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Tras una década de acampe, víctimas de las dictaduras de Bolivia recibirán su indemnización

© Foto : abi.boFirma de un Acuerdo Nacional por Justicia, Verdad y Reparacion entre el presidente Luis Arce Catacora y las Víctimas de la Dictadura Militar del Periodo 1964-82
Firma de un Acuerdo Nacional por Justicia, Verdad y Reparacion entre el presidente Luis Arce Catacora y las Víctimas de la Dictadura Militar del Periodo 1964-82 - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2022
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El Gobierno de Luis Arce concluyó un conflicto que se mantenía desde 2004 con parte de los afectados por los gobiernos militares que se impusieron en el país entre 1964 y 1982. Sputnik consultó a víctimas y especialistas en el tema, quienes señalaron lo que aún falta por avanzar.
El Prado es una de las partes más representativas de la ciudad de La Paz. De paso obligado para todo turista, de un lado está la avenida que baja a la lujosa zona sur y del otro la que sube hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar de El Alto. En medio, un parque con bancos, flores y árboles en el que, durante 10 años, acamparon familiares y víctimas de las dictaduras militares impuestas entre 1964 y 1982 que reclamaban una reparación ante el Ministerio de Justicia.
El Gobierno de Luis Arce concluyó con una serie de desatenciones del Estado iniciadas en 2004, durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), que promulgó la ley 2.640, según la cual el Tesoro General de la Nación (TGN) aportaría el 20% del dinero de la indemnización para las víctimas. El resto debía provenir de aportes de privados y de la cooperación internacional. Pero nada de ello ocurrió.
En 2006 se pagó ese 20% durante el primer Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Representaban 3,6 millones de dólares. En 2012, familiares y víctimas montaron un campamento que se mantuvo en el Prado paceño durante una década, en reclamo del 80% restante.

"Nosotros hoy queremos, sencillamente, con ustedes rendir homenaje a todos y cada uno de los que han caído, de los que han sido víctimas de los golpes de Estado y de las dictaduras militares", dijo el presidente Arce el pasado 21 de agosto, cuando se cumplieron 51 años del golpe militar de Hugo Banzer.

"Ustedes han sobrevivido, ustedes están luchando por construir un Estado democrático para que todos vivamos mejor. Y ese también es nuestro objetivo como Gobierno nacional", sostuvo el presidente. Así concluyó el largo conflicto del Órgano Ejecutivo con la Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de las Dictaduras entre 1964 y 1982.

1.714 beneficiados y faltan más

Sputnik consultó a abogados y luchadores sociales, quienes se manifestaron a favor y también observaron la medida del Gobierno de Arce, que se sustenta en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La nueva normativa contempla 1.714 casos de víctimas de desaparición y tortura, entre otros delitos. Hay otras 4.500 personas que también exigen la reparación, pero aún no habrían cumplido todos los requisitos. Estos expedientes están bajo revisión de varios ministerios.

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez valoró que el Gobierno actual finalmente haya dado una respuesta a las víctimas. "El Estado ha tenido que investigar, porque no todos han podido probar que son víctimas de las dictaduras. Se han tenido que armar carpetas, expedientes, con lo cual se ha confirmado quiénes son parientes, quiénes han sufrido persecución de los gobiernos de facto", contó a Sputnik.

Para Gutiérrez, la decisión del Gobierno "es considerada una justicia restauradora, que es lo que manda la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Y evaluó que un acto de reparación completo requiere la búsqueda de justicia para las víctimas. "Si es que hubiera conocimiento de personas que han participado en estos gobiernos de facto y aún están vivos, pues deberán asumir su responsabilidad por su conducta negativa", afirmó el abogado, quien es magister en Seguridad Interna del Estado, además de delegado adjunto de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).
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18 años sin respuesta

Ariel Arancibia, abogado especializado en derechos humanos, recordó que en 2004 "el presidente Carlos Mesa puso en vigencia una ley que, de manera poco transparente, dispuso que el órgano ejecutivo debía coordinar con organismos internacionales para garantizar el resarcimiento a las víctimas, pero esto no se hizo y finalmente no se otorgó el resarcimiento correspondiente".

En 2012, "las familias de las víctimas iniciaron una medida de protesta en el Prado paceño, exigiendo la totalidad del pago del resarcimiento que había comprometido Mesa", dijo Arancibia. A pesar de los múltiples señalamientos, el expresidente aludido (actualmente líder del partido opositor Comunidad Ciudadana) aún no se manifestó al respecto.

El abogado destacó que la nueva ley "destina 100 millones de pesos bolivianos (14,6 millones de dólares) para garantizar este resarcimiento. Definitivamente queda claro el compromiso con la democracia del Gobierno nacional, sobre todo con la memoria, verdad y justicia".
La Ley 1.446, promulgada el 25 de julio por el presidente Arce, "autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN, asignar recursos por un monto de hasta Bs. 99.925.916,16 (noventa y nueve millones novecientos veinticinco mil novecientos dieciséis 16/100 bolivianos), correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera".
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La suma más elevada de indemnización llega a los 14.367 dólares. Esta cifra se calculó de acuerdo al grado de afectación padecido por la víctima.
En 2018, una Comisión de la Verdad determinó que 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1964 y 1982. Otros miles fueron detenidos, torturados, vejados e incapacitados de múltiples formas. Son quienes exigen la correspondiente reparación.

4.500 casos en estudio

Ruth Llanos es presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (ASOFAMD). En diálogo con Sputnik, criticó que la nueva ley contemple solamente 1.714 casos y deje afuera a más de 4.500, muchos de los cuales fueron presentados por integrantes de esta organización.
Comentó a Sputnik que las y los 1.714 beneficiados por la ley "habrían cumplido con una serie de exigencias, como la presentación de certificados forenses y de testigos de la tortura, pero sin tomar en cuenta que los que podían dar esos certificados eran parte de los aparatos represivos".

Llanos recriminó que la actual medida se ampare en la ley de 2004, promulgada por Mesa, que habría sido redactada por legisladores vinculados a los mismos gobiernos de facto. En este sentido, "la mayor parte de casos presentados por ASOFAMD han sido rechazados, porque los funcionarios que evaluaban a las víctimas les pidieron certificados de defunción, cuando en una desaparición forzada el victimario, sea policía o militar, no te va a dar un certificado de que cometió un crimen tan horrendo como una desaparición forzada".

Ricardo Navarro, esposo de Llanos, fue asesinado en la masacre de la calle Harrington, en el barrio paceño de Sopocachi, en 1981. Pero las ocho familias afectadas llegaron a un acuerdo con el Estado décadas atrás (aunque tampoco fue del todo cumplido por las autoridades).
"Pedimos tener una reunión urgente con el presidente, porque creemos que la resolución de la demanda de un grupo de víctimas no se puede hacer excluyendo a otras víctimas", dijo la presidenta de ASOFAMD.
Y agregó que "también han sido excluidas las víctimas del golpe de Estado de 2019".

Para Llanos, es necesario que el Gobierno ofrezca "una propuesta clara y concreta sobre políticas de reparación integrales, que contemplen el derecho a la memoria. Porque hay un rol que tiene el Estado en el ejercicio de la memoria. No es solamente pagar un monto x".

Además, "es importante saber dónde están los desaparecidos, entregarnos sus restos, castigar y sancionar a los culpables. Y eso no ha pasado", sostuvo la presidenta de ASOFAMD.
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