Un proyecto de ley busca restituir la pena de muerte en Perú para sicarios y secuestradores
Un proyecto de ley busca restituir la pena de muerte en Perú para sicarios y secuestradores
Sputnik Mundo
Una iniciativa legislativa presentada ante el Congreso peruano busca restituir la pena de muerte para los delitos de sicariato, secuestro y extorsión. De... 24.10.2022, Sputnik Mundo
El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, presentó un proyecto de ley que propone restituir la pena de muerte en Perú, ahora para quienes cometan delitos por sicariato, secuestro y extorsión.La medida ya fue apoyada por otros siete congresistas del mismo partido. Actualmente, el artículo 140 de la Constitución peruana establece que sólo puede imponerse la pena de muerte por la comisión del delito de traición a la patria "en caso de guerra y terrorismo, es decir, cuando se atenta gravemente un bien jurídico protegido como la integridad del territorio nacional o la soberanía del Estado".Los firmantes consideran que el proyecto no representa mayores gastos para el Estado, puesto que la propia comisión del delito ya se encuentra contemplada en la Constitución.El autor del proyecto destaca, además, que la comunidad peruana "se sentirá amparada por la Justicia y el Estado" y con la aplicación de la medida judicial "se protegerá de manera más eficaz a los ciudadanos".No es la primera oportunidad en que el tema se encuentra en la mira de los políticos.En abril, luego de que la sociedad peruana se viera escandalizada por el secuestro y la violación a una niña de tres años, la congresista Digna Calle presentó un proyecto de reforma constitucional que buscaba aplicar la pena de muerte a abusadores de menores de edad.En ese entonces, la medida fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que reafirmó la inutilidad de su aplicación como método preventivo ante delitos de abuso sexual y recordó que el país ya cuenta con penas máximas para estos casos, algo que no ha impedido que se sigan perpetrando.Sin embargo, históricamente, organizaciones y organismos internacionales han condenado su aplicación, en el entendido de que la pena no resuelve problemas estructurales de la violencia.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a sus Estados miembros a eliminar esta pena y a ratificar el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.El protocolo fue firmado en la década de 1990 por 10 países de la región, entre los que se incluye Uruguay, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Chile y Brasil, además de Argentina, que firmó el acuerdo en 2006.La última sentencia de muerte aplicada en Perú se dio en 1979, durante el Gobierno del expresidente Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). El último sentenciado fue Julio Alfonso Vargas, exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú, quien fue fusilado por traición a la patria tras acusaciones de realizar espionaje en beneficio del Gobierno chileno.
Una iniciativa legislativa presentada ante el Congreso peruano busca restituir la pena de muerte para los delitos de sicariato, secuestro y extorsión. De aprobarse, Perú podría volver a aplicar la sentencia de muerte, abolida para criminales desde 1979 y vigente sólo para casos de terrorismo.
El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, presentó un proyecto de ley que propone restituir la pena de muerte en Perú, ahora para quienes cometan delitos por sicariato, secuestro y extorsión.
La medida ya fue apoyada por otros siete congresistas del mismo partido.
"El que provoca, crea, mantiene o favorece un estado de zozobra, alarma o temor en la población, en un sector de ella o una familia; realizando, actos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personal o contra el patrimonio de las personas, a través de actos que constituyen delitos de sicariato, secuestro, extorsión, robo agravado y causen la muerte de la víctima será reprimido con pena de cadena perpetua o muerte", esboza el proyecto.
Actualmente, el artículo 140 de la Constitución peruana establece que sólo puede imponerse la pena de muerte por la comisión del delito de traición a la patria "en caso de guerra y terrorismo, es decir, cuando se atenta gravemente un bien jurídico protegido como la integridad del territorio nacional o la soberanía del Estado".
Los firmantes consideran que el proyecto no representa mayores gastos para el Estado, puesto que la propia comisión del delito ya se encuentra contemplada en la Constitución.
El autor del proyecto destaca, además, que la comunidad peruana "se sentirá amparada por la Justicia y el Estado" y con la aplicación de la medida judicial "se protegerá de manera más eficaz a los ciudadanos".
No es la primera oportunidad en que el tema se encuentra en la mira de los políticos.
En ese entonces, la medida fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que reafirmó la inutilidad de su aplicación como método preventivo ante delitos de abuso sexual y recordó que el país ya cuenta con penas máximas para estos casos, algo que no ha impedido que se sigan perpetrando.
Sin embargo, históricamente, organizaciones y organismos internacionales han condenado su aplicación, en el entendido de que la pena no resuelve problemas estructurales de la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a sus Estados miembros a eliminar esta pena y a ratificar el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
El protocolo fue firmado en la década de 1990 por 10 países de la región, entre los que se incluye Uruguay, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Chile y Brasil, además de Argentina, que firmó el acuerdo en 2006.
La última sentencia de muerte aplicada en Perú se dio en 1979, durante el Gobierno del expresidente Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). El último sentenciado fue Julio Alfonso Vargas, exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú, quien fue fusilado por traición a la patria tras acusaciones de realizar espionaje en beneficio del Gobierno chileno.
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