Washington, 14 de diciembre, PL, para RIA Novosti. La controversia argumental sobre la tortura entre la Casa Blanca y el Congreso cobra hoy cuerpo legal en el Capitolio, donde el Senado estadounidense estudia normativas restrictivas sobre determinados métodos de interrogación.
Como primer paso, la Cámara de Representantes aprobó este jueves un proyecto legislativo que prohíbe implícitamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) usar ciertos procedimientos crueles de coerción contra detenidos.
Entre las técnicas de interrogación censuradas por la Cámara Baja están el ahogamiento simulado y las ejecuciones ficticias, ampliamente practicadas por la CIA durante los últimos 30 años en varios países.
La regla parlamentaria fue certificada por 222 contra 199 votos y su primera versión remitida al Senado, foro donde debe ser analizada antes de terminar en la mesa principal de la Oficina Oval.
Sin embargo, autoridades republicanas advirtieron que el presidente George W. Bush tiene planeado volver a ejercer su derecho al veto con esta última iniciativa contra la tortura.
El plan demócrata pretende lograr un compromiso entre las dos cámaras sobre un intento de bloquear el 70 por ciento del financiamiento de inteligencia, hasta que varios comités del Congreso concluyan pesquisas pertinentes.
Un agente retirado de la CIA reconoció esta semana el uso del ahogamiento simulado contra el presunto jefe de reclutamiento de Al Qaeda, Abu Zubaydah, arrestado en Paquistán en 2002.
El ex oficial John Kiriakou explicó en entrevista concedida a ABC News que la técnica podría ser considerada un método de tortura, y consiste en simular la asfixia atando a la víctima boca abajo antes de verter agua sobre su cabeza tapada con una bolsa.
Por su parte, el director de la CIA, Michael Hayden, quien compareció el martes pasado en el Senado, reconoció que sus subalternos habían destruido en 2005 varios videos de interrogatorios comprometedores para la Agencia.
Hayden afirmó que se destruyeron las cintas para garantizar la seguridad de los interrogadores, pero que su organismo prevé investigar el proceso hasta las últimas consecuencias.
