Rusia condena la recién adoptada resolución de Países Bajos sobre el caso del difunto abogado de la inversora británica Hermitage Capital, Serguéi Magnitski, como un intento de injerir en asuntos internos de Rusia y ejercer presión sobre los participantes del procedimiento judicial, anunció hoy la Cancillería de Rusia.
“Lo que hicieron los miembros de la Cámara de Representantes del parlamento holandés es, primero, una injerencia en los asuntos internos de Rusia, y segundo, un intento absolutamente inadmisible de ejercer presión sobre los participantes del proceso judicial. Además, dicha resolución pasa por alto la resonancia que tiene este caso en la sociedad rusa”, dice el comunicado.
Una resolución adoptada la víspera por la Cámara de Representantes del Parlamento holandés califica de “sospechosas” las circunstancias de la muerte de Magnitski que “puso de manifiesto un deterioro de la situación de los derechos humanos” en Rusia y recuerda que Magnitski denunció un trama de corrupción a gran escala.
El documento insta al Gobierno holandés a promover en Europa las iniciativas del Senado estadounidense y el Parlamento europeo para “dar castigo a los responsables de la muerte de Serguei Magnitski” e introducir sanciones contra una serie de funcionarios rusos implicados en su muerte.
Magnitski, a quien la ONG Transparencia Internacional concedió el pasado año a título póstumo el Premio a la Integridad, falleció en 2009 a los 37 años a causa de insuficiencia cardíaca en una prisión preventiva donde llevaba 11 meses a la espera de un juicio por presunto delito de evasión fiscal y en la que no tenía acceso a la asistencia médica adecuada.
El jurista nunca admitió su culpa alegando que el expediente abierto contra él era resultado de la denuncia contra funcionarios corruptos que habrían robado al fisco decenas de millones de dólares para después ingresar ese dinero en cuentas bancarias en Suiza o invertirlo en adquisición de activos inmobiliarios en el extranjero.
A petición de Hermitage Capital, Suiza embargó las cuentas de varios funcionarios rusos implicados en el caso. El Senado de EEUU, por su parte, examina un proyecto de ley para proclamarlos personas no gratas e introducir sanciones financieras contra ellos.
