía es un mal camino", en relación al estado de excepción constitucional decretado por Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) en el Wallmapu en octubre de 2021.
En ese sentido, Boric dijo que la medida era un "fracaso de las políticas del Estado y solo profundiza los errores que se han cometido. Por lo tanto, me parece que es un mal camino".
"Acá hay un problema político de fondo donde se necesita restablecer la confianza y tenemos que hablar de la reconstrucción del territorio de la nación mapuche, de su autonomía y de permitir a un pueblo tener su propia cosmovisión y ejercerla dentro de ese territorio", finalizaba el aspirante a La Moneda.
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El estado de excepción constitucional decretado por Sebastián Piñera terminó en marzo de 2022, luego de que el Gobierno de Boric decidiera no renovarlo, como lo había planteado durante toda su campaña electoral.
Sin embargo, el 16 de mayo, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció en punto de prensa desde La Moneda que el Gobierno decretaba el estado de emergencia en la provincia de Arauco y provincia de Bío Bío —ambas de la Región del Bío Bío— y la región de la Araucanía, zonas donde se encuentra el territorio histórico mapuche. La medida sigue en vigencia hasta la fecha.
Cabe precisar que en esas zonas existe hace años una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y las empresas forestales. El conflicto se ha recrudecido las últimas décadas, durante las cuales los atentados a las empresas forestales y los enfrentamientos entre Carabineros (policía militarizada) y comuneros mapuche se han vuelto una constante.

La falta de "posicionamiento" del Gobierno de Chile

Los cuestionamientos al Ejecutivo de Boric no tan solo van en relación a la militarización de la zona, sino también a cómo el Gobierno ha llevado su política respecto al conflicto mapuche.
Caniguan explicó a Sputnik que el Gobierno tiene una falta de convicción y posicionamiento frente al tema. La investigadora ejemplifica cuando la ministra Izkia Siches pidió disculpas a Argentina por ocupar el término Wallmapu.
Cabe precisar que en marzo del presente año, el exministro argentino Federico Massoni señaló que "le exigimos a nuestro Gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Wallmapu, existe la provincia del Chubut".
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Respecto de esas críticas, Siches ofreció disculpas a quienes haya afectado el uso del término Wallmapu. "Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional", señaló la titular del Interior.
"Luego de pedir disculpas, que para mí estaban injustificadas, comienza nuevamente a hablar de Macrozona sur. O sea, ahí tú ves que no hay una un real entendimiento o una idea clara de qué es lo que se quiere hacer o cuáles son sus nociones sobre este tema", señaló Caniguan.
"Como no está nada claro estos cambios de parecer, estos cambios de estrategia, porque es, por así decirlo, en coloquial, es como que casi les da lo mismo, como que pueden cambiar sin mayor problema de postura", agregó.
Vicente Ulloa Colipué, quien fue asesor comunicacional de exconvencionales de escaños reservados durante el proceso constituyente finalizado el 4 de julio, señaló a Sputnik que "las decisiones de este Gobierno tienen mucho de soberbia o desconocimiento, donde la política de diálogo es infructuosa si se escuchan a 'todos los sectores', pero se actúa solo para favorecer a uno".
"Bajo ningún punto de vista, 'buen vivir' significa mantener la militarización con toda la violencia que ello significa. Por eso, no es de extrañarse que, cualquiera haya sido la razón de votar por Boric, hay un sentimiento de decepción general", agregó Ulloa Colipué.

"Medida que no ayuda al diálogo"

Durante la tarde del 21 de julio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer que el Gobierno le pedirá al Congreso una nueva prórroga del estado de excepción constitucional, que vence el próximo 30 de julio. Si el Congreso Nacional acepta la petición del Ejecutivo, la medida se extenderá por otros 15 días.
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Respecto a la militarización en la zona, Caniguan comentó que "no es una medida que ayude al diálogo, porque no te dan las condiciones. O sea, es como casi obligarte a un diálogo bajo presión, si es que se da, porque la verdad, tampoco estamos viendo que se despliegue ese famoso diálogo".

"Es bien lamentable esa sensación de naturalización de tener a los militares acá en el territorio, que por lo demás es bastante violento", agregó.

La naturalización de los militares en las calles

Las regiones del Bío Bío y la Araucanía han permanecido ocho de los últimos 10 meses bajo estado de excepción constitucional. Por lo demás, en la zona, a diferencia de otros territorios en el país sudamericano, Carabineros cuenta con armamento y tanquetas de guerra.
Además, en la zona operó el denominado Comando Jungla, un grupo especial de carabineros que fueron entrenados especialmente en Colombia y Estados Unidos. Este grupo de élite asesinó al comunero mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018. Luego de asesinarlo, intentaron disfrazarlo como un enfrentamiento. Sin embargo, todo se trató de un montaje para ocultar el crimen.
Natalia Caniguan explicó a Sputnik que se vive a diario un ambiente de violencia explicita y discriminación en la zona.
"No es un espacio para crecer, mucho menos en la infancia, tampoco para los adultos. Hay que asumir ese daño que se está haciendo a las futuras generaciones de creer que vivir bajo estos estados de excepción, puesto que no es algo normal o natural", dijo Caniguan respecto a la naturalización de los militares en la zona y que afecta, principalmente, a los niños.
"Por nuestras casas pasan en helicóptero y es algo cotidiano. Eso no es normal para nadie. ¿No obstante, qué ocurre entonces? Sin duda ahí también hay un trabajo que hacer. Una vez que esperemos, se decida también acabar con esas prácticas de militarización", finalizó.
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Una opinión similar tiene el exconvencional y abogado de derechos humanos Manuel Woldarsky, quien señaló a Sputnik que la militarización "afecta de una manera gravísima a los pueblos originarios en Chile y particularmente al pueblo mapuche, y mucho más a las infancias y adolescencias mapuche".
"Estas infancias se han visto históricamente segregadas, vulneradas, abusadas en sus derechos fundamentales por el simple hecho de pertenecer a una comunidad indígena", agregó.
"No podemos permitir que se naturalice la militarización en ningún lugar de Chile, porque hablar de militares es hablar de guerra. Y no estamos en guerra, solo estamos tratando de entendernos como país, como sociedad, como pueblos, para llegar a un entendimiento mejor", finalizó.
Dependerá del Congreso Nacional si se extiende o no la prórroga pedida por el Ejecutivo. Mientras eso se decide, los militares seguirán controlando las zonas hasta el 30 de julio.
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