La disputa por el territorio recrudece el conflicto mapuche en Argentina
La disputa por el territorio recrudece el conflicto mapuche en Argentina
Sputnik Mundo
La judicialización de la contienda entre el Gobierno y las comunidades originarias por los terrenos ubicados en el sur de Argentina no evita la escalada de... 18.02.2023, Sputnik Mundo
La Patagonia argentina (sur) continúa siendo el epicentro del conflicto entre las comunidades mapuches y el Estado por la propiedad de la tierra. Mientras la Justicia frena la concesión de territorios a los grupos originarios, el Gobierno nacional busca entablar mesas de diálogo garantizando el acceso a predios históricamente reclamados: la resolución del conflicto se vislumbra lejana.Tras la suspensión por 90 días del juicio a los acusados de haber usurpado ilegalmente tierras en Villa Mascardi —localidad rural ubicada en la provincia de Río Negro que constituye el escenario de la disputa—, la Secretaría de Derechos Humanos de la nación sudamericana ofreció a la comunidad Lafken Winkul Mapu el acceso a terrenos a cambio de garantizar la paz de la zona.La viabilidad de la iniciativa es incierta. A la resistencia de los vecinos de la zona se agrega un antecedente inmediato: el rechazo de la Corte Suprema de Justicia nacional a la entrega de 481 hectáreas a la comunidad Lof Che Buenuleo, en la localidad de Bariloche, en la provincia patagónica de Río Negro, a comienzos de 2023.Las idas y vueltas del caso despiertan el rechazo a ambos lados del enfrentamiento. "La situación es angustiante para todas las comunidades de la Patagonia. Exigimos una respuesta concreta del Estado, que es el principal responsable de este conflicto", dice a Sputnik Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.Para los vecinos la propuesta del Gobierno es ilegítima: "Esta es una intromisión del Poder Ejecutivo de la nación en el juicio entre los vecinos y los violentos. Se arrogan la facultad de otorgar tierras a los mapuches, cuando primero deberían corroborar que ancestralmente han vivido comunidades en ese territorio", afirma el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos.Reclamo históricoCarriqueo desecha las acusaciones en contra de los pueblos originarios: "Quieren imponer que estamos contra el Estado nacional, cuando en verdad estamos discutiendo sobre una situación de la que somos víctimas".El representante mapuche se refiere a la denuncia contra la conquista de territorio, habitado por pueblos originarios, que se llevó a cabo por el Ejército nacional durante el siglo XIX para conformar el Estado argentino, la denominada Campaña del Desierto, que dio origen al reclamo por la devolución de las tierras.Pese a que el conflicto nació hace más de un siglo, se recrudeció en 2017, cuando la Lafken Winkul Mapu emprendió la "recuperación territorial" de la zona y pasó a ocupar 15 de las 710.000 hectáreas que conforman el Parque Nacional Nahuel Huapi.Los desalojos ordenados por las autoridades del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) culminaron con dos hechos trágicos: la muerte de Santiago Maldonado, un joven manifestante que estuvo desaparecido durante 77 días, y el crimen de Rafael Nahuel, mapuche de 22 años asesinado de un disparo en la espalda por parte de efectivos de la Prefectura Naval.Los hechos, cuyas consecuencias escalaron hasta alcanzar a funcionarios de primera línea, constituyeron puntos de quiebre en la forma de atender el conflicto. En 2020 el presidente Alberto Fernández convocó a una mesa de diálogo entre las partes, pero la iniciativa resultó un fracaso: tan solo dos años después se retomó la política de desalojos.En octubre de 2022 el Estado lanzó el Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad. Semanas después, el grupo llevó a cabo un fuerte operativo en Villa Mascardi, que dejó un saldo de siete mujeres detenidas, una de las cuales estaba embarazada, acompañadas por cinco niños. El controversial episodio catalizó la renuncia de dos ministros del gabinete nacional.El diálogo pacífico: ¿utopía o necesidad?El sinuoso recorrido del Estado argentino para la resolución del conflicto decepciona a las comunidades originarias. "El Gobierno pasó por todos los estadios: desde la mesa de diálogo, al desalojo violento con prisiones preventivas, y ahora vuelve a convocarnos. Es confuso", considera Carriqueo.Frutos rechaza tajantemente cualquier convocatoria que no sea para desalojar a los manifestantes. "Las mesas de diálogo son mecanismos agotados porque partimos de situaciones totalmente opuestas: de un lado estamos los vecinos y del otro los violentos que deciden hacerse de tierras privadas", advierte."Hubo episodios de violencia física a los vecinos y de intromisión en las viviendas. Es imposible dialogar así", añade.Según Carriqueo, la mesa de diálogo solo tiene un final aceptable: la devolución de las tierras a los pueblos. "El Gobierno está obligado a esto: es un derecho constitucional. El Estado debe reconocer las tierras actuales y proveer otras tierras aptas", sentencia el referente. "La ONU (Organización de las Naciones Unidas) vela por el cumplimiento de estas situaciones. Por más que no tengamos título comunitario, los convenios internacionales exigen el respeto a los pueblos", agrega.Caso testigoLa agudización del conflicto en las últimas semanas es indisociable de la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, de 36 años. El 30 de enero, durante un operativo policial, el referente fue apresado tras permanecer prófugo de la Justicia de Chile durante casi un año. La orden de captura que pesaba sobre él respondía a una condena por el incendio de una vivienda en la región de Los Ríos, en el sur del país andino.La caída del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización nacida en las provincias argentinas de Río Negro y Neuquén, es repudiada por Carriqueo: "Cuando en una lucha de este tipo se presentan personas que defienden a las comunidades, estas son criminalizadas y asesinadas, como le pasó a Rafael Nahuel, a quien mataron las fuerzas de seguridad", apunta el referente.En cambio, según Frutos la aprehensión de Jones Huala no solamente correspondía, sino que incluso demoró más de lo esperado: "Debió haber ocurrido antes. Hemos realizado numerosas denuncias que tanto el Gobierno nacional como el provincial ignoraron. Los vecinos pedimos que se lo lleve a una cárcel de máxima seguridad hasta la extradición", sostiene.Final abiertoTras más de cinco años de conflicto, las expectativas de una resolución favorable a cada una de las posturas en pugna son cada vez menos auspiciosas. "No tengo esperanzas de que esto se resuelva. El Gobierno simula tomar medidas, pero no lo hace: la gente ha realizado numerosas denuncias que son desestimadas por las autoridades", afirma el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi.El panorama no luce más alentador al otro lado del río. "Es complicado. No es que yo tenga esperanza: quiero ejercer mi derecho y que el Estado cumpla con la reparación histórica que tiene que llevar a cabo. Para nosotros no es ningún regalo ni dádiva: es la obligación del Estado", remarca Carriqueo.
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La disputa por el territorio recrudece el conflicto mapuche en Argentina
La judicialización de la contienda entre el Gobierno y las comunidades originarias por los terrenos ubicados en el sur de Argentina no evita la escalada de tensión en la zona. Detenciones, pedidos de extradición y denuncias por violencia institucional: el debate entre la usurpación ilegal y el derecho ancestral, una lucha que parece no tener fin.
La Patagonia argentina (sur) continúa siendo el epicentro del conflicto entre las comunidades mapuches y el Estado por la propiedad de la tierra. Mientras la Justicia frena la concesión de territorios a los grupos originarios, el Gobierno nacional busca entablar mesas de diálogo garantizando el acceso a predios históricamente reclamados: la resolución del conflicto se vislumbra lejana.
Tras la suspensión por 90 días del juicio a los acusados de haber usurpado ilegalmente tierras en Villa Mascardi —localidad rural ubicada en la provincia de Río Negro que constituye el escenario de la disputa—, la Secretaría de Derechos Humanos de la nación sudamericana ofreció a la comunidad Lafken Winkul Mapu el acceso a terrenos a cambio de garantizar la paz de la zona.
La viabilidad de la iniciativa es incierta. A la resistencia de los vecinos de la zona se agrega un antecedente inmediato: el rechazo de la Corte Suprema de Justicia nacional a la entrega de 481 hectáreas a la comunidad Lof Che Buenuleo, en la localidad de Bariloche, en la provincia patagónica de Río Negro, a comienzos de 2023.
Las idas y vueltas del caso despiertan el rechazo a ambos lados del enfrentamiento. "La situación es angustiante para todas las comunidades de la Patagonia. Exigimos una respuesta concreta del Estado, que es el principal responsable de este conflicto", dice a Sputnik Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.
"La Constitución reconoce la preexistencia andina en Argentina y la deuda histórica con los pueblos originarios", sostiene el representante de las comunidades.
Para los vecinos la propuesta del Gobierno es ilegítima: "Esta es una intromisión del Poder Ejecutivo de la nación en el juicio entre los vecinos y los violentos. Se arrogan la facultad de otorgar tierras a los mapuches, cuando primero deberían corroborar que ancestralmente han vivido comunidades en ese territorio", afirma el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos.
"Este Gobierno tiene un romanticismo con los supuestos pueblos originarios, aun sabiendo que en muchos casos se trata de delincuentes", denuncia Frutos.
Reclamo histórico
Carriqueo desecha las acusaciones en contra de los pueblos originarios: "Quieren imponer que estamos contra el Estado nacional, cuando en verdad estamos discutiendo sobre una situación de la que somos víctimas".
El representante mapuche se refiere a la denuncia contra la conquista de territorio, habitado por pueblos originarios, que se llevó a cabo por el Ejército nacional durante el siglo XIX para conformar el Estado argentino, la denominada Campaña del Desierto, que dio origen al reclamo por la devolución de las tierras.
Pese a que el conflicto nació hace más de un siglo, se recrudeció en 2017, cuando la Lafken Winkul Mapu emprendió la "recuperación territorial" de la zona y pasó a ocupar 15 de las 710.000 hectáreas que conforman el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Los desalojos ordenados por las autoridades del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) culminaron con dos hechos trágicos: la muerte de Santiago Maldonado, un joven manifestante que estuvo desaparecido durante 77 días, y el crimen de Rafael Nahuel, mapuche de 22 años asesinado de un disparo en la espalda por parte de efectivos de la Prefectura Naval.
Los hechos, cuyas consecuencias escalaron hasta alcanzar a funcionarios de primera línea, constituyeron puntos de quiebre en la forma de atender el conflicto. En 2020 el presidente Alberto Fernández convocó a una mesa de diálogo entre las partes, pero la iniciativa resultó un fracaso: tan solo dos años después se retomó la política de desalojos.
En octubre de 2022 el Estado lanzó el Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad. Semanas después, el grupo llevó a cabo un fuerte operativo en Villa Mascardi, que dejó un saldo de siete mujeres detenidas, una de las cuales estaba embarazada, acompañadas por cinco niños. El controversial episodio catalizó la renuncia de dos ministros del gabinete nacional.
El diálogo pacífico: ¿utopía o necesidad?
El sinuoso recorrido del Estado argentino para la resolución del conflicto decepciona a las comunidades originarias. "El Gobierno pasó por todos los estadios: desde la mesa de diálogo, al desalojo violento con prisiones preventivas, y ahora vuelve a convocarnos. Es confuso", considera Carriqueo.
Frutos rechaza tajantemente cualquier convocatoria que no sea para desalojar a los manifestantes. "Las mesas de diálogo son mecanismos agotados porque partimos de situaciones totalmente opuestas: de un lado estamos los vecinos y del otro los violentos que deciden hacerse de tierras privadas", advierte.
"Hubo episodios de violencia física a los vecinos y de intromisión en las viviendas. Es imposible dialogar así", añade.
Según Carriqueo, la mesa de diálogo solo tiene un final aceptable: la devolución de las tierras a los pueblos. "El Gobierno está obligado a esto: es un derecho constitucional. El Estado debe reconocer las tierras actuales y proveer otras tierras aptas", sentencia el referente. "La ONU (Organización de las Naciones Unidas) vela por el cumplimiento de estas situaciones. Por más que no tengamos título comunitario, los convenios internacionales exigen el respeto a los pueblos", agrega.
"Acá no hay discusión: hablamos de derechos reconocidos por el Estado y que queremos ejercer", afirma el representante del Parlamento Mapuche.
Caso testigo
La agudización del conflicto en las últimas semanas es indisociable de la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, de 36 años. El 30 de enero, durante un operativo policial, el referente fue apresado tras permanecer prófugo de la Justicia de Chile durante casi un año. La orden de captura que pesaba sobre él respondía a una condena por el incendio de una vivienda en la región de Los Ríos, en el sur del país andino.
La caída del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización nacida en las provincias argentinas de Río Negro y Neuquén, es repudiada por Carriqueo: "Cuando en una lucha de este tipo se presentan personas que defienden a las comunidades, estas son criminalizadas y asesinadas, como le pasó a Rafael Nahuel, a quien mataron las fuerzas de seguridad", apunta el referente.
"La violencia no terminó con la Campaña del Desierto. Ha habido asesinatos nunca esclarecidos y episodios de violencia institucional, y eso forma parte del contexto", dice Carriqueo.
En cambio, según Frutos la aprehensión de Jones Huala no solamente correspondía, sino que incluso demoró más de lo esperado: "Debió haber ocurrido antes. Hemos realizado numerosas denuncias que tanto el Gobierno nacional como el provincial ignoraron. Los vecinos pedimos que se lo lleve a una cárcel de máxima seguridad hasta la extradición", sostiene.
Tras más de cinco años de conflicto, las expectativas de una resolución favorable a cada una de las posturas en pugna son cada vez menos auspiciosas. "No tengo esperanzas de que esto se resuelva. El Gobierno simula tomar medidas, pero no lo hace: la gente ha realizado numerosas denuncias que son desestimadas por las autoridades", afirma el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi.
"Los vecinos ya estamos acostumbrados a convivir con el miedo y la incertidumbre. El Gobierno nacional y el provincial nos dan la espalda", dice Frutos.
El panorama no luce más alentador al otro lado del río. "Es complicado. No es que yo tenga esperanza: quiero ejercer mi derecho y que el Estado cumpla con la reparación histórica que tiene que llevar a cabo. Para nosotros no es ningún regalo ni dádiva: es la obligación del Estado", remarca Carriqueo.
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