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La Fiscalía de Perú defiende legalidad de denuncia contra el presidente por corrupción
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LIMA (Sputnik) — El Ministerio Público de Perú (Fiscalía) defendió la legalidad de la denuncia constitucional presentada por la fiscal general, Patricia... 20.10.2022, Sputnik Mundo
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La semana pasada, la fiscal general presentó una acusación (denuncia) constitucional contra Castillo ante el parlamento.En ella, la fiscal lo señala como el líder una organización criminal enquistada en el Gobierno y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal, entre otros actos de corrupción.De prosperar la denuncia en el parlamento, el presidente podría ser destituido del cargo o suspendido de él.Ante esta denuncia, el Gobierno solicitó el 12 de octubre a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).La CDI es un documento firmado por los Estados miembros de la OEA que plantea aspectos básicos que deberán respetar los países para garantizar que hay principios democráticos en sus instituciones.El Gobierno realizó esta solicitud pues considera que la denuncia contra el presidente forma parte de un intento de la fiscalía, el Congreso y sectores de la prensa de atentar contra la democracia al querer sacar al presidente de su cargo."El Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han resaltado la necesidad del respeto a la independencia de los fiscales para la persecución del delito sin intimidaciones ni injerencias", indicó la fiscalía al respecto.Asimismo, enfatizó que la autonomía del Ministerio Público debe ser respetada por todas las instituciones del Estado a fin de garantizar la institucionalidad democrática en el país.
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La Fiscalía de Perú defiende legalidad de denuncia contra el presidente por corrupción
19:09 GMT 20.10.2022 (actualizado: 09:38 GMT 28.12.2022) LIMA (Sputnik) — El Ministerio Público de Perú (Fiscalía) defendió la legalidad de la denuncia constitucional presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, ante el Congreso contra el presidente, Pedro Castillo, por presunta corrupción.
"La denuncia constitucional presentada al Congreso de la República se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de perseguir el delito y luchar contra la corrupción", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
La semana pasada, la fiscal general presentó una acusación (denuncia) constitucional contra Castillo ante el parlamento.
En ella, la fiscal lo señala como el líder una organización criminal enquistada en el Gobierno y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal, entre otros actos de corrupción.
De prosperar la denuncia en el parlamento, el presidente podría ser destituido del cargo o suspendido de él.
14 de octubre 2022, 22:42 GMT
Ante esta denuncia, el Gobierno solicitó el 12 de octubre a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).
La CDI es un documento firmado por los Estados miembros de la OEA que plantea aspectos básicos que deberán respetar los países para garantizar que hay principios democráticos en sus instituciones.
El Gobierno realizó esta solicitud pues considera que la denuncia contra el presidente forma parte de un intento de la fiscalía, el Congreso y sectores de la prensa de atentar contra la democracia al querer sacar al presidente de su cargo.
"El Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han resaltado la necesidad del respeto a la independencia de los fiscales para la persecución del delito sin intimidaciones ni injerencias", indicó la fiscalía al respecto.
Asimismo, enfatizó que la autonomía del Ministerio Público debe ser respetada por todas las instituciones del Estado a fin de garantizar la institucionalidad democrática en el país.
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