El Gobierno ruso se equivoca al fomentar el conflicto con observadores internacionales porque ha calibrado mal las eventuales consecuencias de aquél para la imagen del país, escribe en su editorial Nezavisimaya Gazeta. La ausencia de observadores será más perjudicial que las posibles evaluaciones negativas de la campaña de elecciones presidenciales.
La pertenencia a la OSCE implica para Rusia toda una serie de compromisos, ante todo, en lo concerniente al grado de transparencia y a las instituciones de la sociedad cívica, lo cual podría complementar el concepto oficial de la "democracia soberana" en vez de reducirlo a un conflicto primitivo con Occidente en asignaturas donde la lucha es absurda a priori, recuerda el diario.
Detrás del conflicto entre Moscú y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE se vislumbran claramente los intentos de animar el paisaje electoral con elementos de pelea con un adversario bastante hipotético, así como acentuar el papel especial de Rusia como puente entre el Este y Occidente, cierta vocación mesiánica que se combina poco con la multitud de problemas cotidianos.
Solamente un Estado débil, aquejado por el complejo de inferioridad, puede interpretar al observador como un mero revisor pillando a polizontes.
A partir de este año, la legislación rusa equipara la negativa de someterse a la prueba de alcoholemia al reconocimiento implícito de conducción bajo efectos de alcohol. Siguiendo la misma lógica, el rechazo a los observadores internacionales podría interpretarse como reconocimiento de que la práctica electoral en Rusia tiene notables deficiencias.
Sería correcto que el Gobierno revisase su postura al respecto. Entre otras cosas, para no devaluar la opción que hagan los ciudadanos de buena fe.
