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Una minera canadiense aflige a una comunidad de México: "Gracias a la lucha no nos han desplazado"

© Foto : Fortuna Silver Mines IncMina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc
Mina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc - Sputnik Mundo, 1920, 06.01.2023
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Una vez más, los mexicanos afrontan las consecuencias de una empresa extranjera que llegó al país latinoamericano para hacer lucro con sus recursos naturales. Esta vez se trata de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.
Las actividades de la Minera Cuzcatlán han obligado a los habitantes de la comunidad de San José del Progreso, en Oaxaca, a convivir con gases cuya composición desconocen, a comprar agua potable para sobrevivir y a enfrentarse entre ellos mismos por el proyecto de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc.

"No tenemos por dónde entrarle, podemos seguir exigiendo, pero no tenemos ni la economía [el poder adquisitivo] para comprobar el nivel de contaminación que hay", declara para Sputnik la activista Rosalinda Dionisio Sánchez, una de las tantas voces que se ha opuesto a este proyecto desde hace una década.

La resistencia contra las operaciones de la Minera Cuzcatlán, que en 2012 obtuvo una concesión de 50 años para la extracción de plata y oro, ya dejó un saldo de un activista muerto: Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado en un ataque armado, en marzo de 2012, y en el que resultaron lastimados sus hermanos Andrés y Rosalinda.
Aunque este hecho evidenció el riesgo al que se enfrentaba la comunidad, "el Estado nunca hizo caso", acusa la activista sobreviviente.
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Las amenazas y la compra de voluntades también han tenido un efecto en la organización colectiva de esta comunidad de más 6.500 habitantes, denuncia Dionisio Sánchez.
"Desde que llegó [la minera] se generó toda una situación de ruptura del tejido social por la compra de conciencias, adquisición de la mayoría de los terrenos, que tampoco fueron expuestos en una asamblea, sino que fue de manera personal, y algunas personas ni sabían. Hubo diferentes formas de adquisición de la tierra, unos con amenazas, hay personas que no saben leer, hay contratos que ellos han mostrado y que tienen huellas digitales, y eso significa que [los firmantes] no saben lo que dice el contrato", asegura la activista.
La compañía canadiense presume de mantener sus operaciones en regla y sin contaminación, aun cuando nunca ha presentado a los habitantes de San José estudios de impacto ambiental o tan siquiera el alcance del proyecto. De lo que sí hay registro, narra Rosalinda, es de los gases que desprende la obra y que constantemente se respiran por la actividad de la mina.
También se han reportado derrames de sustancias tóxicas, como el ocurrido en el río Coyote, en la comunidad vecina Magdalena Ocotlán, en 2018, el cual dejó varios animales muertos por la contaminación del agua y promesas de sanciones que nunca llegaron por la exoneración que hizo la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), según la denuncia presentada por la organización Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

"Hay cosas que no son visibles y la misma empresa sale a decir: 'Compruébalo', cuando nosotros no tendríamos que hacerlo: ellos tendrían que comprobar que no contaminan o que no están haciendo ningún daño a nuestra comunidad", sostiene Rosalinda Dionisio.

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Una lucha contra un lucrativo negocio

Al inicio de su sexenio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que su Gobierno no concedería más permisos de explotación a mineras extranjeras, una lucha que recientemente refrendaron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro.
El pasado 2 de enero, tras una reunión con Raquel Buenrostro, Albores González adelantó que analizarán las concesiones mineras que operan en México debido al impacto ambiental que generan. En una reunión previa, en diciembre, la secretaria de Economía también advirtió que muchas de las empresas operan con alto nivel de corrupción.

"Tenemos denuncias penales, porque personas que trabajaban en [la secretaría de] Economía se concesionaban a sí mismos espacios y minas. Entonces, hay un problema de corrupción muy fuerte y estamos tratando de integrar toda la información, porque no tiene un sentido seguir dando concesiones", declaró Buenrostro.

En 2021, la Semarnat presumió que el porcentaje de territorio explotado por las concesiones mineras bajó de 10,64% a 8,59%, lo que, en teoría, implicaría una reducción de las concesiones otorgadas hasta ese año, 24.066. Sin embargo, de acuerdo con un informe difundido en noviembre de 2022, con corte a septiembre, el número de concesiones se ubicó en 24.123, siendo los estados de Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila los que concentran la mayor cantidad de concesiones.
© Foto : Fortuna Silver MinesMina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc
Mina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc - Sputnik Mundo, 1920, 06.01.2023
Mina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc
La actividad minera en México representó, en 2021, el 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y 2,5% del PIB nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre 2020 y 2021, la inversión en este sector creció 36,1% con un valor total de 4.809 millones de dólares, por lo cual el Gobierno mexicano lo califica como "una de las ramas más productivas que atrae mayor inversión al país".
"Hay formas de generar otros empleos, otras formas de trabajo para las empresas, pero este nivel de saqueos es algo que rebasa a una inversión, no puedes invertir en donde van a estar saqueando, y saqueando a costa de la muerte, reubicación y persecución de personas", opina la activista Rosalinda Dionisio.
Tan sólo la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc. estimó en noviembre que cerrarían 2022 con ventas anuales por más de 700 millones de dólares, un EBITDA de entre 300 y 350 millones y un flujo de efectivo libre de impuestos por 150 millones de dólares. En contraste, según su reporte financiero del tercer trimestre de 2022, solo han invertido durante ese periodo 800.000 dólares para atender problemas de contaminación.
Debido a las quejas de la población, en enero de 2023, la Semarnat anunció que reevaluaría la prórroga de 12 años de la autorización de impacto ambiental para la Mina Cuzcatlán, tras haberla renovado en diciembre de 2021, y posteriormente impugnado por irregularidades. El director de la empresa, Jorge A. Ganoza, calificó la revisión como "incomprensible" y anunció que impugnará la resolución de la Semarnat, la cual ya había sido rechazada por el Tribunal Federal de los Contencioso Administrativo de México en noviembre de 2022, con lo cual mantienen sus operaciones.
"Su página es un espacio donde ellos pueden desahogar y hacer visible lo buena gente que son, pero no es como que hayan hecho un foro en donde digan vamos a informar los avances, cuántos metros estamos en el subsuelo, qué maquinaria se está usando, a dónde va ese drenaje. No han dado un informe como tal […]. Ellos dicen que no están contaminando, pues que lo demuestren", insiste Dionisio Sánchez.
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Frentes de resistencia

Este caso está lejos de ser el único en México. En Puebla, la comunidad de Tecoltemi, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara la suspensión de los permisos de la mina de la canadiense Almaden Minerals, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, debido a que se comprobó que actuaron sin aval de la comunidad indígena, un principio establecido incluso en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el Máximo Tribunal de México, órgano que ordenó que se realizaran las consultas correspondientes, actuar de esta forma vulnera el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación. Pese a ello, la operación de la mina continúa, lo que ha derivado en manifestaciones de los habitantes

"Todos los niveles de Gobierno no son neutrales como para ver qué se puede hacer, sino que son aliados de las empresas. Así fue como les dieron [la Mina Cuzcatlán] el permiso", comenta Rosalinda Dionisio, al señalar que la reciente controversia de la canadiense con las autoridades mexicanas por la autorización de impacto ambiental se debe a que el permiso, en un primer momento, era de 2 años, no de 12.

Ante las acusaciones, el gremio minero ha defendido su actuar e, incluso, algunas compañías optan por acudir a tribunales internacionales, acusando "trato discriminatorio" del Gobierno de México, como ocurre con la empresa First Majestic Silver Corp., con operaciones en Guanajuato, y la cual enfrenta denuncias por maltrato laboral.
Tras el anunciarse que la SE y la Semarnat revisarán las concesiones mineras, la Cámara Minera de México afirmó que actúan conforme a las regulaciones vigentes y rechazaron cualquier acto de corrupción.
© Foto : Fortuna Silver MinesMina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc
Mina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc - Sputnik Mundo, 1920, 06.01.2023
Mina de San José del Progreso, en Oaxaca, operada por Fortuna Silver Mines Inc
En tanto, las comunidades siguen en lucha y resistencia, a pesar de las amenazas provenientes de sus propios vecinos que, tras recibir prebendas o empleo de la empresa, son los primeros en amenazar "a todo aquel que tenga pensamiento crítico sobre la empresa".
"Creemos importante que, mientras sigamos organizados, informados de lo que en verdad es un proyecto de minería, vamos a tener más claridad de lo que está pasando", confiesa la activista, y reconoce que el tiempo juega en su contra cuando luchan contra una concesión de 50 años.
"Gracias a la lucha no nos han desplazado, estamos en nuestros espacios, pero no sabemos en 20 años qué pueda pasar".
Sputnik solicitó el comentario de la empresa, sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta por su parte
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