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Mandatario argentino impulsará juicio político de presidente de la Corte Suprema

© AP Photo / Juan Ignacio RoncoroniAlberto Fernández, el presidente de Argentina
Alberto Fernández, el presidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 02.01.2023
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino anunció que impulsará junto con gobernadores del país el juicio político del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, después de que el máximo tribunal del país emitiera una medida cautelar que ordenaba al estado aumentar el porcentaje de unos impuestos que debe traspasar a la capital.
"Convoqué a los señores gobernadores que acompañaron al Estado nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su desempeño", informó el mandatario Alberto Fernández en las redes sociales.
En una carta dirigida a la ciudadanía, el presidente informó que también requerirá que se investiguen las actuaciones de los otros tres integrantes de la Corte Suprema, a raíz de la medida cautelar dictada el 21 de diciembre que amplía de 1,4 al 2,95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la ciudad, denominados fondos coparticipables.
Tras repasar algunos logros de su gestión, Fernández asumió que debía tomar la iniciativa "cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
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Alberto Fernández acata el fallo de la Corte Suprema sobre impuestos a Buenos Aires
El gobernante instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que inicie las acciones penales correspondientes a fin de que "se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo".
De acuerdo con el presidente, el país debe ponerse de acuerdo en construir "un Estado de derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad", con una política que "olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado".
En otro tramo de su carta, el presidente argentino señaló que las dos prioridades de su Ejecutivo será bajar la inflación, que llegó al 92,4% en los últimos doce meses, y mejorar la redistribución del ingreso.
Hace unos días, Fernández ordenó al Procurador del Tesoro que presente un recurso de revocatoria "in extremis" contra el fallo de la Corte Suprema, con el propósito de que se revise la medida cautelar.
La primera reacción del Ejecutivo de incumplir la medida del máximo tribunal del país, decisión que fue acompañada por 18 de los 24 mandatarios provinciales del país, pero después accedió a pagar a través de unos bonos, los TX31.
La actual gestión reprochó que el fallo de la Corte implique transferir a la ciudad, el distrito más rico del país, más de 180.000 millones de pesos adicionales (997 millones de dólares al cambio oficial).
La principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, rechazó el 2 de enero las pretensiones de Alberto Fernández y aseguró que "estas maniobras desesperadas contra la justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad".
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también denunció penalmente al Ejecutivo tras el fallo de la Corte Suprema, emitido el 21 de diciembre.
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Antecedentes

Apenas asumió su cargo en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) elevó de 1,4% a 3,75% los recursos que debía recibir la capital del país, gobernada desde 2007 por su partido.
En aquel momento, el mandatario traspasó la policía federal bajo la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
En septiembre de 2020, el Gobierno actual quitó a la capital un punto de los impuestos coparticipables a través de un decreto que fue recurrido por la jefatura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bajo la justificación de que este excedente no estaba siendo utilizando para el funcionamiento del cuerpo policial.
El Ejecutivo adoptó esta decisión para crear un fondo presupuestario especial para la provincia de Buenos Aires, donde vive el 37% de la población.
En diciembre de 2020, la actual administración sancionó y promulgó la Ley 27.606, que fijó en 2,32% la participación de la ciudad en los impuestos que administra el Estado.
En su medida cautelar dictada por unanimidad, la Corte Suprema ordenó al Gobierno que se abstuviera de aplicar esa normativa por la que el Ejecutivo había reducido el porcentaje que debía pasar a la capital de los impuestos compartidos con las otras jurisdicciones.
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