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¿Podrá el presidente Pedro Castillo soportar un tercer intento del Congreso de removerlo?

© Foto : Twitter/Presidencia del PerúEl presidente de Perú, Pedro Castillo
El presidente de Perú, Pedro Castillo - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2022
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El Congreso peruano, con mayoría opositora, debe definir si procede apartar a Castillo de su cargo para enjuiciarlo por supuestamente liderar una "organización criminal". Representantes de organizaciones que lo llevaron al poder explicaron a Sputnik cómo se llegó a este punto.
La constante crisis política en Perú puede provocar que, continuando la tradición, otro presidente no concluya su mandato. Ahora podría ser el turno de Pedro Castillo, quien asumió gracias al voto de la población hace poco más de un año.
El Congreso de la República, dominado por la oposición, recibió una denuncia de la Fiscalía de la Nación para destituirlo y enjuiciarlo como jefe de una organización criminal. El Legislativo tiene dos semanas para pronunciarse.
El Congreso de Perú cuenta con 130 legisladores. El partido que lo llevó a la presidencia, Perú Libre, tiene 37 escaños. Pero una parte de sus congresistas ya no lo apoyan. Le sigue Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, con 24 asientos, que votará por la declaración de vacancia.
Lo mismo hará Alianza para el Progreso, con 15 legisladores, al igual que los nueve congresistas de Renovación Popular. En Acción Popular, con 16 espacios, algunos lo apoyan y otros no.
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Sputnik consultó a analistas y referentes de organizaciones que llevaron a Castillo al poder. Con matices, coincidieron en que un error del presidente fue cortar la relación con los movimientos sociales que le dieron su apoyo durante la primera y segunda vuelta de elecciones, en 2021. Este y otros desaciertos fueron bien utilizados por sus opositores.

Una larga historia

La larga sucesión de presidentes peruanos destituidos, renunciados, presos, suicidados o investigados no se detiene.
Comenzó en el nuevo milenio con la destitución "por incapacidad moral" de Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente preso. Alejandro Toledo (2001-2006) concluyó su mandato, pero en 2019 fue detenido en Estados Unidos por pedido de la Fiscalía peruana, y salió bajo fianza.
Alan García pudo desarrollar su segundo gobierno entre 2006 y 2011. Pero se suicidó en 2019, cuando lo rodeaba la Policía para arrestarlo por su vinculación con el caso de corrupción Odebrecht.
Ollanta Humala también cumplió su mandato entre 2011 y 2016, pero luego estuvo preso acusado de lavado de dinero y asociación ilícita. Actualmente se defiende en libertad.
En 2018 renunció Pedro Pablo Kuczynski, quien había asumido en 2016. Le siguió Martín Vizcarra (2018-2020), apartado del cargo cuando el Congreso declaró su "vacancia por incapacidad moral".
Su sucesor, Daniel Merino, solo se mantuvo cinco días en la presidencia y renunció cuando dos personas murieron en las protestas sociales de noviembre de 2020.
Francisco Sagasti (2020-2021) pudo concluir el mandato iniciado por Kuczynski, luego de lo cual, se esperaba que con las elecciones ganadas por Castillo la estabilidad política regresaría a Perú.

Una acusación sin sustento constitucional

Betty Izaguirre, secretaria en Perú del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular (Conaicop), que se define como un espacio de comunicación que promueve la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos humanos en América Latina.
Antes de ir a una movilización en la plaza San Martín en Lima en apoyo al presidente, Izaguirre habló con Sputnik y consideró que hay un golpe de Estado en marcha para derrocar a Castillo.
Izaguirre explicó los vericuetos del sistema legal peruano que condicionan el enjuiciamiento del presidente: el Congreso no puede formular una denuncia contra Castillo porque el artículo 117 de la Constitución establece que solo se lo puede acusar, durante su mandato, de traición a la patria, de impedir el trabajo de los poderes Legislativo y Judicial, así como la realización de elecciones.
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Pero ninguna de estas causales se aplican, "porque se acusa al presidente de pertenecer o liderar una organización criminal, por denuncias basadas en algunos testimonios. Este hecho viola a esta Constitución neoliberal", vigente desde 1993, cuando era presidente Alberto Fujimori (1990-2000), dice.
La realización de una nueva constitución fue una de las promesas de campaña de Castillo, pero hasta ahora no pudo lograrlo, una de las razones por las cuales se distanció de sus bases sociales.
"Hay, por supuesto, un grupo de juristas que avalan esta situación. Los medios hegemónicos de comunicación dicen que es necesario que el presidente sea sacado del Gobierno",contó Izaguirre.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, "pide al Congreso que haga una interpretación de la ley 117, para que decida qué trámite debe seguir la denuncia constitucional, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción".

Desaciertos del presidente

Leonel Falcón, dirigente del Partido Humanista, que apoyó a Castillo en primera y segunda vuelta, se distanció del presidente porque "se rodeó de advenedizos, oportunistas y los politiqueros de siempre", dijo a Sputnik.
"Se estima que le han dado [a Castillo] dos millones de dólares en la segunda vuelta, bajo el señuelo de que era apoyo de campaña. Nunca rindió cuentas de esos recursos", indicó Falcón.
"La investigación de la Fiscalía da cuenta de todo ello. Entonces estamos ante un grave problema. En apariencia, Castillo es un hombre de pueblo. Pero en el pueblo también hay choros [ladrones]", sostuvo el abogado y periodista.
"Castillo ha cometido errores y horrores. De eso se aprovecha la derecha para golpear e insistir con la vacancia", evaluó Falcón.
Según Falcón, la Fiscalía detectó varios elementos que ameritan un proceso judicial. "Como el presidente Castillo tiene inmunidad presidencial, la fiscal ha hecho lo correcto y ha puesto la denuncia constitucional en el Congreso, para que prosiga con lo que corresponde".
"Hasta ahí la fiscal ha cumplido su función", agregó, pero la crítica es que "le ha dado los insumos necesarios a la derecha para tener mayor argumentación e ir a la vacancia".
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En este sentido, el abogado aclaró que en el Congreso no se juzgan conductas de orden penal, pues corresponde al Poder Judicial. "Lo que se juzga y evalúa ahí es el control político".
Si prospera la denuncia de la fiscal, sería la tercera vez que el Congreso vota por la vacancia de Castillo de su cargo. Las dos veces anteriores la oposición no alcanzó los 87 votos necesarios. Pero esta vez puede ser distinto el panorama, consideró el analista.
De esta manera, "se forzaría que se permita que el presidente Castillo sea suspendido. Ese es el objetivo de esta denuncia".
Por ello, Falcón evidenció que "si cuentas con 87 votos puedes bajar al presidente, tengas o no razón, sea constitucional o inconstitucional".

El dilema de los aliados

La Fiscalía de la Nación también denunció que el presidente Castillo compró votos en los anteriores debates congresales para evitar su vacancia. Para ello, habría entregado la dirección de ministerios a partidos políticos opositores.
Ante estas denuncias, Falcón pronosticó que si hay una tercera votación los congresistas ya señalados "van a cambiar de posición, porque las investigaciones ya los han puesto al descubierto".
"Es algo parecido a lo que hizo Fujimori [a lo largo de su mandato] para comprar votos de la oposición y así controlar el Congreso", comparó.
El partido de Falcón está en un conflicto de intereses: "Si decimos, 'Castillo, nosotros te pusimos y nosotros te sacamos', le haríamos el juego al golpismo de derecha. Estamos en una disyuntiva sobre qué hacer ante esta circunstancia".

Ni una prueba

"No hay una prueba objetiva que diga que el presidente ha cometido actos de corrupción. Todos son dichos y testimonios que deben ser investigados, siguiendo el debido proceso", dice Betty Izaguirre.
Varios grupos opositores "han venido trabajando de manera articulada para boicotear el trabajo del presidente Castillo. Él presentó un proyecto de ley para preguntar al pueblo peruano si quiere o no un cambio de Constitución. Sin embargo fue archivado, así como fueron archivados muchos proyectos de ley que el Gobierno ha presentado", señaló.
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Sumado a ello, "constantemente el Congreso llama a ministros para censurarlos, o impedirles el trabajo. ¿Cómo se puede hacer un trabajo continuo si permanentemente censuran a los ministros?", se preguntó la secretaria de la Conaicop.
"Aquí hay una persecución política judicial. Es tan evidente, que la mayoría nos damos cuenta", reflexionó.
Izaguirre reconoció que ha bajado el nivel de participación de las organizaciones populares, debido a algunas fallas que ha cometido el presidente Castillo, pero "si no nos levantamos contra lo que están haciendo, vamos a permitir que la derecha continúe poniendo y sacando presidentes de acuerdo a su gusto", concluyó.
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