El presidente de México expropia 109 hectáreas para un tramo del Tren Maya en litigio
El presidente de México expropia 109 hectáreas para un tramo del Tren Maya en litigio
Sputnik Mundo
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó la expropiación por "razones de utilidad pública" de 109 hectáreas... 01.08.2022, Sputnik Mundo
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a este decreto presidencial, "los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización".La ley de Expropiación establece como causa de utilidad pública "la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras", indican las consideraciones de la orden.La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos, dice el edicto presidencial."Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización", dice el decreto.Este mismo lunes, en un litigio abierto por ecologistas y comunidades locales, un juez de Yucatán ordenó una segunda suspensión definitiva de las obras del Tren Maya en ese mismo tramo que corre en una zona selvática en paralelo a la carretera de 70 de kilómetros que une a Cancún con la ciudad maya de Tulúm, frente al Caribe mexicanoLa superficie de propiedad privada en cuatro municipios: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad (Cancún) y Tulúm, ubicados en la franja oriental de la península de Yucatán.IndemnizaciónEl decreto entrará en vigor el 2 de agosto y autoriza a la cartera federal de Desarrollo Agrario a tomar posesión de los terrenos.El Gobierno federal "cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales", indica el decreto.Los juicios abiertos por ecologistas, artistas, buzos y guías de una red de ríos subterráneos, cavernas, y respiraderos llamados cenotes, aglutinados el colectivo ambientalista Sélvame del Tren, solicitan el amparo judicial para frenar las obras que atraviesan una zona selvática paralela a la carretera.El 19 de julio pasado, el presidente decidió que el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional, cuando dijo que "por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas no vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo"."El tiempo que llevaba parada [la obra] nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos", dijo a mediados de julio el mandatario.La construcción del ferrocarril de 1.550 kilómetros conectará sitios arqueológicos de la cultura maya y playas del Caribe, recorriendo comunidades indígenas y reservas de la biósfera.Ante la primera suspensión judicial de las obras, la semana pasada fue emitida la declaración oficial de obra como tema de "seguridad nacional" para reiniciar los trabajos en el crítico tramo cinco de 70 kilómetros, que unirá a los conocidos destinos turísticos de las playas de la península.La obra, con un costo original de unos 7.000 millones de dólares, contempla un contrato por 1.800 millones de dólares para construir vagones y sistemas ferroviarios con el consorcio de las compañías Alstom de Francia y Bombardier de Canadá, firmado en junio de 2021 con el Fondo Nacional de Turismo.López Obrador califica las iniciativas judiciales de ecologistas y de defensores de comunidades indígenas y del patrimonio arqueológico como "una conspiración" en contra de su Gobierno.El propósito del gobernante es cumplir los planes de entregar el Tren Maya en diciembre del próximo año 2023, seis meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó la expropiación por "razones de utilidad pública" de 109 hectáreas de propiedad privada en cuatro municipios para la construcción del Tren Maya, en el tramo 5 de la obra que está en litigio, entre los destinos de Cancún y Tulúm, en la península de Yucatán.
"Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1.093.118 metros cuadrados (109,31 hectáreas) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a 36 inmuebles de propiedad privada", indica el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a este decreto presidencial, "los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización".
La ley de Expropiación establece como causa de utilidad pública "la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras", indican las consideraciones de la orden.
La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos, dice el edicto presidencial.
"Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización", dice el decreto.
Este mismo lunes, en un litigio abierto por ecologistas y comunidades locales, un juez de Yucatán ordenó una segunda suspensión definitiva de las obras del Tren Maya en ese mismo tramo que corre en una zona selvática en paralelo a la carretera de 70 de kilómetros que une a Cancún con la ciudad maya de Tulúm, frente al Caribe mexicano
La superficie de propiedad privada en cuatro municipios: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad (Cancún) y Tulúm, ubicados en la franja oriental de la península de Yucatán.
Indemnización
El decreto entrará en vigor el 2 de agosto y autoriza a la cartera federal de Desarrollo Agrario a tomar posesión de los terrenos.
El Gobierno federal "cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales", indica el decreto.
Los juicios abiertos por ecologistas, artistas, buzos y guías de una red de ríos subterráneos, cavernas, y respiraderos llamados cenotes, aglutinados el colectivo ambientalista Sélvame del Tren, solicitan el amparo judicial para frenar las obras que atraviesan una zona selvática paralela a la carretera.
El 19 de julio pasado, el presidente decidió que el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional, cuando dijo que "por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas no vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo".
"El tiempo que llevaba parada [la obra] nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos", dijo a mediados de julio el mandatario.
La construcción del ferrocarril de 1.550 kilómetros conectará sitios arqueológicos de la cultura maya y playas del Caribe, recorriendo comunidades indígenas y reservas de la biósfera.
Ante la primera suspensión judicial de las obras, la semana pasada fue emitida la declaración oficial de obra como tema de "seguridad nacional" para reiniciar los trabajos en el crítico tramo cinco de 70 kilómetros, que unirá a los conocidos destinos turísticos de las playas de la península.
La obra, con un costo original de unos 7.000 millones de dólares, contempla un contrato por 1.800 millones de dólares para construir vagones y sistemas ferroviarios con el consorcio de las compañías Alstom de Francia y Bombardier de Canadá, firmado en junio de 2021 con el Fondo Nacional de Turismo.
López Obrador califica las iniciativas judiciales de ecologistas y de defensores de comunidades indígenas y del patrimonio arqueológico como "una conspiración" en contra de su Gobierno.
El propósito del gobernante es cumplir los planes de entregar el Tren Maya en diciembre del próximo año 2023, seis meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
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