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Qué dice la Carta Democrática de la OEA que ahora se aplicará en Perú

© AP Photo / Jacquelyn MartinLuis Almagro, secretario general de la OEA
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La Organización de Estados Americanos (OEA) decidió aplicar su Carta Democrática a pedido del presidente de Perú, Pedro Castillo, y enviará al país una delegación de "alto nivel" para estudiar su institucionalidad. Creado en 2001, el instrumento ya se ha aplicado más de diez veces en seis países.
La Organización de Estados Americanos (OEA), accedió a activar la Carta Democrática Interamericana luego de que Pedro Castillo recurriera al organismo ante la crisis política en el país. El instrumento se aplica en casos de riesgo institucional en la región desde 2001.
El presidente peruano había solicitado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, acogerse al artículo 17 y 18 de la Carta Democrática para preservar el legítimo ejercicio del poder al entender que la acusación constitucional presentada por la Fiscalía en su contra—tras acusarlo de liderar una organización criminal ese mismo 12 de octubre—, era un intento de la oposición de romper el orden institucional en el país.
Además de exhortar a Gobierno y oposición a "promover el diálogo", la respuesta de la OEA incluye la designación de un "grupo de alto nivel conformado por representantes de los estados miembros" que hará una visita al país para "analizar" la situación.
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¿Qué es la Carta Democrática de la OEA y cuándo se aplicó?

La Carta Democrática Interamericana es empleada por los países de la OEA desde 2001 y se aplica en caso de que el organismo considere que hay una ruptura o alteración del orden democrático.
La Carta dice que, en caso de que en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, “cualquier estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente".
El instrumento define lo que para la OEA son los elementos esenciales de la democracia y su relación con el desarrollo integral, el combate a la pobreza, y los protocolos en caso de intervención ante amenazas.
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Según la OEA, la Carta Democrática vela por los derechos humanos, las libertades fundamentales, la eliminación de las formas de discriminación y el derecho a participación de la ciudadanía en su propio desarrollo.
Además, la Carta se propone defender las elecciones periódicas, la transparencia, la pluralidad de partidos y organizaciones políticas, así como la independencia de los poderes del Estado.
En su artículo 1 se califica a la democracia como "esencial para el desarrollo social, político y económico" y se reconoce que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla".
Según la situación, el Consejo Permanente puede disponer de gestiones diplomáticas en el territorio afectado.
Hasta 2016, el instrumento fue aplicado en diez oportunidades. La primera vez que se aplicó fue en Venezuela luego del golpe al expresidente Hugo Chávez (2002-2013) en 2002.
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Con el chileno José María Insulza a la cabeza, la OEA aplicó la Carta Democrática en Honduras producto del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya (2006-2009). La OEA llegó a suspender la membresía del país centroamericano producto del quiebre institucional.
Sin embargo, aunque en varios casos la Carta se ha utilizado para defender la democracia, como en Honduras o en el golpe contra Chávez, también ha sido un instrumento político utilizado contra países como Venezuela y Nicaragua.
En 2016, en el marco de la hostilidad de la OEA, liderada por el actual secretario general Luis Almagro, contra Venezuela, se intentó usar la Carta contra ese país, pero no reunió los votos necesarios.
En 2017, Almagro propuso la suspensión de Venezuela pero el Gobierno de Nicolás Maduro decidió abandonar oficialmente el organismo por sus propios medios en 2019, acusando a la institución de pretender tener injerencia en asuntos internos.
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La Carta se invocó en tres oportunidades contra Nicaragua —país actualmente suspendido por la OEA—, en los años 2004, 2005 y 2021; en Ecuador en 2005 y 2010; en Bolivia durante los años 2003 y 2005 durante la llamada “guerra del gas”, pedida por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada y en 2008 durante el Gobierno de Evo Morales; y en Perú en 2004 a pedido del presidente Alejandro Toledo.
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