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Cuestionado régimen de excepción permite bajar homicidios en El Salvador

© AP Photo / Salvador MelendezUn soldado participa en una operación de búsqueda de pandilleros, en Soyapango, El Salvador, el 3 de diciembre
Un soldado participa en una operación de búsqueda de pandilleros, en Soyapango, El Salvador, el 3 de diciembre - Sputnik Mundo, 1920, 26.12.2022
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El Salvador termina 2022 con un descenso sin precedentes en la tasa y la cifra total de homicidios, un escenario que el Gobierno adjudica a un régimen de excepción que ha motivado denuncias de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
"El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de América Latina", afirmó días atrás el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, al comentar que en la mayoría de los días de diciembre no ocurrieron asesinatos.
"Es increíble pensar que hasta hace unos años, éramos el país más peligroso del mundo", agregó el mandatario en ese mismo mensaje.
Efectivamente, este país centroamericano supo tener una tasa de homicidios de las más altas del mundo.
Ya previamente el Gobierno había proclamado a octubre y noviembre pasados como los meses más seguros de la historia salvadoreña, con 14 homicidios cada uno, un hecho que también atribuyó al estado de excepción decretado el 27 de marzo pasado por la Asamblea Legislativa a solicitud del mandatario, con el objetivo de combatir a las pandillas.
El surgimiento de las pandillas, o "maras", como se las conoce en el país y la región, se remonta a fines de los años 90. Tras crecer de manera importante en los años siguientes, estos grupos lograron el control de muchas comunidades, de donde se financiaban gracias a las extorsiones contra comerciantes y pobladores en general.
A la par de su crecimiento, se desataban enfrentamientos cada vez más sangrientos entre los dos grupos que se disputaban el poder en el país: Mara Salvatrucha y La 18.
Entonces, la cifra de 14 homicidios era un promedio diario y el país ostentaba el vergonzoso primer puesto en la tasa de asesinatos en todo el mundo.
Actualmente la situación es distinta, pero a la par que bajan los asesinatos aumentan las denuncias de la población, así como de organismos locales e internacionales, sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y la detención de personas cuya presunta vinculación a las pandillas nunca fue probada.
"En este contexto se dan una serie de arbitrariedades respecto a los arrestos de personas que no pertenecen a pandillas, pero que viven en zonas empobrecidas", expresó a Sputnik el profesor en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, Francisco Omar Parada.

"Esta situación sin control sobre capturas arbitrarias fue generando denuncias de familiares que exigen la libertad de sus seres queridos, porque son inocentes, e incluso motivó la creación de un Movimiento de Víctimas del Régimen [MOVIR]", agregó Parada, miembro del equipo de conducción del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), una organización de la sociedad civil que se opone al Gobierno de Bukele.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, confirmó el 10 de diciembre que desde la aprobación del régimen de excepción la entidad registra 274 expedientes con más de 4.000 denuncias.
"La población ha sido la que más ha sufrido con dicho régimen; por un lado, temían por las pandillas, ahora temen por los militares que en cualquier momento pueden capturar a cualquier joven de zonas empobrecidas y condenarlo para llenar las estadísticas del gobierno", advirtió Parada.
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Asimismo, el régimen de excepción anula la posibilidad de que se fiscalice el uso de los fondos públicos por parte del Ejecutivo.
El académico y activista explicó que el BRP está a favor de políticas públicas que combatan de manera efectiva a las pandillas y ataquen el origen del problema: la violencia generada en la desigualdad y el empobrecimiento.
"Es por eso que no estamos de acuerdo con dicho régimen de excepción, porque no ataca el problema desde la raíz. Muestra el militarismo como una solución efectiva a los problemas de la sociedad y esta política de militarización ha generado ya muchos abusos", subrayó.

Reducción de homicidios sin precedentes

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, adelantó a mediados de diciembre que el país cerrará el año con menos de 500 homicidios y una tasa de ocho asesinatos cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región.
Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señalan que ese indicador viene descendiendo desde 2015, cuando fue de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, tasa que ratificó a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, un estigma que cargaba desde 1995 cuando alcanzó la escalofriante cifra de 142 homicidios cada 100.000 personas.
De acuerdo con la ONU, la tasa bajó a 83 homicidios cada 100.000 personas en 2016, siguió descendiendo al año siguiente (62/100.000), en 2018 fue de 52/100.000 y volvió a bajar en 2019 —año en que tomó posesión Bukele y puso en marcha el Plan de Control de Territorial—, a 37 homicidios cada 100.000 habitantes.
En 2020 la tasa fue de 19,7 homicidios cada 100.000 habitantes y en 2021 continuó su tendencia a la baja con 17,6 asesinatos cada 100.000 personas.
Si se registran las cifras que estiman las autoridades, la tasa de ocho homicidios cada 100.000 sería un récord absoluto para el país.
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Villatoro informó además que durante el régimen de excepción los arrestos de pandilleros superan los 60.000 y las autoridades desarticularon más del 70% de las estructuras de las pandillas, además de haber capturado a 10 de sus 15 principales cabecillas y a otros 900 integrantes con poder de mando.
La guerra contra las pandillas registra una escalada con el inicio el pasado 23 de noviembre de la quinta fase del Plan de Control Territorial, que consiste en el cerco de municipios densamente poblados, con el propósito de capturar a pandilleros que han logrado evadir la persecución de las autoridades.
Diez días después, la madrugada del 3 de diciembre, 8.500 militares con apoyo de tanquetas blindadas y 1.500 policías ocuparon el municipio de Soyapango, uno de los más populosos en el oriente de la capital, en uno de los mayores despliegues desde los tiempos de la guerra civil (1980-1992).
En pocos días, unos 500 pandilleros fueron arrestados en un minucioso proceso de búsqueda, en el cual ha cooperado la población tras perder el miedo a las bandas criminales que asolaban sus comunidades, según dijo el ministro de la Defensa, vicealmirante René Francis Merino Monroy.
"Esta campaña de guerra va a terminar hasta que capturemos hasta el último pandillero", afirmó Villatoro sobre el régimen de excepción, que cuenta con alta aprobación popular, según las encuestas de opinión.
De acuerdo a un sondeo de la Universidad Francisco Gavidia, realizado a fines de septiembre, 74% de los entrevistados se manifestó de acuerdo con el régimen de excepción.
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