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Expertos de la ONU piden a México anular la prisión preventiva oficiosa
Expertos de la ONU piden a México anular la prisión preventiva oficiosa
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó urgentemente a México... 05.09.2022, Sputnik Mundo
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La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, comunicó la experta en su postura emitida desde la sede del organismo en Ginebra (Suiza, oeste).El artículo 19 de la Carta Magna obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos graves.Los expertos de la ONU señalan que esa figura "ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley".El pleno de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México discute este 5 de septiembre dos proyectos que piden eliminar la prisión preventiva oficiosa, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presiona al Poder Judicial para que mantenga esta figura jurídica, esgrimiendo que facilita las detenciones en las acciones de seguridad pública. Argumentos jurídicosLa prisión preventiva oficiosa es "contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención", dice en su posicionamiento Estrada-Castillo.Señala que, además, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal, y "la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes".La figura judicial está en la ley, pero no garantiza que no sea "arbitraria", prosigue el alegato.Una de las más serias consecuencias ha sido el que muchos acusados pasen "más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal", advirtió.Explicó que esta medida contribuye al hacinamiento carcelario.El 21 de julio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que más del 40% de las más de 220.400 personas detenidas en penales de México están sin sentencia, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022.El grupo de trabajo de la ONU asegura que es consciente de los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de seguridad pública.Pero al mismo tiempo reitera que la prisión preventiva automática pone al país latinoamericano en franca violación de sus obligaciones internacionales asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.Considera también que al anular la prisión preventiva oficiosa la Suprema Corte "permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario".Desde el 2018 esa instancia internacional ha insistido a México sobre la "necesidad urgente" de solucionar este problema estructural del sistema jurídico mexicano, ofreciéndole la asistencia técnica en repetidas ocasiones.Los expertos de la ONU estiman que México tiene "una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años".El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en 1991 por la Comisión de Derechos Humanos para investigar los casos de supuesta privación arbitraria de la libertad, y su mandato fue ampliado para cubrir el tema de la custodia administrativa de solicitantes de asilo e inmigrantes.La instancia la integran, además de Estrada Castillo de Ecuador; Mumba Malila de Zambia; Elina Steinerte de Letonia, Priya Gopalan de Malasia; y Matthew Gilllett de Nueva Zelandia.
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Expertos de la ONU piden a México anular la prisión preventiva oficiosa
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó urgentemente a México anular la prisión preventiva obligatoria, llamada también "prisión preventiva oficiosa" o "automática", establecida en la Constitución.
"La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones", afirmó Miriam Estrada Castillo, presidenta y relatora del organismo de la ONU, en un comunicado.
La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, comunicó la experta en su postura emitida desde la sede del organismo en Ginebra (Suiza, oeste).
El artículo 19 de la Carta Magna obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos graves.
5 de septiembre 2022, 11:51 GMT
Los expertos de la ONU señalan que esa figura "ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley".
El pleno de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México discute este 5 de septiembre dos proyectos que piden eliminar la prisión preventiva oficiosa, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presiona al Poder Judicial para que mantenga esta figura jurídica, esgrimiendo que facilita las detenciones en las acciones de seguridad pública.
La prisión preventiva oficiosa es "contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención", dice en su posicionamiento Estrada-Castillo.
Señala que, además, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal, y "la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
La figura judicial está en la ley, pero no garantiza que no sea "arbitraria", prosigue el alegato.
Una de las más serias consecuencias ha sido el que muchos acusados pasen "más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal", advirtió.
Explicó que esta medida contribuye al hacinamiento carcelario.
El 21 de julio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
informó que más del 40% de las
más de 220.400 personas detenidas en penales de México están sin sentencia, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022.
24 de agosto 2022, 21:46 GMT
El grupo de trabajo de la ONU asegura que es consciente de los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de seguridad pública.
Pero al mismo tiempo reitera que la prisión preventiva automática pone al país latinoamericano en franca violación de sus obligaciones internacionales asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Considera también que al anular la prisión preventiva oficiosa la Suprema Corte "permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario".
Desde el 2018 esa instancia internacional ha insistido a México sobre la "necesidad urgente" de solucionar este problema estructural del sistema jurídico mexicano, ofreciéndole la asistencia técnica en repetidas ocasiones.
Los expertos de la ONU estiman que México tiene "una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años".
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en 1991 por la Comisión de Derechos Humanos para investigar los casos de supuesta privación arbitraria de la libertad, y su mandato fue ampliado para cubrir el tema de la custodia administrativa de solicitantes de asilo e inmigrantes.
La instancia la integran, además de Estrada Castillo de Ecuador; Mumba Malila de Zambia; Elina Steinerte de Letonia, Priya Gopalan de Malasia; y Matthew Gilllett de Nueva Zelandia.
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