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Seguridad o derechos humanos: el dilema salvadoreño a un año del estado de excepción
Seguridad o derechos humanos: el dilema salvadoreño a un año del estado de excepción
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Salvador lleva un año sometido a un régimen de excepción que ha devuelto una sensación de seguridad que muchos habían olvidado y... 25.03.2023, Sputnik Mundo
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Este 27 de marzo se cumple el primer aniversario de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa —donde la oposición es numéricamente irrelevante y resisten como atrezzo de pluralidad— un estado de excepción tras la peor ola de asesinatos desde que el carismático Nayib Bukele llegara a la presidencia de la República, en junio de 2019. Fueron tres días de sangre y muertes, en los que en una sola jornada se contaron 62 asesinatos, cifra récord para un país acostumbrado a este tipo de violencia. Los hechos marcaron un antes y un después para la administración Bukele, que desató una guerra contra las temibles "maras" (pandillas), las estructuras criminales que controlaban casi cada milímetro del territorio nacional, viviendo de la extorsión y de sembrar el terror. El periódico digital El Faro compartió que la matanza respondió a la captura de varios cabecillas criminales, lo cual fue interpretado por las pandillas como una ruptura del pacto que, a todas luces, mantenía con un Gobierno que desacreditó justamente a sus rivales políticos desenterrando viejas negociaciones partidistas con las "maras". El bukelismo no solo lo negó, sino que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, junto a la Policía Nacional Civil, e inició una persecución de pandilleros. Excepción constitucional El oficialismo alega que la suspensión excepcional de derechos y garantías está avalada por la Constitución y así detuvo ya a 65.000 pandilleros, lo cual permitió registrar 215 días sin homicidios y terminar un 2022 con una tasa de asesinatos de 7,8 por cada 100.000 habitantes, una de las más pequeñas de América Latina y récord absoluto en la historia reciente del país. A modo de comparación, en el 2021 había con una tasa de 18 homicidios cada 100.000 personas. La defensora del pueblo, Raquel Caballero de Guevara, aseguró que unas 3.000 personas fueron liberadas durante el régimen de excepción, luego de que sus casos fueron revisados y analizados por una mesa técnica que responde a la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Otro asunto que genera inquietud fue la construcción de una mega-cárcel con capacidad para 40.000 reclusos en la localidad de Tecoluca (centro); la medida derivó en un rifirrafe en la red social Twitter entre Bukele y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien la comparó con un "campo de concentración". El Gobierno, por su parte, proclama el "éxito" del plan de seguridad Control Territorial y saluda que otros países imiten este modelo para combatir a las estructuras criminales, como ya hizo Honduras, que también estableció un régimen de excepción a inicios de año. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, los pandilleros son "terroristas" que tuvieron secuestrados por casi tres décadas a más de los seis millones de salvadoreños. En reciente rueda de prensa, Villatoro resaltó que las tres principales pandillas —la Mara Salvatrucha o MS13, la Barrio 18 Sureños y la 18 Revolucionarios— "ya no funcionan como un corporativo criminal, han quedado los que andan escondiéndose de la justicia, que ya no pueden estar en las colonias (…) y andan huyendo en las áreas rurales".Buscando la causa de la enfermedadPara Picardo, los resultados preliminares del régimen de extensión son "una buena noticia", pero ha sido solo la cura de las consecuencias de la enfermedad, no de sus causas. La verdadera "bomba de tiempo" que falta abordar son las causas estructurales que motivaron el surgimiento mismo de las pandillas mucho antes de Bukele asumiera el poder. El experto explicó que el abandono escolar alimenta la migración, el trabajo de baja calificación y las "maras", por lo que hay que darle más énfasis a la prevención, sin la cual seguirá reproduciéndose ese ciclo y los jóvenes acabarán en colectivos que tal vez no sean como las pandillas actuales, sino una versión evolucionada. A su vez, Escobar se pregunta cuán sostenible será esta calma ciudadana una vez culmine el estado de excepción que, en su opinión, ocurrirá para las elecciones de 2024, cuando Bukele buscará una reelección sin precedentes en la historia salvadoreña.
https://latamnews.lat/20221213/encuestas-coinciden-en-alta-aprobacion-de-combate-a-pandillas-en-el-salvador-1133513190.html
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Seguridad o derechos humanos: el dilema salvadoreño a un año del estado de excepción
12:11 GMT 25.03.2023 (actualizado: 16:36 GMT 25.03.2023) MONTEVIDEO (Sputnik) — El Salvador lleva un año sometido a un régimen de excepción que ha devuelto una sensación de seguridad que muchos habían olvidado y otros desconocían. No obstante, las fuerzas opositoras apuntan que esto se ha logrado a un costo demasiado caro en términos de democracia y derechos humanos.
Este 27 de marzo se cumple el primer aniversario de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa —donde la oposición es numéricamente irrelevante y resisten como atrezzo de pluralidad— un estado de excepción tras la peor ola de asesinatos desde que el carismático Nayib Bukele llegara a la presidencia de la República, en junio de 2019.
Fueron tres días de sangre y muertes, en los que en una sola jornada se contaron 62 asesinatos, cifra récord para un país acostumbrado a este tipo de violencia.
Los hechos marcaron un antes y un después para la administración Bukele, que desató una guerra contra las temibles "maras" (pandillas), las estructuras criminales que controlaban casi cada milímetro del territorio nacional, viviendo de la extorsión y de sembrar el terror.
13 de diciembre 2022, 17:00 GMT
El periódico digital El Faro compartió que la matanza respondió a la captura de varios cabecillas criminales, lo cual fue interpretado por las pandillas como una ruptura del pacto que, a todas luces, mantenía con un Gobierno que desacreditó justamente a sus rivales políticos desenterrando viejas negociaciones partidistas con las "maras". El bukelismo no solo lo negó, sino que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, junto a la Policía Nacional Civil, e inició una persecución de pandilleros.
El oficialismo alega que la suspensión excepcional de derechos y garantías está avalada por la Constitución y así detuvo ya a 65.000 pandilleros, lo cual permitió registrar 215 días sin homicidios y terminar un 2022 con una tasa de asesinatos de 7,8 por cada 100.000 habitantes, una de las más pequeñas de América Latina y récord absoluto en la historia reciente del país. A modo de comparación, en el 2021 había con una tasa de 18 homicidios cada 100.000 personas.
La defensora del pueblo, Raquel Caballero de Guevara, aseguró que unas 3.000 personas fueron liberadas durante el régimen de excepción, luego de que sus casos fueron revisados y analizados por una mesa técnica que responde a la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
"Hay gente que está purgando una condena temporal solo por sus rasgos, por su ubicación geográfica, se criminaliza a jóvenes pobres y esa es la gran denuncia de muchos organismos de derechos humanos", comentó a Sputnik el doctor Oscar Picardo, director de investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia.
Otro asunto que genera inquietud fue la construcción de una mega-cárcel con capacidad para 40.000 reclusos en la localidad de
Tecoluca (centro); la medida derivó en un rifirrafe en la red social Twitter entre Bukele y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien
la comparó con un "campo de concentración".
1 de febrero 2023, 21:21 GMT
"Mucha gente afirma que los criminales no tienen derechos, pero eso es muy radical: cualquier persona tiene unas garantías mínimas y el derecho a reinsertarse, a pagar su pena en condiciones humanas, sin maltrato ni tortura", estimó Picardo.
El Gobierno, por su parte, proclama el "éxito" del plan de seguridad Control Territorial y saluda que otros países imiten este modelo para combatir a las estructuras criminales, como ya hizo Honduras, que también estableció un régimen de excepción a inicios de año. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, los pandilleros son "terroristas" que tuvieron secuestrados por casi tres décadas a más de los seis millones de salvadoreños.
En reciente rueda de prensa, Villatoro resaltó que las tres principales pandillas —la Mara Salvatrucha o MS13, la Barrio 18 Sureños y la 18 Revolucionarios— "ya no funcionan como un corporativo criminal, han quedado los que andan escondiéndose de la justicia, que ya no pueden estar en las colonias (…) y andan huyendo en las áreas rurales".
Buscando la causa de la enfermedad
Para Picardo, los resultados preliminares del régimen de extensión son "una buena noticia", pero ha sido solo la cura de las consecuencias de la enfermedad, no de sus causas. La verdadera "bomba de tiempo" que falta abordar son las causas estructurales que motivaron el surgimiento mismo de las pandillas mucho antes de Bukele asumiera el poder.
"Si bien han disminuido los homicidios, lo cual es una buena noticia, no se ha resuelto el problema de fondo: que los pandilleros vienen de un sistema con una alta tasa de deserción escolar en un tercer ciclo de educación básica", señaló el pedagogo.
El experto explicó que el abandono escolar alimenta la migración, el trabajo de baja calificación y las "maras", por lo que hay que darle más énfasis a la prevención, sin la cual seguirá reproduciéndose ese ciclo y los jóvenes acabarán en colectivos que tal vez no sean como las pandillas actuales, sino una versión evolucionada.
A su vez, Escobar se pregunta cuán sostenible será esta calma ciudadana una vez culmine el estado de excepción que, en su opinión, ocurrirá para las elecciones de 2024, cuando Bukele buscará una reelección sin precedentes en la historia salvadoreña.
27 de julio 2022, 20:42 GMT
