Uruguay reabre debate sobre su pasado reciente a 50 años del golpe de Estado
Uruguay reabre debate sobre su pasado reciente a 50 años del golpe de Estado
Sputnik Mundo
MONTEVIDEO (Sputnik)— Dos proyectos de ley impulsados por el oficialismo en Uruguay reflotan el debate siempre latente sobre las acciones violentas y las... 04.05.2023, Sputnik Mundo
Una de las iniciativas procura indemnizar a víctimas del accionar de grupos armados en los años 60 y 70 —en los hechos, el izquierdista Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN)— y otra concede prisión domiciliaria a condenados mayores de 70 años, lo cual beneficiaría a varios represores de la dictadura. Los proyectos fueron elaborados originalmente por el partido Cabildo Abierto (derecha), liderado por Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, y reformulados por legisladores de fuerzas políticas aliadas en la denominada "coalición multicolor": el Partido Nacional (centroderecha), del presidente Luis Lacalle Pou; el Partido Colorado (centroderecha); el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha). Ambos textos son criticados por el opositor Frente Amplio (centroizquierda), que gobernó entre 2005 y 2020, y por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Para historiadores y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, la coalición gubernamental procura "tergiversar" el pasado reciente "en beneficio de los militares", mientras que legisladores de Cabildo Abierto sostienen que los proyectos buscan en realidad "reparar la historia y la moral". El último golpe de Estado en Uruguay se produjo el 27 de junio de 1973, cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento un año después de que se declarara "estado de guerra interno" en el marco de la lucha de las Fuerzas Conjuntas (policía y militares) contra la guerrilla tupamara. Reparación En marzo, una delegación del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, convocada a la comisión parlamentaria que analizó el texto, advirtió problemas con las referencias temporales de la norma. La historiadora Mariana Broquetas, investigadora de la Universidad de la República, dijo a Sputnik que, el proyecto, "desde el punto de vista histórico, no tiene asidero" y que simplemente "busca la reivindicación de los militares y de los policías". "El proyecto plantea indemnizar a supuestas víctimas de los grupos armados, la violencia terrorista, desde el 62 al 76. ¿Por qué el 62? No lo sabemos. ¿A qué víctimas alude en el 62, 63, 64, 65? Todo el 66, desconocemos", afirmó. La historiadora afirmó que la primera muerte a manos de una organización armada se produjo recién a fines de 1966: la del comisario Antonio Silveira Regalado, víctima del MLN, y califico de "insostenible" y "disparatado" desde el punto de vista histórico fijar como límite el año 1976. Para mediados de 1972 todos los grupos armados estaban derrotados, apuntó. La historiadora también señaló que el proyecto "tiene problemas de conceptualización", ya que excluye a víctimas de organizaciones terroristas de derecha. Por su parte, el diputado Carlos Testa, de Cabildo Abierto, señaló en diálogo con Sputnik que la periodización del proyecto se basa en versiones anteriores presentadas por los gobiernos de Jorge Batlle (2000-2005), del Partido Colorado, y de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), del propio Frente Amplio. "Se retomó lo que fue el último proyecto presentado que Vázquez, el tema de los períodos, los años, e incluso también de los montos económicos, son exactamente los mismos que se habían presentado en ese proyecto de 2007", aseguró. Asimismo, subrayó que el Parlamento analizará los posibles beneficiarios caso por caso. Prisión domiciliaria Mientras, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado analiza en estos días el proyecto de ley que en su más reciente versión concede prisión domiciliaria a condenados mayores de 70 años, lo que beneficiaría a una veintena de exrepresores hoy recluidos en la Unidad de Internación Domingo Arena, en las afueras de Montevideo. El Frente Amplio rechaza el proyecto porque, pese a que exceptúa a procesados por crímenes de lesa humanidad, varios exrepresores se verían igualmente favorecidos, ya que fueron imputados por delitos con otra tipificación, como homicidio, tortura y secuestro. El texto fue también objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores de la Organización de las Naciones Unidas, que lo consideran incompatible con compromisos internacionales de Uruguay. Por su parte, Manini Ríos, en una entrevista anterior con Sputnik, subrayó que la aprobación del proyecto es imperiosa, ya que cumple con lo establecido por la propia Constitución. La idea de que la condena a exrepresores por parte de la justicia durante las administraciones del Frente Amplio es parte de una "venganza" de la izquierda va de la mano con lo que en este país se conoce como "teoría de los dos demonios". Esta concibe los hechos previos y durante la dictadura como parte de una "guerra" interna y, por tanto, da a entender que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas son equiparables en cierta medida con los actos de violencia de la guerrilla. Organizaciones de derechos humanos y de izquierda rechazan esta postura, señalando que la represión se dio de forma sistemática por parte del Estado, incluyendo delitos de lesa humanidad, y que tuvo también como víctimas a muchas personas ajenas a organizaciones armadas. La asociación de expresos políticos Crysol y la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señalaron en previos diálogos con Sputnik que desde el Gobierno, y más concretamente desde Cabildo Abierto, se lleva adelante una campaña por "tergiversar" la historia a favor de los militares. Por su parte, Manini Ríos denunció que las Fuerzas Armadas sufren una fuerte "estigmatización" y "odio", mientras Testa dijo a esta agencia que el objetivo de su partido es lograr que se conozca la historia "de la forma más objetiva posible". La dictadura en Uruguay dejó unos 200 desaparecidos, según cálculos de organizaciones de derechos humanos, y provocó el exilio de unas 380.000 personas.
MONTEVIDEO (Sputnik)— Dos proyectos de ley impulsados por el oficialismo en Uruguay reflotan el debate siempre latente sobre las acciones violentas y las violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985), acaso en el momento más sensible: este año se cumplen 50 años del golpe de Estado.
Una de las iniciativas procura indemnizar a víctimas del accionar de grupos armados en los años 60 y 70 —en los hechos, el izquierdista Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN)— y otra concede prisión domiciliaria a condenados mayores de 70 años, lo cual beneficiaría a varios represores de la dictadura.
Los proyectos fueron elaborados originalmente por el partido Cabildo Abierto (derecha), liderado por Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, y reformulados por legisladores de fuerzas políticas aliadas en la denominada "coalición multicolor": el Partido Nacional (centroderecha), del presidente Luis Lacalle Pou; el Partido Colorado (centroderecha); el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).
Ambos textos son criticados por el opositor Frente Amplio (centroizquierda), que gobernó entre 2005 y 2020, y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Para historiadores y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, la coalición gubernamental procura "tergiversar" el pasado reciente "en beneficio de los militares", mientras que legisladores de Cabildo Abierto sostienen que los proyectos buscan en realidad "reparar la historia y la moral".
El último golpe de Estado en Uruguay se produjo el 27 de junio de 1973, cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento un año después de que se declarara "estado de guerra interno" en el marco de la lucha de las Fuerzas Conjuntas (policía y militares) contra la guerrilla tupamara.
Reparación
El proyecto de ley sobre indemnización a víctimas de grupos armados políticos, hoy con media sanción del Senado, establece una de 150.000 dólares a los causahabientes de los fallecidos a consecuencia del accionar de esas organizaciones entre 1962 y 1976.
En marzo, una delegación del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, convocada a la comisión parlamentaria que analizó el texto, advirtió problemas con las referencias temporales de la norma.
La historiadora Mariana Broquetas, investigadora de la Universidad de la República, dijo a Sputnik que, el proyecto, "desde el punto de vista histórico, no tiene asidero" y que simplemente "busca la reivindicación de los militares y de los policías".
"El proyecto plantea indemnizar a supuestas víctimas de los grupos armados, la violencia terrorista, desde el 62 al 76. ¿Por qué el 62? No lo sabemos. ¿A qué víctimas alude en el 62, 63, 64, 65? Todo el 66, desconocemos", afirmó.
La historiadora afirmó que la primera muerte a manos de una organización armada se produjo recién a fines de 1966: la del comisario Antonio Silveira Regalado, víctima del MLN, y califico de "insostenible" y "disparatado" desde el punto de vista histórico fijar como límite el año 1976.
Para mediados de 1972 todos los grupos armados estaban derrotados, apuntó.
La historiadora también señaló que el proyecto "tiene problemas de conceptualización", ya que excluye a víctimas de organizaciones terroristas de derecha.
Por su parte, el diputado Carlos Testa, de Cabildo Abierto, señaló en diálogo con Sputnik que la periodización del proyecto se basa en versiones anteriores presentadas por los gobiernos de Jorge Batlle (2000-2005), del Partido Colorado, y de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), del propio Frente Amplio.
"Se retomó lo que fue el último proyecto presentado que Vázquez, el tema de los períodos, los años, e incluso también de los montos económicos, son exactamente los mismos que se habían presentado en ese proyecto de 2007", aseguró.
Asimismo, subrayó que el Parlamento analizará los posibles beneficiarios caso por caso.
Prisión domiciliaria
Mientras, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado analiza en estos días el proyecto de ley que en su más reciente versión concede prisión domiciliaria a condenados mayores de 70 años, lo que beneficiaría a una veintena de exrepresores hoy recluidos en la Unidad de Internación Domingo Arena, en las afueras de Montevideo.
El Frente Amplio rechaza el proyecto porque, pese a que exceptúa a procesados por crímenes de lesa humanidad, varios exrepresores se verían igualmente favorecidos, ya que fueron imputados por delitos con otra tipificación, como homicidio, tortura y secuestro.
El texto fue también objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores de la Organización de las Naciones Unidas, que lo consideran incompatible con compromisos internacionales de Uruguay.
Por su parte, Manini Ríos, en una entrevista anterior con Sputnik, subrayó que la aprobación del proyecto es imperiosa, ya que cumple con lo establecido por la propia Constitución.
"Nosotros vamos a ir al espíritu de la Constitución, que dice que la privación de la libertad debe ser con el fin de rehabilitar al delincuente. Nosotros entendemos que una persona que cometió un delito hace medio siglo, que durante el medio siglo que siguió después jamás cometió un delito ni cruzó un semáforo en rojo, a los 80 años llevarlo preso no es para rehabilitarlo, simplemente es para cumplir una venganza", afirmó.
La idea de que la condena a exrepresores por parte de la justicia durante las administraciones del Frente Amplio es parte de una "venganza" de la izquierda va de la mano con lo que en este país se conoce como "teoría de los dos demonios".
Esta concibe los hechos previos y durante la dictadura como parte de una "guerra" interna y, por tanto, da a entender que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas son equiparables en cierta medida con los actos de violencia de la guerrilla.
Organizaciones de derechos humanos y de izquierda rechazan esta postura, señalando que la represión se dio de forma sistemática por parte del Estado, incluyendo delitos de lesa humanidad, y que tuvo también como víctimas a muchas personas ajenas a organizaciones armadas.
La asociación de expresos políticos Crysol y la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señalaron en previos diálogos con Sputnik que desde el Gobierno, y más concretamente desde Cabildo Abierto, se lleva adelante una campaña por "tergiversar" la historia a favor de los militares.
Por su parte, Manini Ríos denunció que las Fuerzas Armadas sufren una fuerte "estigmatización" y "odio", mientras Testa dijo a esta agencia que el objetivo de su partido es lograr que se conozca la historia "de la forma más objetiva posible".
La dictadura en Uruguay dejó unos 200 desaparecidos, según cálculos de organizaciones de derechos humanos, y provocó el exilio de unas 380.000 personas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
