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¿Qué hay detrás de las tensiones en México entre las víctimas, AMLO y las Fuerzas Armadas?

© Foto : Twitter / @SedenaMxElementos del Ejército mexicano deambulando en Nayarit.
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A las voces que critican al actual presidente de México bajo acusación de que está militarizando al país se sumaron recientemente las revelaciones sobre el Ejército mexicano ocurridas en el marco del hackeo de su información interna, atribuida al grupo Guacamaya.
Básicamente son tres los protagonistas de la compleja relación de las Fuerzas Armadas del país latinoamericano con su entorno, y se vieron frente a frente en el Campo Militar número 1 el 22 de junio de 2022: los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador y las víctimas de la llamada 'guerra sucia'.
Por un lado, el mandatario celebró la apertura de las instalaciones castrenses y sus archivos para que sean investigados por la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia. Por el otro, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, anunció que contaba con la autorización presidencial para rendir un homenaje a los elementos del Ejército caídos durante el proceso histórico referido.
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Además, los familiares de las víctimas del proceso, quienes al menos desde la década de 1960 sufrieron torturas, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, se inconformaron con el anuncio de Sandoval.
Esta realidad se aviva ahora que el Congreso de la Unión ha aprobado extender la presencia de elementos del Ejército en labores de seguridad pública en el país hasta 2028, en medio de la crisis de seguridad que arrastra el país latinoamericano al menos desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo entender, entonces, el panorama que vive México?

La democratización de la presidencia

La historia de la izquierda en México ha sido de resistencia durante décadas. La apertura democrática para la participación de partidos de oposición ante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ocurrió hasta la reforma electoral de 1977. La victoria electoral de López Obrador en 2018, pues, es un punto histórico en la historia de México, donde se acusa fraude electoral en procesos como los de 1988 y 2006, al menos.
Con esos antecedentes, el mandatario prometió atender deudas históricas paradigmáticas en el país como el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, o la llamada guerra sucia, cuando el Ejército perpetró crímenes de lesa humanidad contra fuerzas disidentes activas en el país, como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, en Guerrero, o los activistas de la Liga Comunista 23 de septiembre.
Sin embargo, simultáneamente ha sido criticado por otorgar espacios clave a las Fuerzas Armadas del país, como los beneficios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el control de las aduanas.

La tenacidad de las víctimas

Con decenas de miles de ejecutados y decenas de miles de personas desaparecidas, el caso de México es uno de los más violentos del panorama latinoamericano, en un escenario de golpes de Estado, dictaduras y regímenes militares en el hemisferio.
A episodios emblemáticos de la historia moderna de México, como las matanzas de estudiantes perpetradas en Tlatelolco en 1968 y en San Cosme en 1971, conocida como El Halconazo, se suman las operaciones de persecución de disidentes políticos que ahora investiga la Comisión de la Verdad, articulada en la presente Administración.
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El también escritor José Revueltas exhibió en su novela Los muros de agua, por ejemplo, que la prisión de las Islas Marías, ubicada en el océano Pacífico y hoy tornada un destino turístico y cultural, fue utilizada para aislar a activistas comunistas en el país.
Sobrevivientes de la guerra sucia se mantienen hoy organizados en diferentes agrupaciones, como el Comité 68, el Comité ¡Eureka! o los grupos de búsqueda de desaparecidos activos en varios puntos del territorio nacional.
En voz personal o como organizaciones, mantienen viva su exigencia de justicia tanto a las Fuerzas Armadas como a las autoridades gubernamentales, como quedó exhibido en el encuentro en el Campo Militar número 1 de junio de 2022.

Una relación paradójica

A pesar de sus antecedentes, las Fuerzas Armadas de México son percibidas como una institución adecuada para ejercer labores de seguridad contra la delincuencia organizada por el 80% de los mexicanos, de acuerdo con un sondeo elaborado por Buendía y Márquez y publicado a finales de agosto por el diario El Universal.
A su vez, el estudio realizado por la agencia de investigación Innovative Marketing & Consultants indicó que pese a la polémica en torno a la creación de la Guardia Nacional en el sexenio de López Obrador y el último escándalo por la exoneración del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, ambos organismos cuentan con confianza de los mexicanos, mientras que la Policía, tanto municipal, como federal y judicial, carecen de ella en términos de corrupción.

"Es decir, cuanto más verde y menos azul esté el uniforme hay mucha más credibilidad", comentó a Sputnik el CEO del Innovative Marketing & Consultants, Fernando Coronado Contreras.

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Consultados por Sputnik, ciudadanos mexicanos consideraron, por ejemplo, que fuerzas como la Guardia Nacional aún requieren mejor capacitación. Es el caso del jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Francisco, quien reconoce que un militar tiene mejor capacitación en seguridad que un policía, pero cuestiona la eficacia de la institución.
También el empleado Juan Reyes, trabajador en una tortillería de la alcaldía de Coyoacán, reconoció la formación prolongada de los militares.
"Los policías nada más entran por palancas que tienen y no tienen ni entrenamiento ni nada, no saben ni los reglamentos, no te saben decir tus derechos, no te saben leer tus derechos", lamenta. Al mismo tiempo, consideró que involucrar a los miembros de las FFAA en temas de seguridad pública es cruzar tareas y permitir que hagan cosas que no les corresponden.
Por su despliegue territorial en todo el país, el Ejército es percibido como tal vez la única institución capaz de hacer frente al desafío de seguridad que vive México, estimó en una entrevista con Sputnik la doctora en historia latinoamericana Adela Cedillo, egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison, especialista en el periodo de la guerra sucia. Además, consideró la profesora asistente, el Ejército ha trabajado en pulir su imagen pública ante la ciudadanía.
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"En las estadísticas siempre se muestra como la institución más respetada y lo paradójico es que esto sea así a pesar de una trayectoria muy larga que el Ejército tiene de violar derechos humanos, desde al menos la década de los 50 hasta la fecha, entonces pareciera que esto no le importa a la sociedad mexicana", consideró la investigadora.
"Ante cualquier problema, catástrofe natural, etcétera, la gente los percibe como los únicos que tienen la capacidad de controlar la situación, de ayudar, de proveer recursos, pues también han tenido esta labor social en caso de desastres que han promovido mucho esa imagen del Ejército salvador, del Ejército que ayuda, es un éxito de la propaganda", analizó.

Control de daños: plantear hechos aislados

Políticamente, la Defensa Nacional ha intentado hacer parecer como casos aislados su participación en hechos como la matanza de Tlatelolco o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informada por el propio Gobierno federal luego de su investigación en torno al caso, describió Cedillo.
Esta apariencia funciona como control de daños y amortiguamiento que no haga parecer estos hechos como resultados de políticas de Estado, añadió. "Esa es la parte que el grueso de la sociedad mexicana no alcanza a entender, que ha habido una sistematicidad, no son hechos aislados, que no son militares aislados, sino que son conductas que se han repetido en el tiempo y que son muy graves", aseveró.
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La molestia ante AMLO

Una de las principales fuentes de tensión entre el actual presidente y las Fuerzas Armadas, estimó Cedillo, deriva precisamente de estos compromisos de López Obrador de investigar casos de violaciones a los derechos humanos.
Los mandos militares, valoró la especialista, consideran que el presidente quiere perjudicar la imagen del Ejército al otorgarle razón a las organizaciones de izquierda que han ejercido una crítica constante a la institución.
"Históricamente han puesto en evidencia al Ejército y sus crímenes", añadió, por lo que las comisiones de investigación de la guerra sucia y el caso Ayotzinapa se perciben en la Defensa como ataques.
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"Hay muchas contradicciones y tensiones entre el mando civil y el mando militar", evaluó Cedillo y subrayó que el Ejército es conservador en su composición ideológica, por lo que se siente más cómodo con figuras presidenciales surgidas de ese espectro político, como el expresidente Calderón.
Además, agregó la historiadora, miran con suspicacia la presencia de López Obrador en el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal, por surgir de los movimientos de izquierda en el país.
"Desde el principio despertó alarmas en el Ejército porque el Ejército sigue siendo entrenado para combatir a las disidencias, y a la izquierda, y a los movimientos sociales, entonces AMLO fue percibido por inteligencia militar como alguien que estaba en el bando enemigo y les ha costado mucho trabajo construir una relación", anotó.

"Lo que no se dice es que esto no es nuevo"

Si bien la acusación de militarización que hacen diferentes grupos mexicanos a López Obrador tiene sustento en que se está intensificando la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, no se dice que este proceso no es nuevo, distinguió la universitaria.
"Muchas cosas que se condenan de la relación del ejecutivo y la Sedena o el Ejército, las Fuerzas Armadas, pues ya vienen desde décadas atrás, durante la guerra sucia la mayoría de los mandos policiacos tenían una formación militar, la principal agencia de espionaje del país, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fue formada por militares", enumeró.
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"Incluso las corporaciones locales policiacas, como policías municipales, etcétera, pues siempre había militares dirigiendo o participando como agentes de estas corporaciones, entonces los militares en funciones de seguridad pública no es algo que empezó a pasar en este sexenio, es una tradición que viene desde hace décadas", añadió.
La especialista también recordó que tampoco es invención de la actual presidencia mexicana la participación de elementos castrenses en espacios clave de la federación, como las aduanas.

Alternativas para la seguridad nacional

A pesar de las críticas al respaldo legal que ha otorgado a las Fuerzas Armadas, o bien a la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, el presidente de México reiteradas veces ha justificado su postura bajo el criterio de que es indispensable la participación de una fuerza profesional por los índices de inseguridad que vive el país.
Cedillo, en contraste, subrayó que el Ejército participa en labores de erradicación de cultivos ilegales desde 1948. como la amapola, lo que permitiría pensar que esa estrategia no ha sido eficaz en contener la proliferación de grupos del crimen organizado, pues desde entonces se han sucedido los episodios más emblemáticos de la historia del narcotráfico en el país.
"No ha sido la institución idónea para llevar a cabo estas acciones, lo vimos más crudamente durante el sexenio de Calderón, en los sexenios de Calderón y Peña Nieto no funcionó tampoco sacar al Ejército a las calles", mientras que ahora la violencia criminal continúa y las policías locales siguen corrompidas, por lo que la incógnita sobre qué hacer se agudiza, consideró la académica.
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Si bien las Fuerzas Armadas se presentan a sí mismas como un dique de contención contra la violencia criminal, recordó Cedillo, su actuar no atiende las causas estructurales de la violencia, lo que divide la opinión de los expertos sobre qué alternativas tiene México, donde se teme que devolver a los militares a los cuarteles podría multiplicar la violencia, mientras que otros consideran que su presencia en las calles es un detonante de inseguridad.
Las filtraciones del grupo de hackeo Guacamaya, añadió la historiadora, además han señalado complicidades de elementos del Ejército con grupos del crimen organizado mediante acciones como la venta de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y otros episodios, lo que complejiza aún más el escenario.
Sin embargo, consideró, una alternativa que no se ha ensayado para construir paz es la legalización responsable de prácticas hoy entregadas de facto al mercado negro y la delincuencia organizada, como el trasiego de sustancias y la prostitución.
"Si todo eso se regulara y hubiera un control efectivo del Estado, un monopolio de Estado sobre estas actividades para que, evidentemente, se lleven de forma tal que causen el menor daño posible, creo que eso podría empezar a dar resultados", aventuró.
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También recordó que el problema no es exclusivo de México, sino que se trata de una violencia trasnacional que involucra a actores de América Latina y Estados Unidos, por lo que las soluciones tampoco pueden buscarse solo a nivel doméstico, sino que necesitan voluntad política y cooperación multinacional.
"No depende de una administración o de la buena voluntad de un presidente, son muchos actores los que se tienen que coordinar para empezar a trazar una solución" con capacidad para negociar, valoró.
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