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Control antidopaje a políticos y jueces: proyecto de ley genera polémica en Argentina

© Foto : Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado ArgentinaSenado de Argentina
Senado de Argentina  - Sputnik Mundo, 1920, 08.04.2023
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La iniciativa presentada por un grupo de senadores oficialistas enciende el debate en torno al combate al narcotráfico y la estigmatización de quienes atraviesan adicciones. De la cruzada contra la hipocresía hasta la disputa sobre la privacidad de los representantes: la palabra de la autora del proyecto.
Una iniciativa rupturista ingresó a la Cámara de Senadores de Argentina. Se trata de la llamada Ley de Coherencia, que busca imponer la realización anual y aleatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en los representantes del Estado argentino.
Impulsado por cuatro senadores de la coalición oficialista Frente de Todos, el proyecto apunta a las primeras líneas jerárquicas de los tres poderes: el ejecutivo, contemplando al presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado; al legislativo, afectando a los congresistas y funcionarios hasta el rango de prosecretarios; y al judicial, para todos los jueces y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
La propuesta se inscribe en un marco de extrema sensibilidad social por la escalada de violencia ligada al narcotráfico, con la ciudad de Rosario como epicentro. Ante la expansión de las adicciones a drogas ilegales en un contexto de crisis económica —y frente al creciente desencanto de la sociedad ante su dirigencia política—, los congresistas firmantes apuestan por combatir la distancia de los representantes y sus representados.
"Lo que nos motiva es la falta de coherencia. Si sos un fiscal y estás persiguiendo a alguien por narcomenudeo, no podés consumir. Estás persiguiendo por un lado y comprando por el otro", indica a Sputnik la senadora Juliana Di Tullio, autora del proyecto.
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La parlamentaria remarca la centralidad del carácter clasista de la denominada lucha contra el narcotráfico, y su impotencia a la hora de llegar a la cúspide de las organizaciones.
"En Argentina no hay narcotraficantes detenidos, solo los pibes [jóvenes] y pibas que consumen, que son siempre chicos pobres. Lo que quiero es que a los funcionarios les pase por el cuerpo: que lo que atraviesan los pibes diariamente lo sientan también".
"¿Sabes la cantidad de pibas y pibes detenidos en prisión preventiva por haber sido detenidos con un porro [cigarrillo de marihuana]? Está lleno de casos así. ¿Por qué si lo hacen con un pibe no lo voy a hacer con un funcionario? Todos los que están presos son pobres", plantea Di Tullio.

Debate abierto

El argumento de la senadora halla resistencia entre las organizaciones dedicadas a prevenir adicciones. "Me sorprendió la medida. El argumento es maniqueo: pone a los firmantes en el lugar de 'nosotros, los santos y puros, proponemos esto', mientras que deja en un lugar de 'drogadictos' a quienes no están de acuerdo", señala el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), Gustavo Zbuczynski.

"En el marco de la estigmatización y discriminación a quienes consumen drogas, me parece una barbaridad", sostiene el especialista.

Según Zbuczynski, la propuesta busca ganar apoyo en los estratos conservadores de la sociedad: "el proyecto pareciera apelar a un sector que habilita este tipo de argumentos vinculados a prohibir el consumo por razones estrictamente moralistas".
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Ante la crítica, la parlamentaria Di Tullio destaca que la iniciativa "no penaliza a nadie". El proyecto de ley no contempla una sanción determinada si se detecta una droga ilegal, sino que la encargada de determinar las suspensiones pertinentes será la autoridad de aplicación. "En Argentina el consumo está legalizado. No estoy prohibiendo el consumo: esto aplicaría solamente a funcionarios mientras están en funciones", agrega.
"Si pedís subir las penas por el narcomenudeo, pero después vas a comprarles, es un doble discurso. Por eso se llama ley de coherencia. Hay que terminar con el doble discurso y con la hipocresía: mientras sea funcionaria pública, ninguna persona debería consumir en ningún ámbito", sentencia la senadora.
En caso de prosperar, la ley asignará a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) la responsabilidad de llevar a cabo los exámenes. Consultada por Sputnik sobre la iniciativa, la titular de la dependencia, Gabriela Torres, responde que "habría que leer bien el proyecto. Todas estas políticas deben ser pensadas integralmente: no sirve solo saber si alguien consume si no hay una propuesta de trabajar en prevención".

La problemática del consumo

Independientemente de las críticas a la propuesta, lo cierto es que el cuadro de situación exhibe un sensible incremento en el uso de drogas: "nuestros estudios indican que existe un claro aumento en el consumo de drogas. Esto sucede a nivel global, y está directamente relacionado con el contexto de la pospandemia y del mal vivir", apunta la funcionaria Torres.

"La sociedad de consumo lleva a que la angustia suele taparse a través de drogas legales, como medicamentos no recetados o alcohol. Durante la cuarentena fue común la imagen de alguien que abría una botella de vino durante el día", dice la titular de la Sedronar.

El relato de la funcionaria se condice con la experiencia de Zbuczynski: "hoy el factor clave es que el consumo de drogas está ampliamente distribuido a lo largo de todos los sectores sociales, independientemente del nivel de ingresos". La transversalidad del fenómeno no significa que el impacto del flagelo de las adicciones sea igual en todas las clases: a menor poder adquisitivo, peor calidad de la sustancia utilizada.
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El referente de la ARDA lo pone en palabras: "si yo no tengo el dinero necesario para comprar una primera marca, compro la segunda o incluso la tercera. Con la droga pasa lo mismo, pero es más peligroso: cuanto más barata es, peor es el perjuicio por estar mezclada con sustancias desconocidas".

"En todo tipo de sustancias pasa lo mismo: en los lugares de mayor poder adquisitivo se consume un producto de mejor calidad y en los barrios populares uno de muy poca calidad", sostiene Zbuczynski.

Por fuera de la ley propuesta, la legisladora que la impulsa reconoce que el enfrentamiento al flagelo en cuestión requiere de un abordaje integral: "combatir al narcotráfico se trata de otra cosa, no de perseguir narcomenudistas o consumidores. La persecusión al narcomenudeo existe y nadie levanta la voz por los miles de pibes y pibas detenidos en lugar de los responsables del negocio".
"Cuando se habla de narcotráfico suele haber una mirada sesgada sobre combatir al delincuente individual en lugar de abordar el problema integralmente", considera Torres.

Correr el eje

Ante el problema del consumo de drogas y el narcotráfico, los especialistas consultados coinciden en que es un error posar la atención en el consumidor de la sustancia, en vez de apuntar al productor: "hay que trabajar sobre el imaginario que asume que quien padece un consumo problemático es un delincuente, como si dependiera de la voluntad individual", dice la titular de la Sedronar.

"El debate no puede reducirse a meter o no meter preso a alguien. Tenemos que avanzar en todos los aspectos del problema, y uno de ellos es la discriminación", afirma Torres.

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En este marco, la especialista destaca la línea de trabajo impulsada por la Secretaría: "la política de cuidado y atención a las personas no es punitivista en Argentina, a diferencia de muchos otros países del mundo. No hay ningún país que tenga una red estatal de atención tan grande como la nuestra".
El cambio de paradigma aludido por Torres es precisamente la base del proyecto de ley, según Di Tullio: "creo que el camino para combatir al narco es otro. Lo que proponemos es empezar por la coherencia. Si sos legislador, no podés decir que vas a dar pelea contra el narcotráfico si consumís simultáneamente".
"Yo no pido mucho: si vas a ir a sesionar al Congreso, no consumas. Vas a legislar y tomar decisiones importantes. Yo no tengo las mismas responsabilidades que mi vecina. Soy una persona común, pero ejerzo un cargo público y tengo que hacerme responsable", alega la senadora.
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