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El Gobierno argentino denuncia a jueces y funcionarios por realizar y encubrir viaje privado

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El Ministerio de Justicia de Argentina denunció penalmente por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas a unos jueces, un ministro, un fiscal, un empresario y a un exespía que tomaron un vuelo privado a Bariloche para hospedarse en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
La denuncia atañe "a jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y Dádivas", informó el Gobierno en un comunicado.
Fueron acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas el juez federal Julián Ercolini, su colega Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país; el hijo de éste, Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires; y el ministro de Justicia y Seguridad de la capital, Marcelo D'Alessandro.
También deberán responder ante la justicia por el delito de dádivas el director general del Grupo Clarín, Jorge Rendo, del conglomerado mediático más importante del país; el administrador del inmueble de Lago Escondido, perteneciente a Lewis, Nicolás Van Ditmar; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la extinta Secretaría de Inteligencia (SIDE), Leo Bergroth.
Todos ellos se organizaron a través de un grupo de Telegram para difundir una misma versión del encuentro y esconder el carácter privado del viaje que habría financiado el Grupo Clarín.
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Según se desprende de la filtración, los mencionados tomaron un vuelo privado el 13 de octubre desde la localidad bonaerense de San Fernando hasta Bariloche y se alojaron en la mansión que Lewis tiene en la Patagonia, en tierras que alcanzan las 14.000 hectáreas y en donde se encuentra Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar situado en plena cordillera de Los Andes cuyo acceso público es obstaculizado por el magnate británico.
A través del grupo de Telegram, creado después de que el diario Página 12 informara el 17 de octubre de la existencia de ese viaje, los participantes del cónclave intercambiaron pareceres sobre cómo enmascarar su traslado en un vuelo privado y su estadía en la estancia de Lewis.
"En caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos (...) no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", planteó el ministerio.
La cartera que dirige Martín Soria advirtió que "la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal".
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Como primera medida de prueba, el Palacio de Justicia pidió que se requisen los aparatos celular de todos los implicados.
"Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse", reprochó.
El Ministerio de Justicia cuestionó que no haya reaccionado hasta el momento el Consejo de la Magistratura, órgano responsable de evaluar, sancionar y remover a los jueces.
Es por ello que el Estado nacional pide ser querellante de esta causa, ante el conocimiento de que "gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación".
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, relacionó este caso con su condena conocida el 6 de diciembre, por la que recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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