Por qué, en su visita a Bolivia, la CIDH no se reunió con víctimas de las masacres de 2019
© Sputnik / Sebastián Ochoa
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Tanto oficialismo como oposición evalúan de forma distinta lo que vio y expresó la CIDH en su visita al país, durante la cual recorrió cárceles y se reunió con presos como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez. Sputnik recogió la opinión de víctimas de las masacres cometidas por el Gobierno de facto tras el golpe contra Evo Morales en 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó una visita a Bolivia, donde indagó la situación de miles de presos en el país, entre ellos el todavía gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020).
Antes de partir, el organismo defensor, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), hizo notar que el país necesita una profunda reforma en el sistema judicial.
El recorrido y las entrevistas que realizó la delegación de la CIDH, formada por 25 personas, fue interpretada de diferente manera por cada sector político. El expresidente Evo Morales (2006-2019) les reprochó que hayan dejado de lado a las víctimas de las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), cuyas familias exigen justicia por los muertos y heridos a manos de las fuerzas del orden en noviembre de 2019, en episodios ocurridos durante el mandato de Áñez.
Asimismo, Morales acusó a la CIDH de cometer "intromisión política" tras conocerse sus primeras impresiones sobre la justicia boliviana. Desde el aparato defensor indicaron que el informe final será publicado en los próximos seis meses.
20 de noviembre 2022, 04:00 GMT
Los partidos de oposición al actual gobierno boliviano, como Creemos (de Camacho, preso en Chonchocoro por su participación en el golpe de Estado de 2019) y Comunidad Ciudadana (de Carlos Mesa, presidente del país andino entre 2003 y 2005) intentaron instalar la calificación de "presos políticos" para el gobernador cruceño y la expresidenta de facto, Áñez.
David Inca, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto, también asesora a parte de las familias afectadas por la masacre de Senkata, acontecida el 19 de noviembre de 2019 en ese barrio alteño. Desde APDH, enviaron una carta a la delegación de la CIDH alertando que varios detenidos por crímenes del golpe intentarían mostrarse como "presos políticos".
"Hemos entregado esa carta formalmente a los comisionados. Se les ha explicado que varias personas que han cometido delitos y vulnerado derechos humanos se pretenden presentar como presos o perseguidos políticos", explicó el defensor a Sputnik.
Entonces, los integrantes de la delegación "han tenido más precaución al momento de recibir denuncias en las cárceles, justamente para que no sean sorprendidos con ese argumento de los que han cometido delitos y violaciones de derechos humanos", agregó el representante de APDH.
Inca explicó que ya les habían advertido que esta visita de la CIDH no tomaría tanto en cuenta a las víctimas de masacres. Su finalidad era, más bien, captar el panorama general de la justicia y el tratamiento de los reclusos en Bolivia.
9 de marzo 2023, 17:07 GMT
La delegación de la Comisión estuvo enfocada en que los presos "reciban atención médica, visitas familiares, que tengan reuniones con sus abogados", comentó.
Tres años de impunidad
El expresidente Morales expresó en su cuenta de Twitter: "Gravísimo que la CIDH en su último informe no menciona a víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba; solamente se preocupa de Camacho y Áñez. Pasaron tres años y los autores del golpe de Estado y los responsables del DS 4078, o 'decreto de la muerte', siguen impunes y protegidos".
Gravísimo que la @CIDH en su último informe no menciona a víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba; solamente se preocupa de Camacho y Añez. Pasaron 3 años y los autores del golpe de Estado y los responsables del DS 4078, o "Decreto de la Muerte", siguen impunes y protegidos.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 3, 2023
Y reflexionó: "Necesitamos una CIDH que defienda los derechos humanos y la democracia del pueblo y no una comisión direccionada políticamente para defender a separatistas y golpistas. Después de justificar las masacres en Perú y Colombia, no tienen moral para hablar de la justicia en Bolivia".
En este sentido, Morales ahondó en sus críticas a las primeras impresiones de la delegación: "Pedimos a los abogados patriotas hacer respetar la soberanía jurídica de Bolivia. Hay un tema pendiente, que es la reforma de la justicia, pero la CIDH pide en su informe que se designe magistrados con cuoteo neoliberal y bajo sus 'estándares' de intromisión política".
En su último día en Bolivia, la delegación de la CIDH se reunió con el presidente Luis Arce, quien se comprometió a tomar en cuenta sus recomendaciones para reformular la justicia del país sudamericano.
Hoy recibimos en la Casa Grande del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Como Gobierno Nacional, reafirmamos nuestro más firme e inquebrantable compromiso con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos. pic.twitter.com/EQBt2ac6kN
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 31, 2023
Recomendaciones preliminares de la CIDH
La delegación estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay. La acompañaron los comisionados Joel Hernández, relator para Bolivia; Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres; y Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
El informe preliminar de la CIDH destacó "los avances garantizados por la nueva Constitución de 2009, que fundó un nuevo Estado de derecho multilingüe basado en democracia, en interculturalidad, descentralización y autonomía, así como en la pluralidad política, económica, jurídica, cultural, y lingüística".
31 de marzo 2023, 16:59 GMT
A partir de la entrada en vigencia de la actual constitución del Estado plurinacional boliviano se pudieron observar "avances en inclusión y participación social sin precedentes", indicó la vicepresidenta de la delegación.
No obstante, la comisión advirtió que "identificó grandes desafíos estructurales que persisten hoy en el país, así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista, producto de una extremada polarización política, que ha provocado una fractura en la sociedad y que urge ser superada".
Sobre la justicia boliviana, evaluaron que "a todos los sectores de la sociedad boliviana les beneficiaría una profunda reforma del sistema de justicia, que garantice una plena y efectiva independencia judicial para alcanzar la consolidación de un Estado de derecho".
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