La mayor aerolínea rusa, Aeroflot, recibirá 22 aviones Boeing 787 Dreamliner en el período de 2014-2016, probablemente, en régimen de arrendamiento financiero (leasing) contra las garantías del Eximbank estadounidense. El importe de la transacción, que fue acordada el pasado fin de semana, se mantiene en secreto pero algunas fuentes próximas a Boeing creen que esta empresa ofreció a Rusia descuentos considerables, de hasta un 30%, para los modelos que tienen un precio nominal de entre 3,3 y 4,1 mil millones de dólares, según la modificación.
El contrato con Aeroflot coloca a Boeing muy por delante de su rival europeo: se han pedido ya más de 600 aviones Boeing 787, cuya producción será iniciada el próximo año, mientras que Airbus ha conseguido vender hasta la fecha solamente 110 modelos A350 XWB, que son más caros, de mayor tamaño y empezarán a fabricarse en 2013. Hace un año, cuando Boeing ofreció a Aeroflot buenas condiciones de pago con entrega del producto en 2010, los ejecutivos de la aerolínea rusa recomendaron al Consejo de Directores dar luz verde a la transacción pero los funcionarios se negaron, porque Moscú aspiraba a reforzar la cooperación con la industria aeronáutica europea. Como resultado, Aeroflot quedó relegado para el período de 2014-2017 en el calendario de Boeing.
El director general de la empresa rusa, Valeri Okulov, dio a entender que el contrato con Boeing no impide la suscripción de un acuerdo con Airbus. Los expertos piensan que Aeroflot no arriesga nada: necesita por lo menos 17 aviones para renovar el parque y puede subarrendar las máquinas extra.
Fuentes de la Administración Presidencial de Rusia señalan que el Kremlin apoyará la transacción entre Aeroflot y Boeing. La situación política ya es distinta. Rusia veía en Europa a una aliada en el antagonismo con EEUU pero ahora se da cuenta de que no es así. En la reciente cumbre del G-8, celebrada en Heiligendamm, ninguna nación europea respaldó a Rusia, la cual se opone al despliegue del escudo antimisil estadounidense en la Europa del Este. Los empresarios ya pueden cerrar contratos sin reparar en preferencias políticas.
