TeleSUR _ 13/11/07 La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú declaró este martes oficialmente que sí existe mérito para iniciar un juicio oral contra el ex presidente Alberto Fujimori por los casos de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
El pronunciamiento de la justicia peruana se acogió por los términos de la acusación que emitiera el fiscal supremo José Peláez Bardales, por la presunta comisión por parte del ex mandatario de los delitos homicidio calificado, asesinato, corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El tribunal dispuso citar a seis agraviados (entre ellos el periodista Gustavo Gorriti y al empresario pesquero Samuel Dyer), así como a 62 testigos, entre los que destacan Vladimiro Montesinos, Antonio Ketín Vidal, Máximo San Román, Santiago Martin Rivas y Nicolás de Bari Hermoza.
La Sala determinó la visualización de la entrevista que hiciera el periodista Umberto Jara a Martín Rivas. En este material audiovisual, el ex jefe del grupo paramilitar Colina, Santiago Martín Rivas, responsabiliza al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
En el video, Rivas dijo que tanto Fujimori como el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos estaban al tanto de las operaciones para neutralizar a subversivos, en el marco de las cuales fueron perpetradas las dos matanzas, en 1991 y 1992.
Sostuvo que Fujimori y su ex asesor dieron las ordenes de "eliminar" los rezagos terroristas, acusación bajo la cual fueron asesinadas 15 personas en el barrio limeño de Barrios Altos, así como nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta.
Según el testimonio de Martín Rivas, el ex mandatario y Montesinos "ordenaron la incursión a la Universidad La Cantuta en represalia al atentado de la calle Tarata, en Miraflores, en julio de 1992", en el que murieron 20 personas.
En esa oportunidad, el grupo subversivo Sendero Luminoso hizo detonar un carro bomba en el exclusivo distrito de Miraflores, dañando decenas de edificios, con saldo de 250 heridos.
El ex jefe del grupo Colina, actualmente encarcelado y que operaba al amparo del Servicio de Inteligencia, dijo que tras el atentado a Tarata Fujimori emitió un mensaje a la Nación en el que ordenó "eliminar los elementos terroristas".
Por la confesión de Rivas, la Corte Superior de Lima precisó que el video constituye una "valiosa prueba", ya que allí el ex funcionario admite que la ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta formó parte de la guerra contra Sendero.
Fujimori, quien fue extraditado el 22 de septiembre pasado desde Chile para que enfrente procesos por dos casos de violaciones a los derechos humanos y cinco de corrupción, será juzgado el próximo 26 de noviembre.
Se prevé que en esa oportunidad, el ex mandatario peruano sea confrontado tanto con Montesinos como con Martín Rivas.
El juicio oral se desarrollará en la sede judicial ubicada en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, en el distrito de Ate Vitarte, donde está recluido Fujimori desde septiembre pasado cuando fue extraditado de Chile.
En entrevista exclusiva con TeleSUR, el analista político y periodista Fernando Rospigliosi afirmó que, gracias a la modernización del derecho, hoye en día "los responsables políticos son también responsables penales en el caso de haber conocido y participado en los hechos delictivos que se le imputan".
Por tal motivo a Fujimori se le puede condenar a 30 años de prisión, explicó el analista.
Para este juicio, el fiscal supremo José Peláez ha pedido 30 años de prisión para Fujimori y que pague una indemnización de 100 millones de nuevos soles (33 millones de dólares) a favor de los deudos de los 15 muertos en la zona de Barrios Altos, y de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.
La defensa de Alberto Fujimori cuestionó el pago de la reparación civil y la legitimidad que tienen los supuestos agraviados para cobrarla.
La defensa del ex jefe de Estado pidió la semana pasada el aplazamiento del juicio, previsto para el 26 de noviembre, y se prevé una resolución al respecto en las próximas horas.
Fujimori, quien renunció a la presidencia tras huir a Japón en noviembre de 2000, enfrenta en Perú un total de 27 procesos judiciales, 39 investigaciones y tres procesos pendientes con auto de apertura por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos.
