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¿Se puede utilizar la Ley Antiterrorista contra los llamados bolsonaristas radicales?

© AFP 2023 / Caio GuatelliLos partidarios del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro
Los partidarios del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro - Sputnik Mundo, 1920, 03.01.2023
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Los actos violentos en la ciudad de Brasilia han abierto el debate sobre el uso de la Ley Antiterrorista contra los llamados bolsonaristas radicales. Los analistas consultados por Sputnik difieren sobre el uso de dicha ley para inculpar a los implicados en protestas radicales.
El pasado 12 de diciembre, los partidarios más radicales del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, recorrieron las calles de Brasilia promoviendo una ola de protestas violentas acompañadas con la quema de coches y autobuses, los saqueos de edificios públicos y el intento de invadir la sede de la Policía Federal. Pocos días después, un empresario bolsonarista fue detenido por intentar hacer estallar una bomba en un camión cisterna frente al aeropuerto de la capital del país.
Los dos episodios abrieron un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el atentado a la democracia. En el centro de la discusión está la pregunta: ¿los hechos violentos en la capital federal podrían encuadrarse en la Ley Nº 13.260/2016, popularmente llamada Ley Antiterrorista?
Joao Cláudio Pitillo, profesor de historia e investigador de la Universidad de Estado de Río de Janeiro (UERJ), señala en primer lugar que las protestas en Brasilia no pueden considerarse legítimas "porque violan la Constitución al pretender hacer de las Fuerzas Armadas un poder moderador". En su valoración, este factor hace que las protestas actuales sean diferentes a las vividas en Brasil, por ejemplo, en 2013, en las llamadas Jornadas de Junio.

"En 2013, no eran protestas contra el resultado de las elecciones, ni contra las urnas electrónicas. Al contrario, pedían reformas que profundizaran en el papel del Estado, querían que el Estado fuera más fuerte en educación, sanidad, vivienda, derechos humanos", explica Pitillo.

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En su opinión, las protestas actuales equivalen a terrorismo porque pretenden impedir la llegada al poder de un Gobierno elegido mediante un "proceso limpio y soberano". Pittillo agrega que en este contexto, la Ley Antiterrorista "puede y debe aplicarse".
"Se puede y se debe utilizar [la ley] cuando ponen una bomba en un camión de gasolina, queriendo que vuele un aeropuerto, cuando existe un plan para destruir una central eléctrica en Brasilia para crear un apagón, el caos. Es decir, hay toda una trama terrorista que, teóricamente, funcionaría para generar la presencia de las Fuerzas Armadas e impedir un proceso democrático", asevera el analista.
Pitillo agrega que el escenario sería diferente si los manifestantes protestaran contra un Gobierno autoritario. Según él, en este caso, entraría dentro del "derecho de rebelión consagrado en la Carta de la ONU".
"Pero lo que estamos viendo ahora es lo siguiente: el Gobierno de Lula no es un Gobierno antidemocrático, no es un Gobierno que vaya a cercenar el derecho de ir y venir, la libertad de expresión, el derecho de reunión, las agendas a discutir en el ámbito popular", añade.
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El especialista en derecho constitucional Antonio Carlos De Freitas Junior tiene una opinión diferente, en su evaluación las protestas actuales no pueden enmarcarse en la Ley Antiterrorista, porque el texto actual trata del terrorismo basado en prejuicios de color, raza, etnia y xenofobia. Subraya que considera la ley muy importante, pero dice que las recientes protestas "se encuadran mejor en la tipificación de delitos contra las instituciones democráticas", incluida en la Ley 14.197/2021.

"Es un capítulo específico del Código Penal, de delitos contra las instituciones democráticas. Esta cuestión de organizarse para impedir el funcionamiento de las instituciones democráticas para derrocar al Gobierno [con un] golpe de estado, también es un delito. No es terrorismo, específicamente, pero es un delito que está tipificado en el Código Penal", considera el investigador.

Añadió que esta ley sería más adecuada para enmarcar los actos de violencia vividos en Brasilia.
"Estos actos que se están llamando terroristas, de [colocación de] bombas, agresión, van más dirigidos contra las instituciones democráticas. No pretenden fomentar la agresividad ni el miedo o temor a causa de un origen, etnia, religión o algo parecido. Pretenden hacerse con el poder, dar un golpe de Estado. Así que encajan mejor en los delitos contra las instituciones democráticas", destacó Antonio Carlos De Freitas.

¿Cómo evitar una nueva ola de violencia?

Aunque algunos campamentos han empezado a desmantelarse tras la toma de posesión de Lula, la parte radical de la población descontenta con los resultados electorales sigue aspirando a una intervención federal. Ante esto, ¿cómo prevenir nuevos actos de violencia?
Para Pitillo, lo principal es constatar que la Constitución de 1988 trajo avances que salvaguardan al país de una ruptura institucional, pero la sociedad debe estar siempre alerta ante cualquier amenaza a la Carta Magna.

"Y la Constitución de 1988, la de los ciudadanos, entre avances y retrocesos impide este tipo de golpes y acciones reaccionarias", afirma.

Antonio Freitas, por su parte, señala dos factores. La primera es la necesidad de actuar con energía para evitar que actos como los ocurridos en la capital federal queden impunes.
"La impunidad es uno de los principales elementos de la criminalidad, desde los delitos más simples y banales hasta los más complejos. La falta de un tratamiento más enérgico por parte de las fuerzas policiales contra este tipo de ataques puede generar una situación que permita la proliferación de este tipo de ataques o una mayor movilidad para que los grupos extremistas radicales, no de origen étnico, por raza, origen, sino por ideologías políticas, puedan sentirse más cómodos, sentir impunidad para no solo continuar con estos actos sino para agravarlos", aseveró Freitas.
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Además, advierte de otro peligro que serpentea silenciosamente, y es que la falta de legislación específica contra las mentiras y tergiversaciones difundidas en el entorno de las redes sociales.

"Falta una legislación que impida que estos medios digitales contemporáneos sean un canal, una herramienta no solo para cometer actos delictivos sino para incitar a la fractura social", afirmó el experto.

Agregó que las bombas y las armas son formas concretas de violencia, pero que "la violencia silenciosa que produce la mentira también provoca fisuras, causa problemas a la democracia y puede destruirla".
"El arma de la comunicación no tiene herramientas legales para impedir su uso, para evitar que deteriore la democracia. Es importante una legislación, un debate social, de la comunidad jurídica, política y social para mejorar las herramientas, evitando la mentira, la tergiversación de los hechos porque corroen la democracia. Son armas silenciosas porque solo acaban en el móvil, no es una bomba, no es un disparo, pero pueden causar problemas muy graves. A veces más graves que las armas y que las bombas", concluyó Freitas.
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