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Acusan a EEUU de querer resucitar a la oposición en Bolivia con su informe del golpe de 2019

© AP Photo / Natacha PisarenkoLos partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019
Los partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019 - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2022
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El informe del Gobierno de Estados Unidos sobre el el derrocamiento de Evo Morales en 2019 tuvo diversos recibimientos en Bolivia. Mientras el Gobierno de Luis Arce lo rechaza como una "intromisión" a los asuntos internos, el arco opositor acogió el documento del Departamento de Estado como si contuviera la verdad revelada.
El texto presentado por el Gobierno de Joe Biden reafirma la teoría de que en octubre de 2019 el entonces candidato y también presidente Evo Morales (2006-2019) cometió fraude electoral para mantenerse en el poder. Esta versión ya era sostenida en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es Luis Almagro.
El documento estadounidense también avala la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, según la cual durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) se cometieron masacres como la de Sacaba, en Cochabamba el 15 de noviembre de 2019, y la de Senkata, en La Paz, el 19 de noviembre de 2019.
El expresidente Morales abrió un hilo en su cuenta de Twitter para formular su descargo. Acusó al Gobierno norteamericano de actuar "con doble moral", porque en su informe expresa su "solidaridad" con las víctimas de las masacres y violaciones de derechos humanos, "autorizadas con el decreto 4078, mejor conocido como Decreto de la Muerte del Gobierno de facto que financió, apoyó y defendió".
Si bien el presidente Arce no se manifestó sobre este informe, sí lo hizo a través del canciller Rogelio Mayta, quien en conferencia de prensa evaluó que EEUU no tiene ninguna atribución para hacer investigaciones sobre asuntos internos de otros países.
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"Nosotros, como regla, respetamos que las naciones resuelvan sus cuestiones internas. Hay cosas que hieren nuestra sensibilidad humana y nos preocupan. No obstante, aunque podemos tener criterios, no los hacemos públicos", dijo Mayta.
El canciller destacó que ningún país hizo informes sobre la vulneración de derechos humanos en EEUU: "Nosotros no hacemos críticas, no hacemos análisis, ni reportes sobre eso. No tratamos de ser jueces de ellos, respetamos".

Una mano a la oposición boliviana

Gabriel Villalba, director del Centro de Estudios Nuestroamericano, dijo a Sputnik que “con informes de este tipo EEUU pretende levantar el ánimo de la oposición al Gobierno de Arce”.
Recordó que el pasado 24 de septiembre, día del departamento de Santa Cruz, 32 legisladores de la oposición pidieron tomarse un descanso para concurrir a las celebraciones.
Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprovecharon la ausencia de la oposición para votar por un nuevo Defensor del Pueblo.
Esta elección estaba trabada en la Asamblea Legislativa desde hacía meses, justamente porque los legisladores de las agrupaciones opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) impedían que se alcancen los dos tercios de votos que manda la Constitución para la elección del defensor. Finalmente, fue elegido en este cargo el abogado Pedro Callisaya.
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"En Bolivia tienes una oposición lacaya, servil a intereses norteamericanos, que se aplazó al ausentarse en la elección del defensor. CC y Creemos quedaron muy mal paradas, con un reproche social abismal", dijo Villalba, quien es abogado especializado en derecho internacional.
Para el analista, el Gobierno de Biden analizó: "'Tenemos que respaldar políticamente, tenemos que articular un discurso que se posicione a nivel regional para darle un espaldarazo a estos deficientes opositores que tiene el MAS'".
Según Villalba, "por eso surge este informe. Desde afuera pareciera que se fortalece la oposición al MAS. Pero dentro del país ni van ni para atrás ni para adelante los opositores".

La reacción de la oposición

Desde la cárcel, la expresidenta de facto Áñez aplaudió la publicación de este documento: "El informe de EUA (Estados Unidos de América) reconfirma el fraude electoral en Bolivia, cometido por Evo Morales y el gobierno del MAS en 2019, igual que lo denunciado por la OEA y la Unión Europea".
Paradójicamente, la expresidenta también está procesada por las masacres que costaron la vida de 38 personas durante sus primeros días de Gobierno.
Carlos Mesa fue presidente entre 2003 y 2005, también fue candidato en las elecciones presidenciales de 2019 —las que originaron el golpe— y 2020, cuando perdió ante Arce. Como líder de Comunidad Ciudadana, se basó en el informe de EEUU para escribir en sus redes sociales: "No queda ninguna duda en Bolivia y el mundo que el MAS hizo fraude y que hoy busca impunidad y olvido con persecución y mentiras".
Otras figuras de la oposición como Jorge Tuto Quiroga también manifestaron su apoyo al informe del Gobierno de Biden. Quiroga fue vicepresidente de Hugo Banzer (1997-2001) y lo sucedió en la presidencia cuando el anciano militar —dictador entre 1971 y 1978— tuvo que renunciar por motivos de salud, hasta cumplir su mandato en 2002.

Tres años sin justicia

Una parte del informe de EEUU destaca que hasta ahora no hay justicia para las víctimas de las masacres cometidas en el contexto del golpe y la instauración del Gobierno de facto. Gloria Quispe, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, dio la razón a ese párrafo.
"Lamentamos esta situación, porque ya son pues tres años se cumplen en este noviembre. Hay compañeros que con ese estrés y ese dolor se han enfermado y ya se han ido sin conseguir justicia para sus familiares asesinados. Es un peligro que corremos todas las víctimas", dijo a Sputnik.
"Duele esta situación, pero por ser pobres no tenemos un bufete de abogados. Habíamos pedido ayuda a la CIDH en ese aspecto, ahora pedimos nuevamente porque la gente humilde no cuenta con economía y por eso no hay justicia", aseguró la hermana de Antonio, quien falleció a los 24 años por un tiro en la cabeza.
"La gente que tiene plata se contrató hasta bufete de abogados. Nosotros somos olvidados", expresó.
Quispe pidió que se aceleren los procesos judiciales: "Hasta el momento no hay una sentencia para todos los militares o policías que están detenidos por el caso Senkata. Lo nuestro no es odio, ni es maldad. No deseamos lo peor a nadie. Lo único que queremos es lo justo, porque lo que nos hicieron no tiene perdón ni olvido".
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