Así califica el diario Vedomosti, en su editorial del miércoles, el dato oficial de que el número de inmigrantes ilegales en Rusia bajó en el último año prácticamente a la mitad: de 10-12 a 5-7 millones.
El hecho fue posible gracias al uso de métodos administrativos y autoritarios. Desde enero de 2007, las compañías rusas se ven obligadas a pagar multas de hasta US$32.000 por cada empleado sin contrato, además de exponerse al riesgo de la suspensión de actividades. A partir de abril pasado, los inmigrantes no pueden trabajar como vendedores en mercados callejeros, recuerda el periódico. Sin embargo, difícilmente podemos calificar de eficiente esta fórmula en la lucha contra los "sin papeles".
La demanda de trabajos ilegales la genera la economía sumergida cuyo tamaño, si hacemos un cálculo burdo, es la diferencia entre la población activa y el número de empleos. Normalmente, esta cifra tiende a reducirse en las condiciones del crecimiento económico pero en Rusia subió de 34,4 a 34,7 millones a lo largo del último año.
Lo anterior hace dudar de que el número de los inmigrantes ilegales haya bajado. Y el problema es todavía más espinoso de lo que fue en el pasado, por el mero hecho de que ahora los funcionarios creen resolverlo con éxito.
