La vicepresidenta argentina pide apartar a fiscal y juez del juicio oral en su contra
© AFP 2023 / Juan Mabromata
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó la recusación del fiscal Diego Luciani y del presidente del tribunal que lleva adelante un juicio oral en su contra, Rodrigo Giménez Uriburu, tras la aparición de unas imágenes en las que se ve a ambos en una finca del expresidente Mauricio Macri.
"Nuevo y verdadero escándalo", denuncian en el escrito de recusación los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari LLernovoy.
La exmandataria (2007-2015) había adelantado en la noche el domingo que pediría el apartamiento de ambos funcionarios, intervinientes en el debate oral que tiene enjuiciada a la expresidenta y a otras doce personas por el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión (2007-2015) y la del presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Dos fotografías, publicadas el 7 de agosto por el diario local Página12, muestran al fiscal y al magistrado en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri, en la provincia de Buenos Aires (este), como parte de un mismo equipo de fútbol con otros dirigentes de la coalición opositora Cambiemos, liderada por el exmandatario.
"Llevaban a cabo sus actividades sociales y futbolísticas no en cualquier lugar, sino nada más ni nada menos que en la quinta Los Abrojos, la cual como es de dominio público es de propiedad del expresidente de la nación, Mauricio Macri", señala el escrito elevado ante la justicia.
Los abogados de la expresidenta indicaron que "esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este tribunal".
En ese contexto, "la grave omisión en que incurrió el juez Giménez Uriburu contó con el aval explícito del fiscal Luciani, extremo que denota una grave violación a los deberes de resguardo de la legalidad y de la objetividad que pesan sobre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal", añade el pedido de recusación.
Los letrados de la exmandataria recordaron que la causa quedó bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 2 hace cuatro años, "a través de un sorteo cuya nulidad fuera planteada por esta defensa, por su falta de transparencia".
4 de agosto 2022, 18:14 GMT
Ahora se conoce que "el fiscal que impulsa la acción penal y uno de los jueces que deben dictar sentencia en autos también jugaban partidos de fútbol, nada menos, que en la quinta del propio Mauricio Macri".
A juicio de la defensa, impulsar una causa como fiscal "para que la resuelva un juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública".
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el entonces director de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, cuya primera gestión fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El caso luego fue impulsado por el propio Gobierno de Macri a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, observaron los abogados.
La defensa señaló que también intervinieron en este expediente los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país.
En 2020, ambos magistrados visitaron durante su Gobierno al entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) en la residencia presidencial, en el municipio bonaerense de Olivos, y en la sede de Gobierno, la Casa Rosada.
"En definitiva, por todo lo expuesto, acuden en la especie razones más que suficientes que denotan un temor objetivo de falta de objetividad en la actuación del fiscal Diego Luciani y de falta de imparcialidad en lo que respecta al juez Rodrigo Giménez Uriburu", concluyó la defensa.
Tras la recusación de los abogados de Cristina Kirchner, otras defensas también se plegaron al pedido de apartamiento, entre ellas la de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal y del empresario Lázaro Baez, también acusados en el juicio.
Éste es el único juicio público vigente contra la vicepresidenta, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 desde el 21 de mayo de 2019 y que en los últimos días entró en la fase de alegatos.
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