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La coordinadora por la paz de Ecuador denuncia violación a DDHH en protestas de junio

© AP Photo / Dolores OchoaProtestas en Ecuador (archivo)
Protestas en Ecuador (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2022
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Coordinadora por la paz, la soberanía, la integración y la no injerencia (CPAZ) de Ecuador presentó un informe en el que denuncia al Gobierno de ese país sudamericano de violar varios derechos humanos durante las protestas que tuvieron lugar en junio pasado.
"Durante el Paro Nacional de junio del 2022 el Estado ecuatoriano violó gravemente los derechos de libertad, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad personal, a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia; los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; y, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades", dice el informe de verificación de violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional en Ecuador, de CPAZ.
La investigación abarca los hechos sucedidos desde el 13 al 30 de junio del corriente año, aunque repasa los sucesos de octubre de 2019 y también aborda la situación penitenciaria y la violencia social como contexto del paro nacional de 2022.
"Las fuerzas de seguridad del Estado aplicaron un uso excesivo de la fuerza, amparados en los decretos de 'Estados de Excepción'. Los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incluido el director del Centro de Inteligencia Estratégica [CIES], aplicaron una 'lógica de guerra' contra las personas manifestantes y, en general, la población civil, en particular en zonas rurales o periféricas de las grandes urbes, y en territorios comunitarios y comunales, en el Distrito Metropolitano de Quito", indica el informe.
El escrito responsabiliza a las autoridades de Gobierno, incluido el presidente Guillermo Lasso y los ministros de Interior y Defensa, de "posicionar ante la opinión pública, a través de los medios de comunicación de alcance nacional, una descripción distorsionada de las causas legítimas de las protestas y movilizaciones sociales, relacionando a sus dirigentes con presuntos 'enemigos internos' y acusándolos, sin pruebas hasta la fecha, de recibir financiamiento del narcotráfico para sostener el paro nacional".
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También señala que, al igual que en octubre de 2019, las "zonas de paz" acordadas entre varias autoridades universitarias e instituciones estatales "fueron objeto de violentos operativos policiales y militares que pusieron en serio riesgo la vida e integridad de cientos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores que se encontraban descansando y recibiendo alimentación y atención médica".
"El Estado ecuatoriano es responsable, a la luz de sus obligaciones internacionales como Estado Parte de los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, de las seis personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente, de las 335 personas heridas, de las detenciones arbitrarias de 155 personas manifestantes y al menos 77 eventos represivos y masivos contra poblaciones en sus comunidades, comunas y movilizaciones sociales durante el paro nacional", acusa el informe.
Los investigadores concluyeron que "las erróneas respuestas gubernamentales a sus legítimas demandas", expresadas en estas movilizaciones sociales, "están provocando el etnocidio de los pueblos y las nacionalidades, bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano".
A mediados de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició una movilización indefinida contra medidas del Gobierno.
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La organización presentó un reclamo de 10 puntos, entre ellos, que se congele el precio del combustible, subsidio agrícola y que no se firmen tratados de libre comercio que "destruyen la producción nacional".
La Conaie y el Gobierno siguen negociando aún varios de los reclamos.
Desde el 13 hasta el 28 de junio, según organizaciones de derechos humanos, se registraron seis fallecidos, 331 personas heridas, 152 detenciones durante las jornadas de protesta.
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