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Familias de víctimas de tortura en México exigen al Estado cumplir recomendación de la ONU
Familias de víctimas de tortura en México exigen al Estado cumplir recomendación de la ONU
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Familiares de cinco personas víctimas de tortura exigieron el 22 de marzo al Estado mexicano que cumpla la recomendación sobre... 22.03.2023, Sputnik Mundo
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"Estamos aquí de nuevo para exigir al Estado mexicano el cumplimiento íntegro de la opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU", dice un comunicado del Colectivo de Familiares, leído durante una conferencia de prensa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (sureste). En el período 91 de sesiones, celebrado del 6 al 10 de septiembre de 2021, ese grupo de expertos internacionales "determinó que el Estado mexicano es responsable por la detención arbitraria de los cinco compañeros y por lo tanto debían ser puestos en libertad inmediata, reparados integralmente e investigados los hechos", reza la exigencia. Ante la ausencia de justicia y reparación integral del daño a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas de esa ciudad de Chiapas, "se solidariza con la lucha de los ex presos y sus familias, quienes en el caminar se han convertido en personas defensoras de la libertad y por la reconstrucción de su proyecto de vida", dijo el organismo en un posicionamiento escrito. Las víctimas de tortura son Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, quienes sobrevivieron a las torturas y la privación arbitraria de la libertad en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. La recomendación Los expertos internacionales consideran que la detención fue arbitraria por incumplir con un juicio justo e imparcial y que las autoridades situaron a los cinco hombres "en una posición discriminatoria que ignora la igualdad de los seres humanos con independencia de su origen étnico o social". Los hechos ocurridos en esa región con mayoría de población indígena de origen maya revelan una violación, ante la cual el Grupo de Trabajo de la ONU pide al Gobierno de México "que adopte las medidas necesarias para remediar la situación y el remedio adecuado sería ponerlos inmediatamente en libertad". Para reparar el daño, las autoridades deben conceder a las víctimas "el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional". El Gobierno también debe llevar a cabo una investigación que sea "exhaustiva e independiente de las circunstancias" en torno a la privación arbitraria de libertad. La recomendación exige que las autoridades adopten "medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos". El Servicio Internacional para la Paz y el Movimiento Sueco por la Reconciliación, que trabaja por la no violencia en el mundo, han acompañado a las víctimas en sus gestiones ante la ONU. La protesta agrega que las graves consecuencias del encierro injusto es "perder lo poco que se tiene por tratar de demostrar una inocencia, luchar contra la corrupción es desgastante, represivo, discriminador y criminaliza". Algunos familiares se vieron obligados a emigrar lejos de Chiapas, "cargando con las graves secuelas de la tortura en el que fueron sujetos", además del daño psicológico. El centro católico de defensa de víctimas de abusos exige además "garantías de no repetición para que nadie más sufra lo que ellos, para nadie pague por culpas ajenas, y sobre todo porque no queremos que sigan utilizando la tortura ni cualquier otra forma como medio para obtener culpables". Los cinco hombres que fueron torturados se organizaron al interior de las cárceles para denunciar y protestaron incluso con una huelga de hambre de 135 días. Estos casos ejemplifican "un patrón de fábrica de culpables" que se vive en Chiapas, asegura la organización citando a los abogados defensores. Las familias de las víctimas se vieron en la necesidad de vender sus tierras de cultivo y casas para hacer frente a los cuantiosos gastos de su defensa y manutención. Algunos integrantes de sus familias abandonaron sus estudios al perder una fuente económica y tuvieron que buscar otros ingresos, y en libertad se enfrentan al reto de rehacer sus vidas en condiciones adversas.
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Familias de víctimas de tortura en México exigen al Estado cumplir recomendación de la ONU
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Familiares de cinco personas víctimas de tortura exigieron el 22 de marzo al Estado mexicano que cumpla la recomendación sobre detención arbitraria emitida en 2021 por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Estamos aquí de nuevo para exigir al Estado mexicano el cumplimiento íntegro de la opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU", dice un comunicado del Colectivo de Familiares, leído durante una conferencia de prensa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (sureste).
En el período 91 de sesiones, celebrado del 6 al 10 de septiembre de 2021, ese grupo de expertos internacionales "determinó que el Estado mexicano es responsable por la detención arbitraria de los cinco compañeros y por lo tanto debían ser puestos en libertad inmediata, reparados integralmente e investigados los hechos", reza la exigencia.
Ante la ausencia de justicia y reparación integral del daño a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas de esa ciudad de Chiapas, "se solidariza con la lucha de los ex presos y sus familias, quienes en el caminar se han convertido en personas defensoras de la libertad y por la reconstrucción de su proyecto de vida", dijo el organismo en un posicionamiento escrito.
Las víctimas de tortura son Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, quienes sobrevivieron a las torturas y la privación arbitraria de la libertad en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala.
4 de abril 2022, 18:09 GMT
Los expertos internacionales consideran que la detención fue arbitraria por incumplir con un juicio justo e imparcial y que las autoridades situaron a los cinco hombres "en una posición discriminatoria que ignora la igualdad de los seres humanos con independencia de su origen étnico o social".
Los hechos ocurridos en esa región con mayoría de población indígena de origen maya revelan una violación, ante la cual el Grupo de Trabajo de la ONU pide al Gobierno de México "que adopte las medidas necesarias para remediar la situación y el remedio adecuado sería ponerlos inmediatamente en libertad".
Para reparar el daño, las autoridades deben conceder a las víctimas "el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
El Gobierno también debe llevar a cabo una investigación que sea "exhaustiva e independiente de las circunstancias" en torno a la privación arbitraria de libertad.
La recomendación exige que las autoridades adopten "medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".
El Servicio Internacional para la Paz y el Movimiento Sueco por la Reconciliación, que trabaja por la no violencia en el mundo, han acompañado a las víctimas en sus gestiones ante la ONU.
"El sistema de justicia que solo es para los más poderosos, que encierra a los inocentes y pisotea los derechos de las poblaciones indígenas", dice la denuncia de las familias de las víctimas.
La protesta agrega que las graves consecuencias del encierro injusto es "perder lo poco que se tiene por tratar de demostrar una inocencia, luchar contra la corrupción es desgastante, represivo, discriminador y criminaliza".
22 de marzo 2023, 16:20 GMT
Algunos familiares se vieron obligados a emigrar lejos de Chiapas, "cargando con las graves secuelas de la tortura en el que fueron sujetos", además del daño psicológico.
El centro católico de defensa de víctimas de abusos exige además "garantías de no repetición para que nadie más sufra lo que ellos, para nadie pague por culpas ajenas, y sobre todo porque no queremos que sigan utilizando la tortura ni cualquier otra forma como medio para obtener culpables".
Los cinco hombres que fueron torturados se organizaron al interior de las cárceles para denunciar y protestaron incluso con una huelga de hambre de 135 días.
Estos casos ejemplifican "un patrón de fábrica de culpables" que se vive en Chiapas, asegura la organización citando a los abogados defensores.
Las familias de las víctimas se vieron en la necesidad de vender sus tierras de cultivo y casas para hacer frente a los cuantiosos gastos de su defensa y manutención.
Algunos integrantes de sus familias abandonaron sus estudios al perder una fuente económica y tuvieron que buscar otros ingresos, y en libertad se enfrentan al reto de rehacer sus vidas en condiciones adversas.
