¿Por qué Perú cierra el 2022 con más de 70 conflictos sociales vinculados a la minería?
¿Por qué Perú cierra el 2022 con más de 70 conflictos sociales vinculados a la minería?
Sputnik Mundo
El país tiene 161 conflictos sociales activos, de los cuales 72 están relacionados con la industria de la minería, de acuerdo con los datos de la Defensoría... 31.12.2022, Sputnik Mundo
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📰 los eventos que marcaron el 2022 y lo que depara el 2023 en américa latina
Perú cierra un año agitado debido a la crisis política y social tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre y las posteriores protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. La conflictividad es moneda corriente en el páis sudamericano, donde se han registrado 221 conflictos sociales en 2022, de los cuales 161 están activos.Cusco (sureste) es la región de mayor conflictividad en el sector minero, ya que allí se registran 12 disputas sin resolver. Los motivos de pugna son el incumplimiento de convenios y la demora para ejecutar los acuerdos entre las empresas mineras y las comunidades.Rolando Luque explicó que el país arrastra conflictos desde hace al menos 18 años. En ese tiempo si bien ha habido avances por parte del Estado y las empresas, Perú está lejos de tener "un modelo o sistema para atender a la conflictividad social".El representante de la Defensoría del Pueblo advirtió que la resolución de los conflictos "depende del funcionamiento general del Estado y del funcionamiento del mercado [...] Si en esta coyuntura hay una gran inestabilidad política, la consecuencia es que la confianza en las instituciones disminuye"."Se hace más difícil orientar el conflicto por las vías del diálogo y la ley" en aquellos lugares alejados donde el Estado no ha estado presente, indicó.El corredor minero de Perú es señalado como una zona de alta conflictividad. Durante este 2022, la mina Las Bambas, ubicada en el departamento sureño de Apurímac, fue uno de los puntos neurálgicos de las confrontaciones.No obstante, las protestas y manifestaciones en Las Bambas se vienen dando desde la apertura de la mina en 2016. Los pobladores reclaman una mayor compensación económica por las tierras y el uso de la caminería por parte de las mineras.Apesar de la productividad del sector y los empleos que genera en las regiones mineras, los indicadores de pobreza y sanitarios entre los pobladores locales siguen siendo preocupantes."Se entiende esa decepción y esa frustración" de las poblaciones cuyas vidas no han cambiado sustancialmente", explicó el experto en conflictos sociales.Resolución de los conflictosSegún Luque el 47% de los acuerdos sobre conflictos sociales no se cumplen por falta de impulso político. Además dichos acuerdos "no están bien pensados" y se realizan en base en diálogos que "son un poco apresurados".Para el defensor, la resolución formal de los conflictos debe ser una cuestión de la gestión pública. "Alguien tiene que hacerse responsable de que esos acuerdos ingresen a los planes operativos, tengan presupuesto y plazos de cumplimiento dentro de la función pública de cada ministerio, gobierno regional o gobierno local que se haya comprometido a ejecutarlos", subrayó por su parte a La República.
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¿Por qué Perú cierra el 2022 con más de 70 conflictos sociales vinculados a la minería?
El país tiene 161 conflictos sociales activos, de los cuales 72 están relacionados con la industria de la minería, de acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo.
Perú cierra un año agitado debido a la crisis política y social tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre y las posteriores protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. La conflictividad es moneda corriente en el páis sudamericano, donde se han registrado 221 conflictos sociales en 2022, de los cuales 161 están activos.
Cusco (sureste) es la región de mayor conflictividad en el sector minero, ya que allí se registran 12 disputas sin resolver. Los motivos de pugna son el incumplimiento de convenios y la demora para ejecutar los acuerdos entre las empresas mineras y las comunidades.
"Los conflictos más frecuentes [en el país] son los socioambientales vinculados a la minería. Estamos hablando del 48% del total de los conflictos en el Perú tienen que ver con esta actividad económica", aseguró Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, al medio peruano RPP Noticias.
Rolando Luque explicó que el país arrastra conflictos desde hace al menos 18 años. En ese tiempo si bien ha habido avances por parte del Estado y las empresas, Perú está lejos de tener "un modelo o sistema para atender a la conflictividad social".
El representante de la Defensoría del Pueblo advirtió que la resolución de los conflictos "depende del funcionamiento general del Estado y del funcionamiento del mercado [...] Si en esta coyuntura hay una gran inestabilidad política, la consecuencia es que la confianza en las instituciones disminuye".
"Se hace más difícil orientar el conflicto por las vías del diálogo y la ley" en aquellos lugares alejados donde el Estado no ha estado presente, indicó.
No obstante, las protestas y manifestaciones en Las Bambas se vienen dando desde la apertura de la mina en 2016. Los pobladores reclaman una mayor compensación económica por las tierras y el uso de la caminería por parte de las mineras.
Apesar de la productividad del sector y los empleos que genera en las regiones mineras, los indicadores de pobreza y sanitarios entre los pobladores locales siguen siendo preocupantes.
"Es tiempo de echarle una mirada a políticas como la ley de concesiones mineras, nueva ley de minería, el tratamiento de los recursos hídricos, el cánon, las regalías, la inversión pública, en estas zonas donde además el nivel de pobreza es muy alto", indicó Luque a RPP Noticias.
"Se entiende esa decepción y esa frustración" de las poblaciones cuyas vidas no han cambiado sustancialmente", explicó el experto en conflictos sociales.
Resolución de los conflictos
Según Luque el 47% de los acuerdos sobre conflictos sociales no se cumplen por falta de impulso político. Además dichos acuerdos "no están bien pensados" y se realizan en base en diálogos que "son un poco apresurados".
Para el defensor, la resolución formal de los conflictos debe ser una cuestión de la gestión pública. "Alguien tiene que hacerse responsable de que esos acuerdos ingresen a los planes operativos, tengan presupuesto y plazos de cumplimiento dentro de la función pública de cada ministerio, gobierno regional o gobierno local que se haya comprometido a ejecutarlos", subrayó por su parte a La República.
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