Penas máximas más bajas y más beneficios: qué propone la reforma carcelaria de Petro
Penas máximas más bajas y más beneficios: qué propone la reforma carcelaria de Petro
Sputnik Mundo
El Gobierno de Gustavo Petro busca "humanizar" las cárceles colombianas con un proyecto que reduce las penas máximas para algunos delitos y flexibiliza... 13.01.2023, Sputnik Mundo
El Gobierno de Gustavo Petro apuesta a una reforma del Código Penal, de Procedimiento Penal y Carcelario con el objetivo de "humanizar la política criminal y penitenciaria" y pasar de un sistema meramente punitivo a uno donde prime la resocialización y evitar la reincidencia del delito.Entre las reformas planteadas desde su asunción, el Gobierno de Gustavo Petro busca dar un giro al sistema penitenciario y enfocarlo en la resocialización de los reclusos como una política contra la delincuencia.En ese marco, un proyecto del Ministerio de Justicia de Colombia para reformar el Código Penal busca reducir las penas máximas, establecer facilidades para la prisión preventiva, flexibilizar los permisos de salida y promover el trabajo entre los privados de libertad bajo seguimiento del Estado, según consta en un documento de 46 páginas.La cartera de Justicia ha propuesto disminuir la condena máxima de 60 a 40 años para aquellos casos donde no exista reiteración de delitos. Además, de aprobarse el proyecto, los condenados de hasta 12 años de cárcel podrían acceder a la libertad condicional.El texto también prevé la posibilidad de suspender la pena a quienes sean condenados a no más de seis años de cárcel. Este beneficio podría también incluir a aquellos condenados por tráfico de drogas aunque, para ello, los implicados deberán participar de programas del Gobierno donde se promueva la sustitución de cultivos ilegales.El Gobierno de Petro apuesta también a flexibilizar la detención hospitalaria y que los reclusos no solo sean trasladados a centros de salud por enfermedades graves, sino también en casos de discapacidades que necesiten asistencia y para llevar una "vida digna en reclusión", según consignó el medio local El Tiempo.En padecimientos de menor riesgo, los recintos penitenciarios deberán adaptarse para la adecuada atención de los internos y ante enfermedades terminales, el paciente podría escoger entre una detención hospitalaria o domiciliaria.Además, el Gobierno apuesta por eliminar varios de los delitos vigentes hasta el momento relativos a violaciones del sentimiento religioso (como la interrupción de ceremonias religiosas), a la alteración del estado civil, transferencias ilegales de cheques y se retiró la interpretación de que las protestas o manifestaciones puedan estar asociadas a un hecho delictivo o un acto terrorista.Desde el ministerio se pretende habilitar la prisión domiciliaria a mayores de 60 años, a embarazadas en los últimos cuatro meses de gestación y hasta seis después del parto y a aquellas personas que sean las únicas responsables del cuidado de personas dependientes por motivos de discapacidad.Además, en el caso de la imposición de multas económicas, este no deberá aplicarse si es desproporcionada a la condición socioeconómica de la persona.También se aplican facilidades para establecer permisos de salida transitoria. La reforma plantea que puedan acceder al beneficio quienes cumplieron el 25% de la pena, algo menos que el 33% exigido en la actualidad. El porcentaje requerido; sin embargo, puede ser menor dependiendo de la situación del interno, por ejemplo en caso de mujeres condenadas con hijos menores a cargo.El proyecto también prevé que los internos que cumplieron al menos el 60% de su pena puedan acceder al mecanismo de "libertad preparatoria", que permite que los internos puedan salir de las prisiones a trabajar o estudiar y regresar a pernoctar al centro de reclusión.Con la reforma, el Gobierno también apuesta a identificar las actividades que permiten redimir la pena, como la participación en programas educativos y el trabajo.
El Gobierno de Gustavo Petro busca "humanizar" las cárceles colombianas con un proyecto que reduce las penas máximas para algunos delitos y flexibiliza beneficios para los privados de libertad. La reforma, presentada por el Ministerio de Justicia, deberá ser aprobada por el Congreso.
El Gobierno de Gustavo Petro apuesta a una reforma del Código Penal, de Procedimiento Penal y Carcelario con el objetivo de "humanizar la política criminal y penitenciaria" y pasar de un sistema meramente punitivo a uno donde prime la resocialización y evitar la reincidencia del delito.
Entre las reformas planteadas desde su asunción, el Gobierno de Gustavo Petro busca dar un giro al sistema penitenciario y enfocarlo en la resocialización de los reclusos como una política contra la delincuencia.
En ese marco, un proyecto del Ministerio de Justicia de Colombia para reformar el Código Penal busca reducir las penas máximas, establecer facilidades para la prisión preventiva, flexibilizar los permisos de salida y promover el trabajo entre los privados de libertad bajo seguimiento del Estado, según consta en un documento de 46 páginas.
La cartera de Justicia ha propuesto disminuir la condena máxima de 60 a 40 años para aquellos casos donde no exista reiteración de delitos. Además, de aprobarse el proyecto, los condenados de hasta 12 años de cárcel podrían acceder a la libertad condicional.
El texto también prevé la posibilidad de suspender la pena a quienes sean condenados a no más de seis años de cárcel. Este beneficio podría también incluir a aquellos condenados por tráfico de drogas aunque, para ello, los implicados deberán participar de programas del Gobierno donde se promueva la sustitución de cultivos ilegales.
El Gobierno de Petro apuesta también a flexibilizar la detención hospitalaria y que los reclusos no solo sean trasladados a centros de salud por enfermedades graves, sino también en casos de discapacidades que necesiten asistencia y para llevar una "vida digna en reclusión", según consignó el medio local El Tiempo.
En padecimientos de menor riesgo, los recintos penitenciarios deberán adaptarse para la adecuada atención de los internos y ante enfermedades terminales, el paciente podría escoger entre una detención hospitalaria o domiciliaria.
Además, el Gobierno apuesta por eliminar varios de los delitos vigentes hasta el momento relativos a violaciones del sentimiento religioso (como la interrupción de ceremonias religiosas), a la alteración del estado civil, transferencias ilegales de cheques y se retiró la interpretación de que las protestas o manifestaciones puedan estar asociadas a un hecho delictivo o un acto terrorista.
Desde el ministerio se pretende habilitar la prisión domiciliaria a mayores de 60 años, a embarazadas en los últimos cuatro meses de gestación y hasta seis después del parto y a aquellas personas que sean las únicas responsables del cuidado de personas dependientes por motivos de discapacidad.
Además, en el caso de la imposición de multas económicas, este no deberá aplicarse si es desproporcionada a la condición socioeconómica de la persona.
También se aplican facilidades para establecer permisos de salida transitoria. La reforma plantea que puedan acceder al beneficio quienes cumplieron el 25% de la pena, algo menos que el 33% exigido en la actualidad. El porcentaje requerido; sin embargo, puede ser menor dependiendo de la situación del interno, por ejemplo en caso de mujeres condenadas con hijos menores a cargo.
El proyecto también prevé que los internos que cumplieron al menos el 60% de su pena puedan acceder al mecanismo de "libertad preparatoria", que permite que los internos puedan salir de las prisiones a trabajar o estudiar y regresar a pernoctar al centro de reclusión.
Con la reforma, el Gobierno también apuesta a identificar las actividades que permiten redimir la pena, como la participación en programas educativos y el trabajo.
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