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Estas son las interrogantes que el Ejecutivo de Ecuador someterá a la consulta popular

© AP Photo / Dolores OchoaGuillermo Lasso, el presidente de Ecuador
Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2022
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El Gobierno de Guillermo Lasso prepara un referendo para febrero de 2023 con una serie interrogantes que buscan fortalecer la seguridad, fomentar el empleo, realizar mejoras institucionales y de carácter medioambiental. Te contamos en qué consisten.
La Corte Constitucional estudia tres nuevas preguntas que el Ejecutivo ecuatoriano agregó a la consulta popular que se realizará en el marco de las elecciones seccionales. Los nuevos interrogantes que buscan fortalecer la seguridad y fomentar el empleo, se suman a ocho ya aprobadas por el organismo de justicia.
La Corte tendrá 20 días para pronunciarse sobre la validez de los textos presentados por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el pasado 31 de octubre.
Las tres preguntas están enfocadas en “fortalecer la seguridad y fomentar el empleo para los ciudadanos”, según adelantó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso a través de Twitter.

Las interrogantes propuestas por el Gobierno son las siguientes:

¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?
¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?
¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?
Entre los temas ya aprobados, se incluye permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional que incluye delitos por narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.
Se busca también garantizar la autonomía de la Fiscalía, en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios; reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional dado que la actual normativa establece que las bancadas deben aumentar en función del crecimiento poblacional; exigir que los movimientos políticos tengan un número mínimo de afiliados.
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También apuesta por modificaciones en materia medioambiental dado que prevé incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y busca que las personas o comunidades reciban compensaciones por sus contribuciones en la generación de servicios ambientales.
Los otros dos interrogantes apuestan por modificar la forma de designación de algunas autoridades y retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) su papel en la selección y designación de autoridades. En ese sentido, se prevé que los cargos de Contralor, fiscal, defensores públicos y del pueblo, entre otros, sean definidos por la Asamblea.
De igual manera, se propone que los miembros del CPCCS también sean definidos por los asambleístas.

Cómo será el proceso hacia el referendo

El pronunciamiento final de la Corte sobre la totalidad de las preguntas es fundamental para que pueda emitirse el decreto ejecutivo que convocará a la consulta popular.
El organismo de Justicia deberá primero analizar que las interrogantes cumplan requisitos legales y además, no sean tendenciosas con el electorado.
Ni bien se cumpla este protocolo, el Consejo Nacional Electoral contará con 15 días para llamar a elecciones que deberán realizarse en no más de 60 días y de acuerdo a las previsiones del Gobierno, podrían celebrarse en simultáneo con las elecciones seccionales—donde se vota a las autoridades locales del país— , fijadas para el 5 de febrero de 2023.
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