Bolivia se prepara para elegir jueces mediante voto universal, entre varios obstáculos
Bolivia se prepara para elegir jueces mediante voto universal, entre varios obstáculos
Sputnik Mundo
Desde la sanción de la constitución de 2009, Bolivia es el único país del mundo que elige a sus 26 máximos magistrados en elecciones organizadas por el Órgano... 10.06.2023, Sputnik Mundo
Desde 2011, Bolivia es el único país del mundo que elige mediante voto universal a sus máximas autoridades judiciales. La experiencia se repitió en 2017, con baja participación y boicoteada por la oposición, que acusaba al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de instalar a sus militantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.Mientras en varios países los cargos en los máximos tribunales son vitalicios, en Bolivia cambian cada seis años. Las elecciones judiciales tienen que realizarse en 2023, pero la oposición recurrió a la Justicia —la misma que tilda de masista— para obstaculizar el desarrollo del proceso electoral. Una reciente ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional abre la expectativa de que la votación se realice en noviembre próximo.En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, el MAS contaba con los votos de dos tercios de la Asamblea, compuesta por 166 asambleístas, para realizar la preselección. En este año, el oficialismo posee más de la mitad de manos alzadas, pero ya no tiene los 111 escaños requeridos para imponer su criterio sin necesidad de consensuar con la oposición.Incluso, en la actual Asamblea el MAS dispone de dos corrientes: una leal al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otra seguidora del ahora presidente Luis Arce. Esta novedad dificultó aún más el desarrollo del proceso electoral para la elección de las y los 26 jueces en los máximos cargos de este poder.Una carta magna participativaVillalba destacó que la constitución vigente pone a disposición "múltiples formas de participación de la población de forma directa para la toma de decisiones en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial".El analista recordó que en las décadas de 1990 y 2000, "en la prensa se hablaba de la democracia pactada. Entre tres o cuatro partidos no solamente escogían al presidente y vicepresidente, también escogían de manera repartida a las altas autoridades del nivel judicial. Fue así hasta 2009".Quienes se postulan para jueces no deben ser necesariamente abogados. Muchos cuentan con la experiencia de ser autoridades en sus comunidades indígenas campesinas, donde en ocasiones también se ocupan de impartir justicia."Obviamente existe un reglamento para la postulación, así como requisitos establecidos por la Asamblea Legislativa, que es la representante de la población a través de diferentes fuerzas políticas", explicó Villalba, director del Centro de Estudios Nuestramericano (CENAC).Ley transitoriaEste 28 de abril, el proceso de preselección de candidatos fue suspendido por el auto constitucional 186/2023 emitido por el TCP, en respuesta al recurso presentado por el diputado Leonardo Ayala, de Comunidad Ciudadana (CC).El 1 de junio, el Senado aprobó la ley transitoria para destrabar el proceso y "garantizar elecciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura".La norma aprobada establece hasta 70 días para que la Asamblea preseleccione a las y los 96 candidatos. Asimismo, otorga 120 días al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar las elecciones.La senadora de CC Andrea Barrientos sostuvo, durante la sesión que votó la ley transitoria, que la elección de jueces "no modifica ni cambia en nada la justicia".La parlamentaria reclamó una reforma profunda de la justicia, como exige la oposición desde hace meses. Una agrupación de juristas se dedicó a juntar firmas para obligar a la Asamblea a avanzar en este pedido. Pero solamente lograron reunir 800.000 suscripciones, muy por debajo de las 1,5 millones necesarias, según fija la constitución.La senadora consideró que la mencionada ley "es un absurdo. Nos han hecho trabajar aquí de manera absurda porque esto no soluciona nada. Complica la situación de la justicia porque va a seguir aletargando la elección judicial".Si no hubiera más contratiempos, en noviembre Bolivia elegirá cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres suplentes para el Consejo de la Magistratura; nueve magistrados titulares y nueve suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia; así como nueve magistrados titulares y nueve suplentes para el TCP.En las elecciones pasadas, el boicot de la oposición contribuyó a que la cantidad de votos nulos y blancos fueran más que los efectivos. En 2011, esta cifra ascendió a casi el 60%, mientras en 2017 sumaron el 66% del total.La isla de la justiciaPara Villalba, "en las viejas construcciones coloniales, el Órgano Judicial siempre se ha creído una isla al margen del legislativo y del ejecutivo. Se hablaba mucho de esa independencia judicial, que venía de la mentalidad del abogado boliviano", relató.Y explicó, desde su experiencia como letrado: "la gran mayoría de abogados en Bolivia tiene mentalidad de doctorcitos de Charcas [en referencia al tribunal judicial de la Corona española durante la colonia, en la ciudad boliviana de Sucre] , quienes fundaron la república excluyente y racista en 1825"."Estos jurisconsultos durante muchos años han replicado esa mentalidad en la formación de abogados", afirmó.Y mencionó que "en la formación de los profesionales abogados estamos repitiendo currículas de hace 40 años. No hay actualización, no hay sentido humano en la formación del abogado. Es más que todo, sentido lucrativo. Lo digo siendo abogado".No obstante, de acuerdo con el analista, no alcanza con las elecciones judiciales, pues consideró que faltan varias reformas estructurales al sistema judicial para que realmente haya un cambio en la justicia, misma que, dijo, es movida por los amiguismos, el dinero y la corrupción.
Desde la sanción de la constitución de 2009, Bolivia es el único país del mundo que elige a sus 26 máximos magistrados en elecciones organizadas por el Órgano Electoral. ¿Qué llevó al país a asumir esta determinación? ¿Cómo fueron las experiencias de 2011 y 2017?
Desde 2011, Bolivia es el único país del mundo que elige mediante voto universal a sus máximas autoridades judiciales. La experiencia se repitió en 2017, con baja participación y boicoteada por la oposición, que acusaba al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de instalar a sus militantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Mientras en varios países los cargos en los máximos tribunales son vitalicios, en Bolivia cambian cada seis años. Las elecciones judiciales tienen que realizarse en 2023, pero la oposición recurrió a la Justicia —la misma que tilda de masista— para obstaculizar el desarrollo del proceso electoral.
Una reciente ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional abre la expectativa de que la votación se realice en noviembre próximo.
Según la constitución de 2009, el mecanismo para seleccionar jueces es, a grandes rasgos, el siguiente: la Asamblea Legislativa abre una convocatoria para quienes deseen postularse. El Órgano Legislativo efectúa una preselección de candidatos, los cuales son derivados al Órgano Electoral para que concluya el proceso de selección mediante el voto universal, no obligatorio, explicó a Sputnik el abogado y analista político Gabriel Villalba.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, el MAS contaba con los votos de dos tercios de la Asamblea, compuesta por 166 asambleístas, para realizar la preselección. En este año, el oficialismo posee más de la mitad de manos alzadas, pero ya no tiene los 111 escaños requeridos para imponer su criterio sin necesidad de consensuar con la oposición.
Incluso, en la actual Asamblea el MAS dispone de dos corrientes: una leal al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otra seguidora del ahora presidente Luis Arce. Esta novedad dificultó aún más el desarrollo del proceso electoral para la elección de las y los 26 jueces en los máximos cargos de este poder.
Una carta magna participativa
Villalba destacó que la constitución vigente pone a disposición "múltiples formas de participación de la población de forma directa para la toma de decisiones en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial".
Con la antigua constitución, que databa de 1967, "se escogían a los altos magistrados en el Congreso de la República. Entonces intermediaban muchos intereses, sobre todo de poderes económicos. Se hablaba de maletines negros que circulaban", comentó.
El analista recordó que en las décadas de 1990 y 2000, "en la prensa se hablaba de la democracia pactada. Entre tres o cuatro partidos no solamente escogían al presidente y vicepresidente, también escogían de manera repartida a las altas autoridades del nivel judicial. Fue así hasta 2009".
La actual carta magna "trata de generar nuevas lógicas de participación de la ciudadanía, como la elección de las altas autoridades del órgano judicial a través del voto universal".
Quienes se postulan para jueces no deben ser necesariamente abogados. Muchos cuentan con la experiencia de ser autoridades en sus comunidades indígenas campesinas, donde en ocasiones también se ocupan de impartir justicia.
"Obviamente existe un reglamento para la postulación, así como requisitos establecidos por la Asamblea Legislativa, que es la representante de la población a través de diferentes fuerzas políticas", explicó Villalba, director del Centro de Estudios Nuestramericano (CENAC).
Ley transitoria
Este 28 de abril, el proceso de preselección de candidatos fue suspendido por el auto constitucional 186/2023 emitido por el TCP, en respuesta al recurso presentado por el diputado Leonardo Ayala, de Comunidad Ciudadana (CC).
El 1 de junio, el Senado aprobó la ley transitoria para destrabar el proceso y "garantizar elecciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura".
La norma aprobada establece hasta 70 días para que la Asamblea preseleccione a las y los 96 candidatos. Asimismo, otorga 120 días al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar las elecciones.
La senadora de CC Andrea Barrientos sostuvo, durante la sesión que votó la ley transitoria, que la elección de jueces "no modifica ni cambia en nada la justicia".
La parlamentaria reclamó una reforma profunda de la justicia, como exige la oposición desde hace meses. Una agrupación de juristas se dedicó a juntar firmas para obligar a la Asamblea a avanzar en este pedido. Pero solamente lograron reunir 800.000 suscripciones, muy por debajo de las 1,5 millones necesarias, según fija la constitución.
La senadora consideró que la mencionada ley "es un absurdo. Nos han hecho trabajar aquí de manera absurda porque esto no soluciona nada. Complica la situación de la justicia porque va a seguir aletargando la elección judicial".
Si no hubiera más contratiempos, en noviembre Bolivia elegirá cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres suplentes para el Consejo de la Magistratura; nueve magistrados titulares y nueve suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia; así como nueve magistrados titulares y nueve suplentes para el TCP.
En las elecciones pasadas, el boicot de la oposición contribuyó a que la cantidad de votos nulos y blancos fueran más que los efectivos. En 2011, esta cifra ascendió a casi el 60%, mientras en 2017 sumaron el 66% del total.
La isla de la justicia
Para Villalba, "en las viejas construcciones coloniales, el Órgano Judicial siempre se ha creído una isla al margen del legislativo y del ejecutivo. Se hablaba mucho de esa independencia judicial, que venía de la mentalidad del abogado boliviano", relató.
Y explicó, desde su experiencia como letrado: "la gran mayoría de abogados en Bolivia tiene mentalidad de doctorcitos de Charcas [en referencia al tribunal judicial de la Corona española durante la colonia, en la ciudad boliviana de Sucre] , quienes fundaron la república excluyente y racista en 1825".
"Estos jurisconsultos durante muchos años han replicado esa mentalidad en la formación de abogados", afirmó.
Y mencionó que "en la formación de los profesionales abogados estamos repitiendo currículas de hace 40 años. No hay actualización, no hay sentido humano en la formación del abogado. Es más que todo, sentido lucrativo. Lo digo siendo abogado".
Por ello, "el nuevo paradigma de elección de altas autoridades judiciales refleja la deconstrucción de esas viejas lógicas abiertamente clasistas de buena parte de los abogados".
No obstante, de acuerdo con el analista, no alcanza con las elecciones judiciales, pues consideró que faltan varias reformas estructurales al sistema judicial para que realmente haya un cambio en la justicia, misma que, dijo, es movida por los amiguismos, el dinero y la corrupción.
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