EEUU quiere castigar más a quienes se beneficiaron económicamente del asalto al Capitolio
© AFP 2023 / Saul Loeb
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Fiscales en Estados Unidos buscan multar a las personas procesadas judicialmente por la toma violenta del Capitolio de enero de 2021, luego de que algunos acusados en su momento dijeron ser "presos políticos" con el fin de recaudar fondos para su defensa legal, según informa un reporte de Associated Press (AP).
La agencia estadounidense indicó que revisó más de 1.000 causas penales asociadas a los eventos del 6 de enero de 2021 en las que descubrió que los fiscales están pidiendo cada vez más multas para los inconformes que recibieron donativos de parte de los simpatizantes republicanos de la extrema derecha, muchas veces asociada con el expresidente Donald Trump.
En un cable publicado este 28 de enero, la agencia cita el caso de Daniel Goodwyn, un residente de Texas que apareció en el programa de Tucker Carlson que solía transmitirse en Fox News para promover su sitio web como un receptivo de donativos por supuestamente ser un perseguido político.
El Departamento de Justicia quiere que Goodwyn entregue los más de 25.000 dólares que recaudó. Esto, según la agencia, es parte de una labor del Gobierno de Biden para evitar que quienes irrumpieron en el Capitolio se beneficien económicamente por su participación en el ataque.
#J6politicalprisoners
— TheKellyJaye (@KellyJaye) March 20, 2023
"#DanielGoodwyn has already spent a month in incarcerated pretrial and a year of pretrial home confinement for being inside the Capitol for
LESS THAN A MINUTE.
According to the government that's "Entering and Remaining in a https://t.co/j9dE7g6YnY… pic.twitter.com/IuAfJUhVJy
El 6 de enero, miles de simpatizantes de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio, en Washington, sede del Congreso de ese país, para tratar de impedir el aval de los congresistas al resultado de las votaciones de noviembre de 2020, en las que resultó ganador el actual presidente Joe Biden, un mero trámite en el sistema electoral norteamericano.
Trump alegó en su momento que las elecciones fueron fraudulentas y llamó a sus simpatizantes a impedir que se aprobara el triunfo de Biden.
Miles de sus seguidores irrumpieron en el edificio e incluso entraron a algunas oficinas de congresistas como la de la presidenta de la Cámara de Representantes en ese entonces, la demócrata Nancy Pelosi. También dañaron el mobiliario e hicieron destrozos. Cinco personas murieron en la irrupción, que fue calificada después como uno de los peores ataques contra el sistema democrático de Estados Unidos.
Another one bites the dust!#BluePatch SENTENCED
— Rocketman (@rocketman2001) May 24, 2023
Robert Morss#Insider1939#FBI147
Assaulted police, entered Capitol through a broken window.#Jan6 #Jan6th #Jan6ers #J6 #j6er #j6ers #sing4freedom #freedomcorner #j6politicalprisoners #J6LivesMatter #sing4justice #FreeJ6Hostages https://t.co/pQde1ekFiO pic.twitter.com/CxF52P8stI
Richard Barnett, un exbombero de Arkansas que ese día irrumpió en la oficina de Pelosi y puso sus pies arriba del escritorio de la lideresa demócrata –una imagen que dio la vuelta al mundo—fue sentenciado esta semana a cuatro años de prisión.
El juez federal Christopher Cooper dijo al anunciar esa sentencia que Barnett parecía disfrutar a veces de la notoriedad.
"Toda la gente que sigue a Bigo debe saber que las acciones del 6 de enero no pueden repetirse sin algunas repercusiones graves", señaló Cooper, en alusión a la atención mediática y el seguimiento en las redes sociales que Barnett atrajo tras los disturbios.
La condena de 54 meses para Barnett, bombero jubilado de Gravette, Arkansas, se produce después de que fuera declarado culpable en juicio de ocho cargos, entre ellos los de desorden civil y obstrucción de un procedimiento oficial.
De acuerdo con la agencia AP, muchos de los simpatizantes de Trump que participaron en los hechos del 6 de enero y que fueron detenidos y procesados judicialmente recaudaron miles de dólares en plataformas como GiveSendGo, un sitio web que se promueve como "El Sitio Cristiano #1 de Recaudación de Fondos", con el argumento que necesitaba dinero para pagar a sus abogados.
Sin embargo, según la agencia, en algunos casos el Departamento de Justicia se ha cuestionado a dónde se destina en realidad el dinero, ya que muchos de los acusados tienen abogados pagados por el propio Gobierno.
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