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El problema minero que puso contra las cuerdas al presidente Petro en Colombia

© AFP 2023 / Eder NarvaezUn soldado colombiano en Taraza, junto a un camión incendiado
Un soldado colombiano en Taraza, junto a un camión incendiado - Sputnik Mundo, 1920, 22.03.2023
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Desde el 2 de marzo comenzó un paro de este sector informal, que exige al Gobierno colombiano la legalización de sus actividades. El presidente Gustavo Petro viajó a la zona y propuso una serie de soluciones para, además, contrarrestar el dominio del Clan del Golfo en la región.
Para entender un poco más el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño (nororiente), que generó situaciones críticas como la quema de al menos seis vehículos el 19 de marzo y, de paso, la molestia del presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo, grupo al margen de la ley al que el mandatario responsabilizó por estas acciones, es necesario comprender el contexto que se vive en la zona, la riqueza hídrica que tiene y, por ende, la facilidad para sacar oro del agua.
Aunque nunca se ha hecho un censo al respecto, se estima que gran parte de la población de los seis municipios que componen esta región —Caucasia, El Bagre, Nechí, Cáceres, Zaragoza y Tarazá— vive de la minería informal, algo que han aprovechado grupos delincuenciales para ejercer presión sobre los habitantes. Así lo reitera el líder social de Tarazá, Carlos Andrés Areiza, quien habló con Sputnik para hacer un panorama de lo que viene sucediendo.
"Somos una subregión minera por vocación. Y a medida que fue creciendo el negocio aparecieron las grandes máquinas para hacer el proceso de extracción más sencillo. Y esto se dio porque cuando no hay una economía definida, por la ausencia del Estado, pues la gente tiene que dedicarse a lo que hay. Y acá lo que hay es oro", apunta Areiza.
De ahí la molestia de los mineros informales el pasado 2 de marzo cuando el Gobierno destruyó cinco grandes dragas, aludiendo que, además de causar un daño al medio ambiente fuera de proporciones —la Gobernación de Antioquia habla de entre 10 y 15.000 hectáreas de naturaleza—, estaban siendo controladas para la minería ilegal por el Clan del Golfo.
Este clan es una estructura residual de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más grande en la historia del país, que se desmovilizó en 2006 en pleno Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
"Al comienzo fue una protesta pacífica, pero malos mensajes por parte de las autoridades, generó el caos que se está viviendo: buses quemados, camiones con comida incinerados y familias, que nada tienen que ver con la minería, sin alimentos", añade Areiza.
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Si bien la gestión de Petro ha dicho en repetidas ocasiones que estas acciones son responsabilidad del Clan del Golfo, y que por eso suspendió el cese al fuego bilateral con esta organización, Areiza asegura que en la zona no solo se puede hablar de esta estructura, pues también está el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"La gente no tiene la culpa. El panorama es el siguiente: si usted es un pequeño minero o comerciante, para poder trabajar tiene que pagarle una cuota a los violentos. Si no lo hace, no lo dejan hacer su labor e incluso amenazan a la familia. Así se vive acá, con ellos permeando todo", denuncia.
"Y eso es culpa del Estado por ser un Estado ausente. Que (en) los grupos al margen de la ley se lucren con esta actividad no quiere decir que todos los mineros hagan parte de sus filas".
El líder social hace énfasis de que si en Tarazá la economía gira en torno a la extracción de oro es porque no hay oportunidades laborales para la comunidad, más allá de los cargos en la alcaldía, en el único hospital y el comercio.
"Se puede decir que el 80% de la población depende de la minería, desde el pequeño minero que va hasta la cuenca del río a lavar la tierra para sacar lo del día, hasta los dueños de las tiendas de abarrotes. He ahí la molestia de la gente, el llamado a que el Gobierno estructure esta actividad", explica Areiza.
En cuanto a la crisis ambiental que vive el territorio, el dirigente comunitario cree que la solución es el control sobre la zona y la producción, entendiendo como control la regulación. Así se les puede exigir a los pequeños, medianos y grandes mineros que desarrollen planes para reforestar cerca a las riberas.
"Legalizar, tener bases de datos y entender la dinámica. Eso permitirá una corresponsabilidad y ayudará a acabar con el dominio que tienen los delincuentes".
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Petro le responde a los mineros del Bajo Cauca

El 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro viajó hasta la región para tener un Consejo de Seguridad y evaluar la situación en el Bajo Cauca. Luego de horas de reunión, el mandatario enfatizó que el trabajo que hacen las autoridades no es contra el pequeño minero, sino contra quienes tienen otros tipos de intereses y se aprovechan de la población para lograr su cometido.
"Destruyen el terreno de manera pavorosa y usan esa actividad para lavar dinero del narcotráfico", acusó Petro.
Igualmente, el presidente dejó claro que la labor de seguridad contra el Clan del Golfo seguirá y que las Fuerzas Armadas ya tienen claras las indicaciones para no permitir que este grupo manipule las necesidades de la población minera. "La Fuerza Pública tiene la orden de copar el territorio y de no abandonarlo".
Cabe recordar que luego de la suspensión del cese al fuego bilateral, la W Radio recogió un comunicado del Clan del Golfo en el que niega estar detrás de los desmanes en la zona, de los que responsabilizan al ELN, guerrilla activa en Colombia.
Por ahora, la primera decisión que se tomó desde el poder ejecutivo es la de legalizar la maquinaria que se encuentra en la región y la construcción de un distrito minero con la ayuda del Estado. "Es lo que hemos venido pidiendo. Ojalá se cumpla", concluye Areiza
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