El Gobierno argentino avanza en el juicio político a la Corte Suprema, con pocas chances de éxito
© Foto : Télam/Mateos Pepe
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La comisión de Diputados que trata la iniciativa oficialista habilitó el sumario contra los cuatro jueces que integran el máximo tribunal de Argentina. El proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández inicia un camino plagado de obstáculos, cuyo antecedente más reciente se remonta al Gobierno de Néstor Kirchner, hace casi 20 años.
El pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio ayer un paso clave en Diputados, tras la admisión de los expedientes que investigan a los cuatro miembros. Sin embargo, el oficialismo se enfrenta al desafío de conseguir 172 votos en la Cámara Baja, contando con tan solo 118 propios. La semana próxima se definirá el cronograma a seguir.
El proyecto oficialista —que busca destituir por mal desempeño a los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda— exacerba la tensión entre el Gobierno del Frente de Todos y la oposición: "Este es un embate del Gobierno contra la Justicia. No hay fundamentos adecuados ni suficientes para investigar a los jueces de la Corte", dice a Sputnik Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio e integrante de la Comisión de Juicio Político.
La trascendencia que tendría la aprobación del proyecto solo halla parangón en un antecedente reciente: el enjuiciamiento durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) de cinco de los nueve jueces que integraban el máximo tribunal, que habían sido designados durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), señalados de ser funcionales a los grandes intereses económicos.
20 de enero 2023, 12:00 GMT
La expulsión de los supremos de su cargo es, según el oficialismo, una necesidad imperiosa: "Los últimos fallos de la Corte son gravísimos. Es un poder que funciona en base a privilegios de los más poderosos y en contra de los intereses del común de las personas", sostiene en diálogo con Sputnik Mara Brawer, diputada nacional del Frente de Todos e impulsora del proyecto.
Específicamente, los dictámenes en los cuales se basa el pedido de remoción de los jueces son tres:
La medida cautelar por la coparticipación federal de impuestos, que amplió del 1,4% al 2,95% la porción de los fondos transferidos por el Estado a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, integrante de Juntos por el Cambio y potencial candidato a presidente. Así, la Corte revirtió la medida impulsada por el presidente Alberto Fernández, que la había reducido del 3,5% al 1,4%.
La modificación del Consejo de la Magistratura. En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional una ley de 2006 que reducía de 20 a 13 a los integrantes del organismo responsable de elegir y remover a los magistrados. En el pedido de juicio político, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue acusado por "manipular la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas".
Fallo del "dos por uno" a genocidas. En 2017, los supremos Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor de computar por dos cada día que permanecieron en la cárcel sin condena firme los ejecutores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). Al poco tiempo el dictamen sería derogado por el Congreso nacional.
Acusaciones cruzadas
El Gobierno denuncia que los fallos en cuestión muestran una clara parcialidad del máximo tribunal en favor de la oposición: "Con la coparticipación, la Corte le dio millones de pesos a Larreta para su campaña, y quiere un Consejo de la Magistratura que responda a los intereses de Juntos por el Cambio", afirma la diputada.
"Estos jueces están arrogándose ilegítimamente funciones parlamentarias y del Poder Ejecutivo", señala Brawer.
Visto desde la vereda de enfrente, el argumento resulta polémico. Según Alejandro Rodríguez, diputado nacional de Identidad Bonaerense e integrante de la Comisión de Juicio Político, "es inconstitucional juzgar a los jueces por el contenido de sus fallos". Consultado por Sputnik, el legislador sostiene que "esta es una arbitrariedad que no admite el mínimo análisis".
23 de diciembre 2022, 00:00 GMT
"Se ha puesto en marcha un embate que tiene como propósito paralizar la Justicia. Alberto Fernández empezó su campaña con la presentación de su propuesta de avanzar con el juicio a la Corte", apunta Rodríguez.
Brawer contextualiza el argumento oficialista para justificar el accionar: "El principio de que no se puede juzgar a los jueces por sus sentencias tiene excepciones. Por ejemplo, si un juez falla sin ajustarse a derecho, puede cuestionarse esa sentencia. Por eso llevamos adelante este juicio por mal desempeño: si no, sería un poder supremo que no debe darle explicaciones a nadie".
La legisladora ilustra el accionar de los supremos con un caso emblemático: "El 'dos por uno' a genocidas es una sentencia que va en contra del contrato social argentino. Ahí hay una falta de idoneidad ética. La inhabilidad moral también es una causal para el juicio político", agrega.
Camino cuesta arriba para el oficialismo
La aprobación del informe del oficialismo abre las puertas a la investigación y recolección de pruebas contra los miembros del máximo tribunal. Incluso podrán ser convocados los propios supremos, aunque sin la obligación de asistir. Según Brawer, "se inicia una etapa crucial: se determinó que las denuncias son admisibles, y ahora empieza la presentación de pruebas".
Sin embargo, el horizonte aparece hostil para los impulsores del proyecto. El Frente de Todos deberá cosechar 172 votos (dos tercios del total) de los diputados para que la iniciativa llegue al Senado: la dificultad es mayúscula, ya que el Gobierno solo suma 118 escaños propios.
Las probabilidades de conseguir apoyo de la oposición se ven más lejanas que nunca, sobre todo en un año electoral atravesado por la polarización entre las dos coaliciones mayoritarias. Según Rodríguez, "tanto el Gobierno como la oposición sabemos que el juicio político marcha al fracaso: esto no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso".
"No creo que el oficialismo tenga la posibilidad de convencer a otros diputados. No creo que puedan reunir los votos necesarios: esta embestida no tiene ningún destino", coincide Tonelli.
El Gobierno no baja los brazos. "No sé si llegaremos a los dos tercios necesarios, pero esperamos que sí: que algunos diputados opositores entiendan la validez del pedido. Nuestro deber nos obliga a llevarlo adelante", dice Brawer.
Según la legisladora, el juicio político debería enmarcarse en una política más amplia de reforma del Poder Judicial en su conjunto: "La Justicia es la única institución que no fue revisada después de la dictadura. Tiene fallos anacrónicos en perspectiva de género, cargos vitalicios, cobran sueldos altísimos y no pagan el impuesto a las ganancias. Por eso es un poder tan desprestigiado por la sociedad".
Pese a la irremediable "grieta" que enfrenta al oficialismo con la oposición, este punto resaltado por la diputada es compartido al otro lado del río. "Yo estaría de acuerdo con muchas modificaciones en la Justicia, pero este no es el camino: el embate contra la Corte no busca mejorar nada, sino solo amenazar y amedrentar a los jueces, haciéndoles saber que hay un poder sobre ellos", considera Tonelli.
"El oficialismo busca hacerles saber a los jueces que si no conforman al Gobierno van a ser perseguidos: no tiene nada que ver con mejorar la justicia", señala Tonelli.
El consenso en torno a los cambios necesarios es relativo. "Mientras las reformas judiciales están atravesadas por los intereses partidarios, va a ser muy difícil avanzar en una transformación. No les interesa una modernización para ganar transparencia, sino cualquier instrumento vinculado con los expedientes políticos", afirma Rodríguez.
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