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Representantes indígenas bolivianos: "A veces no somos escuchados, se olvidan de que existimos"

© Sputnik / Sebastián OchoaIndígenas y campesinos marchan en La Paz, Bolivia
Indígenas y campesinos marchan en La Paz, Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2022
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Sputnik discutió con analistas la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas —que tiene valor de ley en el Estado Plurinacional— y su impacto en la vida de los pueblos originarios, en el marco del Día de la Descolonización, que recuerda cada 12 de octubre la lucha del movimiento indígena boliviano por sus derechos.
Bolivia fue el primer país en elevar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a rango de ley por el Congreso en noviembre de 2007, dos meses después de su aprobación en la Asamblea General de la ONU.
El abogado Leonardo Tamburini, quien desde hace más de 25 años trabaja con organizaciones indígenas del oriente boliviano, comentó a Sputnik que la Asamblea Constituyente tomó ampliamente en cuenta esta declaración de la ONU para elaborar la Constitución de 2009, vigente en Bolivia.
"El primer impacto de la declaración ha sido que se incorporó el derecho a la Libre Determinación en el artículo 2 de la Constitución", dijo Tamburini.

"[Durante la redacción de la carta magna boliviana], se acomodaron los textos a la declaración en la parte que se refería a los pueblos indígenas. Tuvo un impacto inmediato. La Constitución boliviana es la primera que ha sido redactada mirando la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas", comentó.

"Como declaración es una intención de motivos. No es una norma vinculante internacionalmente. Pero cuando el Estado toma la decisión de convertirla en ley nacional, está señalando que tiene toda la intención de hacerla obligatoria en el orden interno", explicó Tamburini.
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"Lo bueno que se puede decir es que en los tribunales genera jurisprudencia. El Tribunal Constitucional, el Agroambiental y otros organismos de justicia ordinaria toman la declaración como parte de sus argumentos para fundar los fallos en favor de los derechos de los pueblos indígenas", agregó el abogado, quien también es director ejecutivo de la organización de apoyo legal y social Oré.
Las organizaciones indígenas de Bolivia "han convertido a la declaración en parte de su agenda reivindicativa", resaltó, por lo cual es citada permanentemente en sus documentos orgánicos y políticos.
"La técnica legislativa que tiene la declaración no es como la de otras declaraciones", explicó Tamburini. "Tiene una estructura parecida al Convenio 169, pero es una declaración. Por tanto, jurídicamente tiene una jerarquía inferior a un tratado internacional".
El Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Hasta ahora, 24 países le dieron alcance de ley. Bolivia es uno de ellos.
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El derecho a la consulta

Aunque la declaración de las Naciones Unidas es jurídicamente pertinente, a menudo ocurre que las autoridades encargadas de aplicarla la pasan por alto.
El derecho a la consulta es el más difícil de hacer cumplir. Cuando una empresa o algún nivel del Gobierno pretende realizar actividades que afectan a las comunidades indígenas, están obligados a dialogar con sus integrantes, explicarles de qué se tratarían las obras y qué daños podrían causar.
En algunas actividades, como la explotación de hidrocarburos o actividades mineras, se prevé otorgar una compensación económica a las comunidades por el daño ocasionado al medio ambiente.
Para Margarita Charupá, del pueblo chiquitano y miembro de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) de Santa Cruz de la Sierra (este), el problema es que las leyes a veces se contradicen y prevalece, por lo general, la versión que no beneficia a los pueblos indígenas.

"Si bien tenemos derecho a ser consultados, a veces las mismas leyes se contradicen. Por ejemplo, en el caso de la minería. Antes de consultarnos ya ingresan algunas empresas a operar en las comunidades", dijo a Sputnik.

El pueblo chiquitano vive en Santa Cruz, donde constantemente se derriban árboles para ampliar campos de cultivo de empresarios agroindustriales. "Ahora estamos en época de incendios. Pensamos que ahora hay tantos focos por la expansión de la agricultura y de la ganadería. Especialmente las comunidades sufrimos el fuego y lo estamos combatiendo", aseguró.
"A veces no somos escuchados, no somos visibilizados. Quizás nuestras autoridades se olvidan de que existimos en los territorios", evaluó.
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Desconfianza en las leyes

Tata Juan Guarayo es del pueblo yampara, en el departamento de Chuquisaca (suroeste). En diálogo con Sputnik, se mostró desconfiado con las leyes y declaraciones internacionales, que en su experiencia no se cumplen.
"La ley nos dice que los pueblos indígenas estamos protegidos, la declaración nos dice que tenemos derecho a la libre determinación, al autogobierno, a la consulta… Pero lamentablemente en el Estado Plurinacional de Bolivia no se respetan nuestros derechos".
En 2012, cuando se iba a realizar el último censo de población y vivienda, Guarayo lideró movilizaciones para que el pueblo yampara sea contemplado en las preguntas. "Hemos hecho reconocer a la nación Yampara, pero no debería ser así", relató.
"Si ya hay una ley, no deberíamos salir a las calles a pedir respeto a las leyes. Pero con esto hemos nacido los pueblos indígenas, con esto estamos viviendo y, posiblemente, vamos a estar muriendo con ese pedido, hermano", dijo Guarayo.
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