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La presidenta de Perú rechaza informe de la CIDH que denuncia masacres en protestas

© AP Photo / Martin MejiaDina Boluarte
Dina Boluarte - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2023
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LIMA (Sputnik) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este 3 de mayo el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la existencia de masacres contra civiles durante las recientes protestas sociales en el país.
"Rechazamos la supuesta existencia [consignada en el informe] de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas", dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa desde Lima.
Más temprano, la CIDH publicó un informe en el que señala que, durante las protestas sociales contra su Gobierno, ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, habrían sucedido ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden en contra de los manifestantes.
Estas ejecuciones extrajudiciales podrían calificarse como una masacre, indica el informe.
"En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", se señala en el documento elaborado por la CIDH.
Ayacucho es un departamento ubicado en la sierra sur de Perú y fue uno de los que presentó el mayor número de manifestaciones contra el Gobierno y, en menor medida, contra los representantes del actual Congreso.
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Las protestas ocurrieron luego de que el 7 de diciembre la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el poder tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Parlamento.
El Congreso tomó esta decisión luego de que Castillo, entonces mandatario, intentara realizar lo que se fue considerado como un golpe de Estado.
Castillo intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional a través del establecimiento de un "Gobierno de excepción".
Las manifestaciones tuvieron lugar en diversas zonas de Perú, pero fueron más fuertes en los departamentos de la sierra sur.
La demanda de los ciudadanos era la salida de Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de las elecciones generales.
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Sobre el texto del organismo internacional, Boluarte añadió que "como todo informe, hay cuestionamientos que no comparte, pero respeta, más aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como la CIDH".
A su vez, defendió el accionar de las fuerzas del orden, aunque señaló que las muertes durante las protestas están siendo investigadas "de manera independiente" por el Ministerio Público.

"En el interés de conocer la verdad, se atendió la solicitud de la Fiscalía de contar con un presupuesto adicional que le permita llevar a cabo su trabajo con mayor celeridad. El Ministerio Público, actuando de manera independiente, ha conformado un equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales", dijo Boluarte.

Según datos de la Defensoría peruana, 61 personas fallecieron por las protestas.
De ese total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas y un policía murió presuntamente a manos de manifestantes.
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