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La acusación contra Cristina Fernández renueva el lawfare contra la izquierda regional

© AP Photo / Marcos BrindicciLa vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner - Sputnik Mundo, 1920, 24.08.2022
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La acusación contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández "una guerra contra la política por la vía judicial, contra la política progresista, con posibilidad de cambio y de justicia social", dijo a Sputnik la analista Silvina Romano. La experta recordó casos similares en Brasil y en Ecuador.
El 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en el marco de la denominada causa 'vialidad', que investiga presuntos desvíos de fondos estatales para obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2007 y 2015, cuando era presidenta de la Nación.
En un reciente discurso, Fernández, a quien se la intenta condenar por liderar una supuesta asociación ilícita, realizó descargos sobre las acusaciones en su contra y aseguró que el caso constituye un "juicio al peronismo" y que su sentencia "ya está escrita".
En ese sentido, el oficialismo ha denunciado una “persecución judicial y mediática” contra la vicepresidenta.
En diálogo con Sputnik, la doctora en Ciencia Política e investigadora argentina Silvina Romano advirtió que el intento de amedrentamiento contra la líder del kirchnernismo "comenzó al final de su segundo mandato, en 2015".
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En ese entonces "la causa del memorándum ya vinculado a la muerte del fiscal Nisman —que investigaba las responsabilidades del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994— mostró un poco el camino que se iba a tomar y midió el sentir de la opinión pública", aseguró la especialista, quien también forma parte del Observatorio de Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Según Romano, con el caso Nisman comenzó a trabajar esta "articulación entre aparato judicial y medios de comunicación", en varios casos con una "fuerte impronta de lawfare que es la desacreditación, la desmoralización, la criminalización del líder o la lideresa política en la búsqueda de quitarlo de la política formal".

Un fenómeno regional

El caso de Fernández de Kirchner no está alejado de los varios cometidos en la región contra mandatarios y personalidades políticas.
Los más resonados quizás fueron los recientes casos contra el expresidente Inácio Lula da Silva (2003-2010) en Brasil y el expresidente Rafael Correa (2007-2017) de Ecuador, ambos inhabilitados políticamente tras acusaciones de corrupción.
El primero, condenado en 2017 por "corrupción pasiva" por el exjuez Sergio Moro quien lideró la acusación contra el mandatario e incluso logró enviarlo a prisión, inhabilitando al político para las elecciones de 2019. Los cargos fueron luego retirados por la Corte Suprema en 2021 y actualmente Lula da Silva se mantiene como el favorito de las encuestas para la próxima cita electoral en octubre de 2022.
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Correa, por su parte, se encuentra bajo asilo político en Bélgica tras haber sido condenado a prisión por la causa denominada popularmente 'sobornos' o 'arroz verde', algo que fue catalogado por el correísmo como una estrategia política para impedir que regresara a la arena política.
Romano, puntualizó que esta maniobra de lawfare, se opera ante "grupos, sectores o personas con una trayectoria vinculada a la recuperación del Estado, a un Estado soberano que reclama autodeterminación, sobre todo en vínculo con respecto a los recursos, a la política económica a seguir".
"El lawfare tiene que ser visto como un proceso regional, a nivel regional. Lo vimos en Brasil, en Ecuador; es brutal, persiste, es permanente", apuntó la especialista.
El caso de Ecuador sirve además para, según Romano, para "poder dimensionar cómo va mutando el lawfare y los niveles a los que puede llegar de no Estado de derecho, de inexistencia de Estado de derecho".
La especialista puso como ejemplo la reciente persecución judicial contra el dirigente indígena ecuatoriano Leónidas Iza, a quien se detuvo arbitrariamente en el marco del paro nacional de junio de 2022, cuando la Justicia lo consideró autor intelectual de actos vandálicos durante las protestas.
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La 'sistematicidad' que confirma el 'lawfare'

Romano señaló que, si bien pueden encontrarse causas judiciales por corrupción contra dirigentes de más de un sector político, la "sistematicidad" con que surgen causas contra Fernández de Kirchner son la clave para identificar el lawfare.
Y es que, desde 2015, se abrieron más de una docena de causas contra Fernández. La mayoría se cerraron por falta de méritos y otras continúan en proceso judicial.
Contra Fernández de Kirchner se opera "una guerra de baja intensidad permanente, porque es como por goteo, busca desde el 2015 hasta acá desprestigiarla, quitarle su patrimonio, atentar contra su familia y sus seres queridos, quitarle todo tipo de apoyo", manifestó Romano.
De acuerdo al Observatorio de Lawfare de CELAG, las causas se originaron durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), donde se impulsaron una serie de medidas que tenían como objetivo procesar a la exmandataria. Entre ellas, reformas en las estructuras de varios organismos, designación de cargos y presiones internas para llevar adelante juicios con parcialidad.
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"Hace tiempo ya que la Justicia argentina, sobre todo durante la gestión de Mauricio Macri, viene marcando la agenda y el tiempo de la política en el país. Estamos hablando de la cúpula del Poder Judicial, es una justicia muy elitizada, tradicional, una élite que incluso no solamente nos vincula con las derechas durante los gobiernos cívico- militares sino con las propias oligarquías de Argentina e incluso de América Latina", aseguró Romano.
En 2019, el relator especial sobre la independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán, presentó un informe que alertaba de "anomalías en el Poder Judicial argentino, la falta de apego al debido proceso", explicó.
De acuerdo al documento, que fue enviado por García Sayán en noviembre de 2019 al entonces vicecanciller de la administración de Mauricio Macri, Carlos Foradori, Argentina atravesaba un "presunto plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial (...) que se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo".
El informe enumera "actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino" y la obstaculización de una actuación imparcial en decisiones que afectan los intereses del Poder Ejecutivo así como el disciplinamiento de los magistrados que adoptaran resoluciones contrarias a esos intereses.
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Un funcionamiento corporativista de la Justicia

Para el oficialismo, la Justicia argentina está actuando en línea con los intereses de la oposición, o en muchos casos, de acuerdo a sus propios intereses. Para Romano, hay cuestiones que dan cuenta de una "especie de corporación que va por fuera de cualquier tipo de norma de la Constitución".
Días atrás, la vicepresidenta difundió una imagen en Twitter donde se observa a varios de los letrados que trabajan en la causa 'Vialidad' compartiendo un partido de fútbol junto al expresidente Mauricio Macri.
La imagen confirmaría que tanto el fiscal Diego Luciani, como el presidente del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, integraban un equipo amateur de fútbol junto con Macri, con quien se reunían en Los Abrojos, la quinta privada del exmandatario.
Para la especialista, la corporación mediática y judicial persigue intereses muy claros, en sintonía con los que buscan también ciertas empresas: "De modo directo e indirecto, prefieren que determinados sectores no estén vinculados a la toma de decisión", concluyó.
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