La décima parte de las tierras laborables del planeta se encuentra en Rusia pero el país depende de la importación de alimentos, constata el diario Vedomosti en su editorial del jueves.
El hecho difícilmente podría atribuirse a las peculiaridades del clima rusa. Las condiciones naturales en Canadá son equiparables a las de la zona meridional de Siberia pero la cosecha de cereales allí es 1,5-3 veces mayor. Según los datos del FMI, la cesta de siete productos básicos aumentó de US$82 en 2003 a US$120 en 2007, lo cual ofrece a la agricultura rusa una buena oportunidad para transformarse de un agujero negro en una locomotora del crecimiento económico. Una empresa agrícola bien organizada en la zona céntrica de Rusia tiene la rentabilidad media del 80%, según los analistas del centro Sovecon. Paradójicamente, las superficies laborables en Rusia se redujeron de 117,5 a 115 millones de hectáreas en el período de 2003-2006; y las de siembra, de 79,6 a 77,1 millones de hectáreas. Y no es únicamente porque los cultivos más rentables vayan reemplazando a otros, de menor rendimiento. En la periferia urbana, los terrenos son traspasados para las casas de campo, y en otras partes, caen en el abandono.
Lograr que los campesinos se queden en las aldeas, atraer a los empresarios al agro y transformarlos en propietarios responsables no es una tarea fácil. La creación de "territorios agrarios de importancia especial", así como de un canal de televisión que transmita las 24 horas al día programas sobre agricultura, difícilmente contribuirá a resolver el problema. Con todo, las medidas económicas propuestas ayer en la Asamblea Nacional Rural merecen la atención. La pregunta es cómo estimular el traspaso de terrenos de un propietario ineficiente a otro, eficaz. Es necesario que la tasación de terrenos se adecue cuanto antes a los precios de mercado. El hecho permitirá incrementar el interés de los antiguos miembros de granjas colectivas por la venta de parcelas, va a facilitar la llegada de inversores y subirá los ingresos municipales provenientes del impuesto agrario. Muchas veces, las autoridades regionales y locales exigen a los inversores crear infraestructuras en torno a las nuevas empresas y con ello los disuaden contra la inversión. El Estado podría asumir una parte de esta carga.
