https://latamnews.lat/20220808/la-lucha-indigena-en-america-latina-entre-avances-y-el-eterno-genocidio-1129161463.html

La lucha indígena en América Latina: entre avances y el eterno 'genocidio'

La lucha indígena en América Latina: entre avances y el eterno 'genocidio'

Sputnik Mundo

La lucha de los pueblos indígenas ha logrado avances legislativos impensados décadas atrás en América Latina, con constituciones plurinacionales y derechos... 08.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-08T17:11+0000

2022-08-08T17:11+0000

2022-10-15T07:54+0000

américa latina

colombia

chile

ecuador

bolivia

pueblos originarios

pueblos indígenas

📝 reportajes

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/01/0f/1120356609_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_4b8954aad8278dace699b553167aff36.jpg

Desde 1994, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha es vista como una oportunidad de los pueblos originarios para exigir que "pare la guerra, el genocidio, el asesinato acelerado y selectivo a los pueblos indígenas", tal como dijo a Sputnik la senadora colombiana y líder social indígena del pueblo nasa, Aida Quilcué.América Latina y el Caribe tiene una enorme diversidad y riqueza sociocultural: 800 pueblos originarios habitan la región y representan más del 8% de la población del continente. Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de un total de 476 millones de personas indígenas en el mundo, Latinoamérica acoge al 11,5%.Históricamente, los pueblos indígenas se han visto rezagados y han sufrido la estigmatización y exclusión social, han sido víctimas de violencia y abuso —muchas veces por las propias fuerzas militares y policiales—, han estado sometidos a desplazamientos forzados y a ver cómo sus tierras ancestrales son dañadas en favor de beneficios económicos de empresas privadas o son parte de proyectos estatales. En los peores casos, han afrontado amenazas e incluso la muerte.Pese a esta constante vulneración de derechos, los movimientos sociales cobran fuerza y adquieren un rol político importante a través del que exigen respuestas de los gobiernos y se acercan a organismos de toma de decisión.Algunos ejemplos recientes son las protestas en Panamá o Ecuador, donde los pueblos indígenas —junto a otros movimientos sociales— pusieron en aprietos, luego de semanas de paro, a los gobiernos de Laurentino Cortizo y Guillermo Lasso, respectivamente, para que aprueben una serie de medidas que brinden solución a los elevados costos de vida en estos países.Además, en las últimas décadas los pueblos indígenas han sido más contemplados en las legislaciones vigentes de los países, independientemente de si las normativas efectivamente llegan a cumplirse.Actualmente, las comunidades indígenas de la región se ven amparadas en regulaciones internacionales. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela ratificaron el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (1989), que precedió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en 2007 y que es considerado como un fuerte instrumento internacional no solo en materia laboral, sino de salud, educación e incluso territorial.Además, algunas naciones han optado por reconocer derechos fundamentales en la propia Constitución—como Ecuador, Bolivia, Colombia, México y Venezuela—, mientras que otros lo hicieron a través de leyes específicas—como Costa Rica, Chile y Paraguay—.Luchas históricas que conquistan avances nacionalesColombiaLa Constitución colombiana de 1991 marca el primer reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del país e incluye a los pueblos indígenas que, según datos oficiales, supera 1,9 millones de personas distribuidas entre 115 pueblos nativos.Asimismo, se compromete con su protección a velar por la no discriminación y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que respete sus lenguas e incluso las oficializa dentro de sus territorios.Califica de "inalienables, imprescriptibles e inembargables" las tierras de grupos étnicos y asegura que son propiedad colectiva; atribuye derechos a la participación política y designa dos escaños para la representación indígena en el Congreso.La senadora Quilcué es un ejemplo de esos escaños, ya que en 2022 fue electa al Senado por la Circunscripción Especial Indígena con el aval de su partido, el Movimiento Alternativco Indígena y social (MAIS). Consultada por Sputnik, valoró que "el rol que asumen en el Congreso no solo consiste en hacer normas que contribuyan a la paz, sino que trata de acompañar con mucha fuerza a la sociedad civil".Sin embargo, Quilcué aclara que "la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, la paz tiene que ver también con empezar a resolver problemas estructurales de la gente, como la educación, la falta de oportunidades, el hambre, uno de los temas que ha dicho el Gobierno electo de Gustavo Petro que tendrá prioridad, también en el área de la salud y otros temas que contribuyan a atender esta situación de los pueblos indígenas pero también de las organizaciones sociales y de la misma ciudadanía del país".La Constitución colombiana consagra, al mismo tiempo, el derecho a la conformación de entidades territoriales indígenas, jurisdicciones de Justicia sobre su territorio y permite a varios de sus departamentos adoptar medidas especiales que procuren la protección de las comunidades nativas.Aquella carta magna no incluyó el derecho de consulta de los pueblos indígenas. Fue la Corte Constitucional quien lo estableció como derecho fundamental años más tarde, algo que se profundizó en la Ley de 1993 sobre el ambiente.En los años posteriores se expidieron reglamentaciones que contemplan a las víctimas del conflicto armado en Colombia —mantenido por casi seis décadas en el país— donde 80% de las víctimas fueron civiles y no combatientes, de acuerdo a un último informe presentado por la Comisión de Verdad.En estas normativas se reconoce el derecho a restitución territorial de aquellos pueblos que se vieron sometidos a desplazamientos forzados, algo que, según advierten organizaciones de la sociedad civil, recrudeció durante 2021, cuando se registró un aumento del 169% comparado con 2020.Para Quilcué, los avances en el país han sido en su mayoría producto de la "exigencia" y las luchas de los pueblos.El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha enviado fuertes mensajes políticos al designar líderes indígenas al frente de organismos del Gobierno y de representación internacional: Leonor Zalabata, indígena del pueblo arhuaco, como embajadora ante Naciones Unidas (ONU) en Nueva York; Patricia Tobón, líder emberá, al frente de la Unidad de Víctimas de Colombia y Giovani Yule, referente del pueblo nasa, como director de la Unidad de Restitución de Tierras.Consultada por las expectativas ante la nueva administración, Quilcué, dijo que confía en que el Gobierno apostará, como lo indica su lema, en volver a Colombia una "potencia mundial de la vida", al apostar por la paz, las oportunidades para la juventud y la educación que beneficiarán a todos los colombianos, "no solo a los pueblos originarios".EcuadorLa Constitución ecuatoriana de 2008, que reemplazó la de 1998, establece en su artículo 424 que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica. De esta forma, el tratado de la OIT que entró en vigencia en 1999 adquirió un carácter constitucional.Esta Constitución significó un avance para los pueblos indígenas, en tanto el país reconoció su carácter plurinacional y reforzó los derechos a la identidad de estas comunidades. También les otorgó posesión sobre sus tierras ancestrales y estableció la necesidad de consulta ante proyectos de exploración o explotación sobre su territorio, así como sobre legislaciones que puedan afectarlos.En diálogo con Sputnik, Andrés Tapia, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) y referente del pueblo kichwa, valoró los avances de Ecuador en materia de derechos, "sobre todo en la Constitución que establece y otorga derechos de la naturaleza, ampara los derechos colectivos, los tratados internacionales", entre otras garantías.Tapia apuntó que, en el marco de esos avances, los pueblos tuvieron diversos triunfos jurídicos como el fallo a favor de la defensa del Río Piatua en 2019, donde se llevaba a cabo un proyecto hidroeléctrico que afectaba directamente al pueblo kichwa y se había iniciado sin una 'Consulta Previa, Libre e Informada' a la comunidad.En la misma línea, la etnia waorani logró evitar actividades petrolíferas en su territorio ancestral en 2019 y la comunidad a’I cofán de Sinangoe consiguió que la corte provincial de Sucumbios dejara sin efecto las concesiones mineras en los ríos de Aguarico, Chingual y Cofanes en 2018.Este último caso marcó un precedente histórico en el país, puesto que el dictamen fue ratificado en 2022 por la Corte Constitucional ecuatoriana, haciendo alusión no solo a la consulta sino también al "consentimiento" obligatorio que debe obtenerse de los pueblos de forma previa a implementar proyectos en territorios ancestrales.También hubo avances en materia de representación. Luego de las elecciones de 2021, el país alcanzó la mayor cantidad de legisladores indígenas: 27 escaños en la Asamblea Nacional para el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-18), brazo político del movimiento indígena. El nuevo escenario superó ampliamente el máximo de ocho representantes que los pueblos habían logrado hasta entonces.En los comicios de 2021 el líder indígena Yaku Pérez fue el tercer candidato más votado en la primera vuelta con 19,39% de los sufragios, con escasa distancia de los obtenidos por Guillermo Lasso, quien resultaría electo presidente en segunda vuelta."Esto sin duda constituye un avance", manifestó Tapia, para quien "lo importante es que esto vaya acompañando a las legítimas demandas de las organizaciones sociales dentro del Parlamento".El 30 de junio de 2022, y después de 18 días de movilizaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) —que integra al movimiento regional—, acordó con el Gobierno de Lasso 10 puntos que según Tapia "se convierten en el programa mínimo que no solo representa los intereses indígenas, sino los de la mayoría de la población ecuatoriana históricamente marginada".La plataforma promovida por la Conaie constituye, consideró Tapia, "un punto de partida para avanzar hacia propuestas más integrales y amplias".En ese sentido, el vocero indígena destacó la "fuerza de las movilizaciones" y el nuevo escenario que se perfila en América Latina: "Este nuevo momento de reconfiguración de la fuerzas sociales en torno a los partidos políticos considerados de izquierdas progresistas, como en el caso de Chile o de Colombia, (...), sin lugar a dudas ofrece nuevos escenarios que deberían tornarse favorables para los pueblos indígenas".BoliviaEl país latinoamericano registra 36 pueblos originarios, aunque los de mayor presencia son los aimara y quechua, con 1,8 y 1,5 millones de personas, respectivamente.El carácter 'plurinacional' del Estado fue consagrado en la Constitución de 2009, aprobada durante la administración del expresidente Evo Morales (2006-2019), campesino aimara, para reconocer la diversidad de naciones, entre las que se encuentran los pueblos indígenas originarios, campesinos y el pueblo afroboliviano.Esta Constitución —en línea con las impulsadas por Colombia en 1991 y Perú en 1993— reconoce la heterogeneidad social del país e instaura un sistema que respeta autonomías y órganos territoriales, profundizando los escasos avances que se habían hecho en la materia en las constituciones de 1994 y 1938.Entre las disposiciones jurídicas se incluye el derecho a la consulta previa referente a proyectos extractivistas dentro del territorio, el reconocimiento de lenguas indígenas como oficiales, la inclusión en el sistema educativo y en la salud y el reconocimiento sobre sus saberes ancestrales.Además, se incorporan disposiciones sobre la representación indígena en la Asamblea Legislativa que designó siete circunscripciones especiales para diputadas y diputados indígenas, originarios o campesinos —que corresponden a cada departamento donde habitan las naciones— y escaños a nivel departamental y regional.Posteriormente, leyes nacionales extendieron el alcance normativo para proteger incluso a pueblos originarios no contactados y en aislamiento voluntario e implementaron políticas de protección focalizadas en el desarrollo de naciones indígenas.ChileEn Chile hay 2,1 millones de personas que se consideran pertenecientes a los pueblos indígenas. Si bien el más numeroso y más conocido a nivel internacional es el pueblo mapuche, también hay población aimara, atacameña, quechua, diaguita, colla, rapa nui, kawésqar y yagán.El texto constitucional chileno que rige desde 1980, año en que fue aprobado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), desconoce los derechos de los pueblos indígenas. Además, el país no ratificó el acuerdo 169 de la OIT hasta 2008.Sin embargo, la nueva Constitución chilena, que se plebiscitará el 4 de septiembre, apuesta a reconocer el Estado como plurinacional e intercultural.En su artículo número 4, el proyecto de nueva Constitución establece: "Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".Millaleo consideró que establecer al Estado chileno como plurinacional "sería un buen punto de partida para redefinir las relaciones de poder entre el Estado y los pueblos indígenas". De todas maneras, advirtió que el éxito del cambio dependerá de "cómo esto se implemente a nivel legal y de políticas públicas, posteriormente".Las exigencias de los pueblos recaen en el "reconocimiento de sus derechos colectivos, que no son otros que los que están en el derecho internacional: el derecho a la autonomía, a la tierra, a la cultura, a la lengua", sostuvo el especialista, quien fue también observador del Proceso Constituyente.Pero no todos son avances. Millaleo apuntó que, ante las omisiones sistemáticas del Gobierno, se han conformado grupos radicalizados que "ya no buscan un reconocimiento sino más bien una ruptura con el Estado". Esa postura ha vuelto las relaciones más problemáticas en el último tiempo, pese a que esos grupos solo representan un sector del pueblo mapuche.Para Millaleo, algo interesante para destacar es que "los temas principales de los grupos que rechazan la nueva Constitución son los derechos indígenas", lo que evidenció los “temores” y prejuicios que se creían superados pero que persisten desde el siglo XIX.Actualmente se han generado discusiones en torno a la justicia indígena, uno de los elementos incluidos en el proyecto de Constitución, y sobre los escaños que se garantizan a los pueblos indígenas en todos los órganos de representación popular.En el primero de los casos, Millaleo explicó que hay algunas indeterminaciones en la ley y falta de señales sobre su alcance, mientras que en el segundo, hay quienes se resisten al cambio, que fue considerado por primera vez para la creación de Convención Constitucional cuando se designaron 17 cupos para los pueblos originarios.Para Milalleo aún hay incertidumbre sobre qué efectos políticos tendrá asegurar escaños en todos los órganos, incluso regionales y municipales. "No tenemos mucha idea de cómo va a funcionar en términos políticos, si va a generar un poder político indígena dentro del Estado que sea relevante, aunque es una esperanza", reflexionó.Avances grandilocuentes pero "modestos"A pesar de los avances legislativos, en América Latina cuatro líderes indígenas son asesinados al mes por defender sus derechos, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Entre 2016 y 2021, y solo en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú fueron asesinados 58 líderes indígenas. La gran mayoría de esos casos, según recoge el sitio especializado Mongabay, aún no han sido resueltos, a pesar de que se presume que los culpables están ligados a actividades ilícitas como el narcotráfico, minería, tráfico de tierras o tala ilegal.Las amenazas no son solo contra la vida. Las poblaciones indígenas también son las principales víctimas de la desigualdad, sufriendo mayores niveles de pobreza que la población no indígena.

https://latamnews.lat/20220714/movimiento-social-pone-sus-condiciones-a-dialogo-con-el-gobierno-de-panama-1128320732.html

https://latamnews.lat/20211214/tercer-ataque-a-la-comunidad-indigena-minakalwa-en-colombia-quienes-estan-detras-1119305245.html

https://latamnews.lat/20220719/el-presidente-electo-de-colombia-nombra-a-una-lider-indigena-como-embajadora-ante-la-onu-1128463023.html

https://latamnews.lat/20220719/congreso-de-colombia-llegan-rostros-a-los-que-la-oligarquia-debera-escuchar-y-dialogar-1128470153.html

https://latamnews.lat/20220701/faltan-90-dias-en-ecuador-para-saber-como-sera-la-relacion-entre-los-indigenas-y-el-gobierno-1127646530.html

https://latamnews.lat/20220703/leonidas-iza-y-la-necesaria-conformacion-del-estado-plurinacional-de-ecuador-1127688134.html

https://latamnews.lat/20220630/indigenas-de-ecuador-aceptan-terminar-protestas-tras-acuerdo-con-el-gobierno-1127576142.html

https://latamnews.lat/20220805/como-fue-la-lucha-de-los-pueblos-indigenas-por-instaurar-el-estado-plurinacional-en-bolivia-1129040738.html

https://latamnews.lat/20220215/tras-constituirse-en-plurinacional-bolivia-lidera-preservacion-de-lenguas-indigenas-1121721203.html

https://latamnews.lat/20220807/la-cuestion-mapuche-la-piedra-en-el-zapato-de-boric-1129095990.html

https://latamnews.lat/20220218/plurinacional-y-con-perspectiva-de-genero-asi-debera-ser-la-nueva-justicia-chilena-1121908868.html

https://latamnews.lat/20220705/nueva-constitucion-chilena-plagio-a-la-constitucion-de-bolivia-1127776990.html

colombia

chile

ecuador

bolivia

2022

Noticias

es_ES

colombia, chile, ecuador, bolivia, pueblos originarios, pueblos indígenas, 📝 reportajes