Rusia gastará alrededor de un millón de dólares anuales para abrir en el extranjero siete delegaciones cuya misión será controlar y preservar las tumbas de militares rusos, en primer término, en los "países problema": Polonia, Hungría y las naciones del Báltico.
El respectivo decreto presidencial, que será firmado en mayo, debería demostrar a Occidente que Moscú no aguantará situaciones similares al escándalo que estalló en torno al Monumento del Soldado Libertador en Tallin.
El proyecto se extenderá a 14 países en cuyo territorio reposan los restos de casi nueve millones de combatientes del Ejército Rojo, caídos en la Segunda Guerra Mundial. A nivel oficial, se afirma que no se trata de una campaña política y que el objetivo es coordinar y, de esta manera, optimizar la labor desarrollada por diversas instituciones rusas en esta materia.
Un funcionario de la Administración rusa dijo que Putin había ordenado preparar sendo decreto en enero de 2006, de modo que los acontecimientos en Estonia sólo contribuyeron a acelerar el trabajo. Con todo, el politólogo y diputado parlamentario Konstantín Zatulin se muestra convencido de que "es una demostración de la voluntad política". "Es un mensaje de que, a futuro, estamos dispuestos a prevenir sucesos similares a los que ocurrieron en Estonia y garantizar la preservación de nuestras tumbas", afirmó él. Putin se abstuvo de pronunciarse sobre el caso de Estonia y su decreto será "una especie de compensación", dijo Zatulin.
Otro politólogo ruso, Stanislav Belkovski, piensa que es innecesario abrir en el extranjero nuevas delegaciones porque las embajadas y las asociaciones de amistad son suficientes para realizar esta labor. "La reacción oficial del Gobierno ruso al comportamiento de los países vecinos, o la ausencia de aquélla, depende únicamente de los intereses que empresas rusas tengan en el respectivo territorio. En el caso de Estonia existen tales intereses, por lo cual nadie se arriesga a reaccionar drásticamente", afirmó él.
